Argentina denuncia detención de empleado diplomático en Venezuela, justo cuando liberan 103 presos
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LA NACION
CARACAS (AP) — El gobierno argentino denunció el viernes la detención de un empleado local de la representación diplomática de ese país en Caracas. La denuncia se hace el mismo día en que las autoridades venezolanas oficializaron la liberación de más de un centenar de personas de las miles que fueron detenidas en las protestas de julio ante los resultados de las polémicas elecciones.
La noche del viernes, la Cancillería argentina condenó con firmeza la detención “arbitraria e injustificada de un empleado local de la representación diplomática argentina” en Venezuela.
“Esta acción constituye una violación flagrante e inaceptable de las normas internacionales que garantizan la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y la protección de su personal, incluidos aquellos que desempeñan funciones esenciales”, indicó la cancillería argentina en un comunicado.
“Esta detención no es un hecho aislado, sino parte de una campaña sostenida de hostigamiento, intimidación y violencia psicológica contra los asilados y empleados de la misión argentina", añadió el documento.
No ha habido confirmación oficial de la captura del gobierno venezolano.
Argentina denunció además "la presencia de francotiradores apostados frente a la sede y la ocupación ilegal de las viviendas vecinas, configurando un cerco de facto con el claro objetivo de ejercer presión y generar un clima de terror sobre quienes se encuentran en el interior de la representación diplomática”.
Argentina ”exige de forma categórica la liberación inmediata del empleado local y la entrega de los salvoconductos para las personas asiladas en la sede diplomática”, acotó el comunicado.
La detención supone una nueva escalada en las tensiones entre los dos países y ocurre el día en que más de un centenar de presos fueron liberados, como parte una amplia revisión de medidas a procesados por esos sucesos que conmocionaron al país, dijo la Vicepresidencia Sectorial para la Seguridad Ciudadana, a cargo del ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, en un comunicado divulgado el viernes por la televisión estatal.
De acuerdo con cifras oficiales, en las protestas murieron 28 personas y cerca de 200 resultaron heridas.
El escrito indicó que entre el 10 y 12 de diciembre se registraron 103 excarcelaciones, que se suman a las 225 de noviembre, justo después de que el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado al fiscal general y a los jueces a que “si hay algún caso que rectificar y revisar, también que haya justicia”.
Tras los cuestionados comicios, que tanto Maduro como la oposición dicen haber ganado, se sucedieron multitudinarias protestas que reclamaban transparencia y la victoria del entonces candidato opositor Edmundo González, ahora asilado en España. La autoridad electoral, cuerpo colegiado de mayoría oficialista, dio como ganador a Maduro, que buscaba su tercer mandato de seis años, sin publicar el contenido de las actas de votación como en anteriores comicios.
En cambio, la oposición sostiene que 83,5% de las actas en su poder —copias recolectadas por sus testigos en las mesas de votación— darían la victoria 2 a 1 a González sobre el mandatario venezolano.
El fiscal general Tarek William Saab ha negado que existan niños detenidos, pero admitió que al menos un 10% de los encarcelados tenían entre 16 y 17 años.
Ante las críticas de organizaciones y la presión de las familias de los menores que fueron apresados en el contexto de las protestas postelectorales —en las que se reclamaba a las autoridades que transparentaran los resultados oficiales—, el fiscal general sostuvo que hay una campaña para desacreditar al gobierno de Maduro, a la par que afirmó que las excarcelaciones se corresponden con la labor propia del Ministerio Público y no como el resultado de presión alguna.
Más de 2.400 personas fueron detenidas con cargos por terrorismo en relación con las protestas.
El grupo local de derechos humanos Foro Penal informó el viernes que ha podido confirmar la liberación de 27 personas, de ellas 20 adolescentes. Más de 1.900 permanecen detenidas, acotó.
En septiembre, 86 menores de edad fueron liberados.
Familiares de los detenidos y activistas de derechos humanos, que han hecho numerosas concentraciones de reclamo para su liberación, han denunciado que muchos fueron apresados por las fuerzas de seguridad sin orden judicial y permanecen encarcelados desde entonces. Luego les fueron sumando cargos relacionados con las protestas postelectorales.
Entre los detenidos figuran además periodistas, líderes políticos y personal de campaña de la oposición, entre otros.
Hace casi ocho meses, el 27 de marzo, los opositores Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos, Omar González y Fernando Martínez Mottola ingresaron a la embajada argentina, en Caracas, después de que la fiscalía de Venezuela ordenó su detención, acusándolos de propiciar supuestos actos violentos para desestabilizar al gobierno de Maduro.
La semana pasada en su programa en la televisión estatal, el ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que la denuncia de asedio policial a la residencia del embajador de Argentina en la capital venezolana se trata de una “farsa”. Allí difundió un vídeo con supuestas fotos en las que se podía leer: “entrega de agua potable en la Embajada de Argentina”. No dio otros detalles.
Las autoridades argentinas han dicho que el hostigamiento comenzó desde el momento en que ingresaron los refugiados a la embajada y se agravaron después de que el personal diplomático argentino fuera expulsado de la sede, el 29 de julio.
Brasil aceptó custodiar el edificio de la embajada argentina en agosto, tras la decisión del gobierno venezolano de expulsar al personal diplomático argentino por las declaraciones de su presidente, Javier Milei, de que no reconocería “otro fraude” en Venezuela tras las polémicas elecciones del 28 de julio.
Pero un mes más tarde el gobierno de Maduro revocó a Brasil la autorización de custodia alegando que tenía pruebas sobre el uso de las instalaciones “para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio”, lo cual fue rechazado por los dos países involucrados.
Las autoridades, por su parte, aseveran que los detenidos “no son presos políticos” sino “criminales que se prestaron para acciones terroristas, delictivas”.
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