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Seis días antes del inicio de un juicio federal sobre la seguridad infantil en internet, CJ Mahoney, director jurídico de Meta, viajó a Nashville el 6 de agosto para reunirse con abogados de casi una decena de estados. Quería negociar un acuerdo enorme, dijeron dos personas familiarizadas con la conversación.
Meta ya había sufrido derrotas en los tribunales este año, por acusaciones de haber creado productos adictivos que perjudicaban a los usuarios jóvenes. Mark Zuckerberg soportó un día completo de interrogatorio en el estrado durante uno de esos juicios. (“Está tergiversando esto”, repitió constantemente). Era probable que volviera a ser interrogado en el juicio federal en California, en el cual una coalición de estados había demandado a Meta bajo el argumento de que la empresa había contribuido a una crisis nacional de salud mental infantil.
Mientras comían bagels y tomaban café en una oficina art déco en los terrenos del Capitolio de Tennessee, Mahoney presentó sus términos, los cuales Zuckerberg había aprobado personalmente, según cuatro personas familiarizadas con las negociaciones. Meta pagaría a los estados hasta 19.000 millones de dólares y haría cambios en sus plataformas para mejorar la seguridad de los adolescentes. Parte del pago se retendría a menos que todos los estados se unieran y que otras empresas de redes sociales también llegaran a un acuerdo.
Para los fiscales generales de los estados presentes en la sala, la oferta era intrigante. Llevaban meses en negociaciones con el gigante de Silicon Valley con escasos avances, según las personas. El martes, 47 estados —dos se habían retirado de la demanda—, el Distrito de Columbia y varios territorios acordaron un convenio por un valor de aproximadamente 17 millardos de dólares.
“Hay un dicho aquí en Tennessee”, dijo Jonathan Skrmetti, el fiscal general del estado, en una de las reuniones con casi todos los fiscales generales estatales, animándolos a no ser codiciosos. “Los cerdos engordan, pero los puercos van al matadero”.
El acuerdo, uno de los convenios más grandes entre una empresa y un grupo de estados inmersos en un litigio, se anunció el miércoles. Este relato de cómo se logró se basa en una decena de entrevistas con líderes estatales, ejecutivos actuales y anteriores de Meta, documentos judiciales y testimonios de los juicios.
Durante años, Meta, propietaria de Instagram y Facebook, pareció tener una defensa impenetrable frente a las demandas de seguridad infantil. Los ases bajo la manga de la empresa eran la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, una ley de 1996 que protege a las plataformas de la responsabilidad sobre lo que los usuarios publican en sus sitios, y la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión.
Sin embargo, las preocupaciones han aumentado a nivel mundial debido a los efectos perjudiciales de las redes sociales en los niños. El año pasado, Australia se convirtió en el primer país en prohibir que los menores de 16 años usen las redes sociales, y muchos otros países implementaron o consideran normas similares.
En Estados Unidos, desde 2022, se ha presentado una avalancha de demandas por la seguridad infantil en línea, y los demandantes se han enfocado en un nuevo argumento que afirma que los sitios de redes sociales diseñaron sus productos de una manera dañina que infringe las leyes de protección al consumidor y otras leyes.
Las demandas acusaban a las empresas de crear a sabiendas sitios que eran tan adictivos como los cigarrillos; inspiradas en una estrategia usada contra las grandes tabacaleras en la década de 1990. De pronto, depender de la Sección 230 ya no parecía tan seguro.
En Meta, la preocupación por los casos iba en aumento, según dos personas familiarizadas con el sentir dentro de la empresa.
En enero, Meta contrató a Mahoney, un litigante veterano que había sido abogado general en Microsoft. Mahoney, quien le rinde cuentas directamente a Zuckerberg, asumió el puesto de director jurídico en parte porque le atraía la perspectiva de negociar un acuerdo, dijo una de las personas familiarizadas con la postura de Meta. En el pasado, había negociado acuerdos complejos, de manera más notable en 2020 cuando, como representante comercial adjunto de Estados Unidos, fue uno de los negociadores principales del acuerdo comercial del gobierno de Trump con Canadá y México.
Pocos días después de comenzar su nuevo trabajo, Mahoney llamó a los fiscales generales Phil Weiser, de Colorado, y Skrmetti, de Tennessee, los negociadores principales de los estados, para iniciar las pláticas sobre un acuerdo, dijeron cuatro de las personas familiarizadas con las conversaciones. Mahoney, quien reside en Silicon Valley, voló para reunirse con ellos por separado en sus estados. Quería explorar un gran acuerdo que pusiera fin a los casos federales y estatales presentados por todos los fiscales generales del país.
Ambas partes habían mantenido conversaciones anteriores. Sin embargo, el tono de las conversaciones cambió debido a que Mahoney parecía claramente muy interesado en llegar a una resolución.
Pero de inmediato se hizo evidente un obstáculo, ya que Meta se mostraba renuente a hacer algunos cambios en sus productos, según tres de las personas. Eso resultaba inaceptable para muchos de los fiscales generales estatales.
“Presentamos estas demandas porque queríamos proteger a los niños y queríamos reformar las plataformas”, dijo Skrmetti en una entrevista. Obligar a que haya cambios en las plataformas “es realmente la parte más importante aquí”.
Todos los fiscales generales conocían algún caso de un niño que había sufrido daños a causa de las redes sociales, dijo Weiser en una entrevista. “El compromiso compartido de actuar tenía sus raíces en el dolor que todos reconocemos, en los temores que todos compartíamos”, agregó.
Las conversaciones se prolongaron. Pero en cuestión de semanas, Meta recibió un duro recordatorio de los posibles problemas que se avecinaban.
