Vigilarán con cámaras el barrio más seguro de Buenos Aires

Puerto Madero no sólo es el barrio más nuevo y moderno de la ciudad. "Es el más seguro", afirma Rosa Martí, que hace tres años, después de que la asaltaron cuatro veces, dejó su casa de San Isidro para vivir con su familia del otro lado de los docks.

A partir del mes próximo, Puerto Madero también será un barrio "en vivo y en directo", cuando empiecen a funcionar las cámaras del circuito cerrado que filmarán todo lo que pase, como parte del plan de seguridad de la Prefectura Naval, que tiene el poder de policía en el barrio.

En un comienzo se habló de 23 cámaras. Ya hay instalada casi una veintena: una cada cuatro esquinas, según confirmaron a LA NACION al menos cinco agentes de esa fuerza que ayer patrullaban distintos puntos del barrio.

Las imágenes que se tomen podrán verse en los monitores que se instalarán en el show-room vidriado que se encuentra en Macacha Güemes y Alicia Moreau de Justo, donde estaba el stand del Cow Parade. Allí, hasta ayer no había equipos montados, pero ya había un letrero de la Prefectura. Las imágenes estarán a la vista de todo el que pase y quiera verlas.

Los vecinos contaron que el plan no surgió como respuesta a una demanda de ellos -que dijeron vivir en plena tranquilidad-, sino como una iniciativa de la Prefectura.

Los responsables de la página web del barrio ( www.nuevomadero.com ) publicaron la noticia ayer, para difundir un encuentro que mantuvieron la semana última las autoridades de la Asociación Civil de Vecinos de Puerto Madero, con el prefecto René Reibel, el hombre que tiene a su cargo la seguridad en el barrio 47° de la ciudad.

Cuando fueron consultados, los voceros de la Prefectura confirmaron la existencia del plan de seguridad. LA NACION quiso hablar con Reibel para conocer cómo se había llegado a la decisión de aplicar tal operativo de control, similar al que tienen ciudades europeas, como Londres, justamente en el barrio con menor índice de delitos.

Pero, tras reiterados intentos, no se pudo establecer la comunicación, ya que el prefecto se encontraba fuera de la ciudad, según se informó. Unas horas más tarde, cuando LA NACION ya había recorrido el barrio, confirmado la presencia de las cámaras y dialogado con los vecinos, los voceros de Prefectura advirtieron que se trataba de "sólo un proyecto" sin fecha de instrumentación.

Mirta Rodríguez, que es la vicepresidenta de la asociación de vecinos, confirmó que la semana última se habían reunido los vecinos con Reibel, que les anunció el nuevo plan. "Sólo faltaba instalar una antena inalámbrica que transmitirá en la terraza de El Faro. El centro de control estará a la vista de todos para que nadie tenga temor de qué es lo que se hace con su imagen", apuntó Rodríguez.

Ese es uno de los miedos que le producen a Rosa Martí. "No vamos a tener privacidad", dijo a LA NACION, en la esquina de Azucena Villaflor y Juana Manso, donde ya se ve una cámara. Lo mismo opinó Ricardo Lecot, encargado de la casa de muebles Fontenla. "Nunca tuvimos problemas", dijo.

Gustavo Coria, gerente de Relaciones Institucionales de la Corporación Puerto Madero, confirmó a LA NACION la existencia del plan. "Todo lo que se haga para dotar de mayor seguridad a Puerto Madero es bienvenido."

En Puerto Madero viven 6000 personas, entre ellos el jefe de gabinete de ministros de la Nación, Alberto Fernández; el ministro de Salud, Ginés González García, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Marcha hacia la quinta presidencial

• Hoy, a las 19.30, familiares y amigos de una joven de 21 años que fue abusada sexualmente el 1° de julio último en Florida, en la localidad de Vicente López, organizarán una marcha que partirá desde las avenidas San Martín y Maipú hacia la quinta presidencial, en Olivos. El objetivo de la movilización es reclamar por mayor seguridad y justicia, ya que el agresor -que fue atrapado por los vecinos y entregado a la policía-, sería liberado en las próximas horas. El hecho ocurrió a unas 15 cuadras de la quinta presidencial, y el fiscal Eduardo Rodríguez caratuló el caso como "abuso sexual agravado", con una pena de entre 4 y 10 años de prisión.

Por Evangelina Himitian

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