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De los miles de demandas que enfrenta Meta por la seguridad infantil en sus plataformas, ninguna podría ser más trascendental que la que va a juicio esta semana en California.
Los estados buscan cuantiosos daños financieros que podrían, en teoría, sumar hasta 1,4 billones de dólares (es decir, 1,4 millones de millones), además de cambios en la forma en que la empresa opera Facebook e Instagram.
La demanda, iniciada en 2023, acusa al gigante de las redes sociales de contribuir a la crisis de salud mental juvenil al diseñar a sabiendas y deliberadamente funciones que enganchan a los niños a sus plataformas. También afirma que Meta recopila rutinariamente datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, en violación de la ley federal.
“Meta ha aprovechado tecnologías potentes y sin precedentes para atrapar, enganchar y, en última instancia, cautivar a jóvenes y adolescentes. Su motivación es el lucro, y busca maximizar sus ganancias financieras”, señala la demanda.
Docenas de estados presentaron la demanda hace tres años. El juicio que comenzará el martes en un tribunal federal de Oakland, California, cuenta con cuatro de los estados como demandantes: California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. Se espera que los otros 25 estados tengan sus juicios más adelante.
Meta declaró que disputa las acusaciones y que las pruebas del juicio demostrarán su compromiso con el apoyo a los jóvenes. “Hemos escuchado a los padres, trabajado con expertos y fuerzas del orden, y realizado investigaciones exhaustivas para comprender los temas que más importan”, afirmó la compañía en un comunicado.
Para Meta, que ya perdió dos casos clave por daños a niños y adolescentes este año, el riesgo es alto. La empresa reportó un inusual descenso en sus ganancias el mes pasado, en parte debido a 2400 millones de dólares en gastos legales.
La cifra de 1,4 billones de dólares, que Meta divulgó en un expediente judicial, es casi tan alta como toda la capitalización de mercado de la empresa con sede en Menlo Park, California —es decir, el valor de todas sus acciones en circulación en el mercado bursátil—. Pagarla llevaría inevitablemente a Meta a la bancarrota y quizás pondría a la empresa bajo propiedad estatal.
“Los fiscales generales de los estados van con todo”, dijo Eric Goldman, profesor y codirector del Instituto de Leyes de Alta Tecnología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara. “Están intentando sentar un precedente definitivo en este caso, han pedido indemnizaciones extraordinarias y van a buscar remedios estructurales extraordinarios si tienen éxito”.
Meta califica la posible sanción como “desconectada de cualquier infracción denunciada” por los estados.
“Una sanción de esa magnitud no tiene análogo en la historia de la aplicación de la protección al consumidor”, afirmó Meta en un expediente del 6 de julio ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California.
Si Meta pierde el juicio, el tribunal tendría un amplio margen de discrecionalidad sobre la magnitud de cualquier sanción financiera, y los expertos legales afirman que cualquier cifra cercana a los US$1,4 billones sería poco probable.
“No es plausible en el sentido de que Meta no tiene tanto dinero y no podría conseguirlo”, dijo James Grimmelmann, profesor de derecho en la Facultad de Derecho de Cornell y Cornell Tech. “Una indemnización de ese tamaño llevaría a Meta a la bancarrota, arruinaría a sus propietarios y, efectivamente, daría lugar a que los estados sean dueños de Meta”.
Como cuestión práctica, añadió Grimmelmann, “eso parece extremadamente improbable que suceda”.
En otros casos que han involucrado un alto potencial de daños por múltiples infracciones individuales, señaló que los tribunales se han abstenido de imponer las penas máximas. Un ejemplo es el caso de entrenamiento de inteligencia artificial de Anthropic, donde los demandantes reclamaban daños por 150.000 dólares por cada libro que Anthropic copió, pero la multa terminó siendo de 3000 dólares por libro, sumando alrededor de 1500 millones de dólares.
El juicio federal de esta semana es más complejo que uno celebrado a principios de este año en Los Ángeles, donde un tribunal estatal concedió 6 millones de dólares en daños pagaderos por Meta y YouTube (de Google) a una sola demandante, una joven que testificó haberse vuelto adicta a las redes sociales cuando era niña.
Ese caso fue una prueba piloto, o caso testigo, seleccionado entre miles de demandas civiles por daños similares para dar tanto a los demandantes como a los demandados una idea de cómo funcionan sus argumentos en el tribunal. El jurado determinó que Meta y YouTube fueron negligentes en el diseño u operación de sus respectivas plataformas, y que la negligencia fue un factor sustancial en causar daño a la demandante. También determinaron que cada empresa sabía que sus plataformas podían ser peligrosas cuando las usaba un menor y que no advirtieron adecuadamente sobre ese peligro.
Por su parte, el caso de Oakland tiene a los fiscales generales estatales como demandantes y se centra en las leyes estatales y federales que alegan que Meta violó, las cuales establecen los montos de las posibles sanciones por cada infracción.
“Y hay muchísimas, porque son cuatro estados diferentes y al menos tres tipos diferentes de leyes. Hay una ley de privacidad infantil, una ley de publicidad engañosa y hay leyes de competencia desleal”, dijo Rebecca Allensworth, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Vanderbilt.
Un resultado que conlleve cambios en el funcionamiento de Facebook e Instagram podría ser tan trascendental como cualquier sanción financiera.
Meta ha introducido una serie de nuevas funciones en los últimos años diseñadas para proteger a los menores. En 2024 lanzó las cuentas para adolescentes en Instagram, que son privadas por defecto y vienen con restricciones de mensajería y contenido, además de controles parentales. La empresa también utiliza inteligencia artificial para determinar si hay niños menores de 13 años utilizando Instagram o si los adolescentes están mintiendo sobre su edad para acceder a cuentas de adultos.
Los defensores de la seguridad han pedido a la empresa que haga más. Un juez de Nuevo México ordenó a principios de este mes nuevas medidas de seguridad en las plataformas, incluyendo límites de tiempo para menores, restricciones en chatbots de IA y advertencias obligatorias en las plataformas, pero su orden se aplicó solo a los usuarios del estado.
“Estos fiscales generales tienen una oportunidad real de arreglar el producto”, dijo el viernes Laura Marquez-Garrett, del Social Media Victims Law Center, en una discusión virtual con defensores organizada por el Tech Oversight Project. “Para estas empresas, este es un verdadero momento de rendición de cuentas. A medida que estos casos avancen, esto es un salto hacia adelante, amigos, no solo un paso”.
Durante la selección del jurado la semana pasada, se preguntó a los posibles jurados si creen que Meta ha contribuido a la crisis de salud mental juvenil y en qué medida. Aunque muchos estuvieron de acuerdo en que lo hizo, también atribuyeron responsabilidad a los padres y mencionaron que factores como el cambio climático y el estado del mundo también están causando problemas de salud mental en niños y adolescentes.
Barbara Ortutay /AP
