Burkina Faso: Burkina Faso aprueba una ley que castiga la homosexualidad con hasta cinco años de prisión

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Parlamento de transición de Burkina Faso ha aprobado este lunes por unanimidad una ley que prevé condenar la homosexualidad con penas de entre dos y cinco años de cárcel así como con multas en lo que las autoridades han defendido "en nombre de (sus) costumbres y tradiciones".

"La ley prevé una pena de prisión de dos a cinco años y multas. Y si la persona que comete estas prácticas homosexuales es asimilada, y decimos bien asimilada, incluso todos los comportamientos extraños, si lo sentimos así, irá ante el juez", ha anunciado el ministro de Justicia burkinés, Edasso Rodrigue Bayala, en una rueda de prensa en la que ha señalado que "solo se puede adoptar a un niño burkinés si se aceptan los valores sociales burkineses".

Este nuevo "código personal y de las familias" afectará también a los ciudadanos extranjeros, de modo que su condena será su expulsión del país, según ha indicado el ministro sobre un texto que ha sido respaldado por los 71 miembros no elegidos democráticamente de la denominada Asamblea Legislativa de Transición del país, aprobada en diciembre de 2023 por la junta militar instaurada en Burkina Faso desde el golpe de Estado de enero de 2022 contra el entonces presidente, Roch Marc Christian Kaboré.

La legislación aprobada este lunes reemplaza así a la "ley Zatu" en vigor desde 1990 sobre el estatuto personal, de acuerdo a la cadena estatal RTB, si bien hasta el momento ninguna ley se dirigía específicamente a las personas homosexuales en Burkina Faso.

La homosexualidad está tipificada como delito en unos treinta países del continente africano y algunos de ellos, como Ghana o Uganda, han endurecido recientemente sus leyes.

Por otra parte, la nueva ley burkinesa permite a las comunidades atribuir el apellido de padres o madres a hijos "de acuerdo a sus costumbres y tradiciones", tal como ha señalado el titular de la cartera ministerial, además de autorizar los "matrimonios consuetudinarios y religiosos", establecer la digitalización del registro civil y elevar de 18 a 20 años la mayoría de edad, si bien se mantienen los 18 años como el mínimo legal para contraer matrimonio.

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