Ataques y explosiones sacuden el suroeste de Colombia, mientras el senador Miguel Uribe lucha por su vida
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LA NACION
Por Luis Jaime Acosta
BOGOTÁ, 10 jun (Reuters) - Una escalada de ataques explosivos atribuidos a disidencias de las FARC dejó el martes siete personas muertas y más de 50 heridas en el suroeste de Colombia, informó el Gobierno que admitió una posible relación de la ofensiva con el atentado al senador Miguel Uribe, quien continúa luchando por su vida.
Los 24 ataques recordaron el miedo y la violencia vividas en Colombia por las acciones de las guerrillas izquierdistas, los escuadrones paramilitares de ultraderecha y los carteles del narcotráfico en medio de un conflicto armado de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.
Aunque los atentados con bombas son frecuentes en el país sudamericano de 50 millones de habitantes, la escalada del martes se produjo después del intento de asesinato del senador Uribe, aspirante a la candidatura de su partido derechista Centro Democrático para las elecciones presidenciales de 2026.
"Pudiera pensarse que quien está poniendo las bombas hoy tenga que ver con el atentado del sábado", dijo a periodistas el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Tendría que pensarse en Iván Mordisco, en las disidencias que son narcotraficantes más que guerrilleros, que además de eso vienen implementándose con otros narcotraficantes internacionales".
Mordisco, cuyo verdadero nombre es Néstor Gregorio Vera, es el máximo líder de una disidencia de las FARC con más de 5000 miembros que no se acogió a un acuerdo de paz de 2016 y por quien el Gobierno ofrece una recompensa de US$1 millón por información que permita capturarlo o darlo de baja.
Los ataques, en los que murieron cinco civiles y dos policías, se concentraron en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, una zona con presencia de las disidencias de las FARC y considerada estratégica para el narcotráfico y la extracción ilícita de oro, las principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales, según informes de seguridad.
CRÍTICO
La ofensiva con carros bomba, motocicletas cargadas con explosivos, drones y misiles de fabricación artesanal se extendieron a Cali, la tercera ciudad más poblada de Colombia y la capital del Valle del Cauca, en donde se registraron tres ataques que dejaron dos personas muertas y 42 heridas, dijo el alcalde, Alejandro Eder.
El senador Uribe, quien cuestiona la política de paz del presidente izquierdista Gustavo Petro y promueve la libre empresa, así como la recuperación de la seguridad enfrentando con mano dura el narcotráfico y los grupos armados ilegales, continúa en "estado crítico", reportó la clínica Fundación Santa Fe en donde fue sometido a una intervención neuroquirúrgica.
El político fue víctima el fin de semana de un atentado cuando un joven de 15 años le disparó con una pistola mientras participaba en una reunión en un barrio del occidente de Bogotá.
Uribe, de 39 años, recibió dos impactos de bala en la cabeza y otro en la pierna izquierda, según la Fiscalía General.
Pese a la condición crítica reportada por la clínica, la esposa de Uribe, María Claudia Tarazona, dijo que el político continúa dando la batalla por su vida.
"Miguel es un guerrero. Sigue luchando por su vida. Sigue dando esta batalla. Está anclado a la tierra. El amor de su hijo, el amor de nuestras hijas, el amor de nuestra familia lo mantiene unido a este plano terrenal", declaró Tarazona a periodistas en la clínica en donde se levantaron altares improvisados con imágenes religiosas y de Uribe como parte de una cadena de oración por su salud.
Pese a los recientes actos de violencia en Cali, Petro anunció en su cuenta de X que viajará a esa ciudad para reunirse con comandantes militares y de policía para analizar información que relaciona a la mafia de la región con el atentado a Uribe, al tiempo que pidió a Estados Unidos ayuda en la investigación.
El joven que le disparó a Uribe, capturado herido por los escoltas del senador, se declaró el martes inocente de los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, por lo que podría permanecer hasta ocho años en un centro de rehabilitación, pero no en una cárcel. (Reporte de Luis Jaime Acosta, reporte adicional de Javier Andrés Rojas. Editado por Nelson Bocanegra)
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