Una joven identificada como KGM subió al estrado en un juicio que comenzó a finales de enero, e hizo acusaciones de que las empresas de redes sociales habían creado funciones en sus plataformas, como el desplazamiento infinito, que habían generado como consecuencia ansiedad y depresión.
Los acusados, Meta, Snap, TikTok y YouTube, habían argumentado en las audiencias previas al juicio que el caso debía desecharse debido a la Sección 230. Sin embargo, la jueza, Carolyn B. Kuhl, del Tribunal Superior de California en el condado de Los Ángeles, dictaminó que el caso se trataba sobre la responsabilidad civil del producto, no sobre la libertad de expresión.
El juicio de cinco semanas resultó profundamente vergonzoso para Meta. Zuckerberg testificó por primera vez frente a un jurado sobre la seguridad infantil. Fue interrogado exhaustivamente sobre haber permitido que millones de usuarios menores de edad usaran Instagram. Los padres que afirmaron que sus hijos resultaron perjudicados por las redes sociales abarrotaron la sala del tribunal. Los documentos internos presentados como evidencia mostraron que empleados de Meta se comparaban a sí mismos con traficantes de drogas.
De manera simultánea, el fiscal general de Nuevo México llevaba un caso en un tribunal estatal que acusaba a Meta de infringir las leyes de protección al consumidor.
En un lapso de dos días en marzo, Meta perdió ambos casos. Las decisiones plantearon interrogantes sobre el daño que juicios futuros podrían infligir a su reputación.
Había cada vez más en juego, mientras Meta, California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey se preparaban para el juicio de este verano en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California en Oakland. Los estados habían acusado a Meta de infringir las leyes de protección al consumidor y las protecciones a la privacidad infantil, y exigían cerca de 200 millardos de dólares en multas, así como cambios en las plataformas de la empresa.
Skrmetti y casi todos los demás fiscales generales de los estados también habían presentado sus propios casos.
Sin embargo, en las conversaciones en curso, Meta aún no cumplía todas las exigencias de los estados en cuanto a las funciones de seguridad.
En la víspera del juicio de Oakland, Meta hizo un último esfuerzo desesperado por anular el caso. El 22 de julio, la empresa pidió al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos que desestimara los casos de adicción a las redes sociales, e invocó las protecciones legales de la Sección 230.
Mientras Meta esperaba una decisión del Noveno Circuito, Mahoney viajó a Tennessee con su oferta de 19 millardos de dólares. Se fue sin un acuerdo, pero las conversaciones continuaron.
El 10 de agosto, el tribunal de apelaciones falló en contra de Meta. De repente, las conversaciones se aceleraron, según cuatro de las personas. Con su nueva ventaja, los estados comenzaron negociaciones diarias en persona con los abogados de Meta en Nashville y a través de videollamadas, para conseguir las concesiones finales, dijo una de las personas.
Como parte del pacto, la empresa aceptó implementar más medidas de seguridad. La creciente lista de cambios en las plataformas incluía impedir el desplazamiento infinito para los usuarios adolescentes, e imponer un límite diario de dos horas en el uso de Instagram y Facebook. Meta también dijo que limitaría el uso por parte de los adolescentes entre la medianoche y las 6 am, y silenciaría las notificaciones durante el horario escolar, de 8 am a 3 pm.
Meta propuso pagar más y aumentar los límites sobre cuánto podían usar sus plataformas los usuarios jóvenes si otras empresas de redes sociales, como TikTok y YouTube, aceptaban controles similares para sus aplicaciones, algo que, según Meta, evitaría que se le señalara en particular.
La empresa quería evitar ir a juicio, y había puesto como condición que todos los estados debían firmar. Sin embargo, en una videollamada para discutir la propuesta del acuerdo el 11 de agosto, algunos fiscales generales de los estados preguntaron si el dinero era suficiente y cómo se dividiría, según cinco personas con conocimiento de las conversaciones.
Los estados idearon una ecuación para repartir el fondo, basada en el tamaño de sus poblaciones y los cargos individuales presentados contra Meta en cada caso.
El caso de los estados en Oakland llegó a juicio la semana pasada mientras aún negociaban con Meta. El domingo, los fiscales generales de Colorado y Tennessee presentaron un acuerdo final a los otros estados. Enviaron el documento por correo electrónico con instrucciones de firmar a más tardar el martes a las 6 pm.
Ese día, Adam Mosseri, director de Instagram, testificó en Oakland. El plan de los estados de llamar a Zuckerberg a testificar se avecinaba.
El martes, todos los estados firmaron excepto Texas, Florida y Nuevo México, lo que puso fin al juicio. Nuevo México ya había ganado su caso, y Meta llegó a un acuerdo con Texas el miércoles por alrededor de 1000 millones de dólares, y ofreció barreras de seguridad para los usuarios jóvenes similares a las del acuerdo multiestatal.
“La Sección 230 y la Primera Enmienda no son escudos impenetrables para evitar responsabilizar a Meta”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, en una llamada con periodistas el miércoles. El acuerdo de los estados muestra los límites de las capacidades de esas leyes “para brindar justicia y rendición de cuentas” a “las personas, los niños y las familias que han sido perjudicadas por conductas indebidas”.
Mahoney dijo en un comunicado el miércoles que estaba orgulloso del acuerdo y del poder que daba a los padres para proteger a sus hijos.
“Pero su éxito depende de que todas las demás plataformas de redes sociales sigan el ejemplo de Meta”, afirmó.
Meta aún se enfrenta a miles de otras demandas presentadas por adolescentes, familias y distritos escolares. Está previsto que el próximo juicio importante por daños personales se celebre en el Tribunal Superior de California en el condado de Los Ángeles en octubre.
Meta afirmó que confiaba en que podría ganar el caso.
