Comisión Europea pierde el caso por mensajes entre Von der Leyen y Pfizer durante la pandemia

El Tribunal General de la UE (TGUE) anuló este miércoles la decisión de la Comisión Europea de denegar la divulgación de mensajes de texto cruzados con el presidente ejecutivo del laboratorio Pfizer durante la pandemia de coronavirus.

El caso había sido destapado por una periodista del New York Times en Bruselas, que pedía a la Comisión revelar el contenido de los mensajes cruzados entre la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, y el empresario Albert Bourla.

Los mensajes de texto fueron intercambiados entre enero de 2021 y mayo de 2022, cuando la Comisión negociaba la compra de enormes cantidades de vacunas contra el covid-19.

Los contratos negociados por la Comisión en nombre de los 27 países del bloque ascendieron a miles de millones de euros.

La Comisión alegó que esos mensajes no podían ser considerados documentos oficiales, y que por lo tanto no fueron resguardados.

En su fallo, el TGUE consideró que la Comisión "no proporcionó una explicación plausible para justificar que no estaba en posesión de los documentos solicitados".

Tampoco "explicó de manera plausible por qué consideró que los mensajes de texto intercambiados en el contexto de la compra de vacunas contra la COVID-19 no contenían información importante".

De acuerdo con el TGUE, las respuestas proporcionadas por la Comisión en relación con los mensajes de texto solicitados "se basan o bien en suposiciones, o bien en informaciones cambiantes o imprecisas".

"La Comisión no aclaró suficientemente si los mensajes de texto solicitados se habían suprimido y, de ser así, si la supresión había sido voluntaria o automática, o si el teléfono móvil de la presidenta había sido sustituido en ese intervalo de tiempo", indicó el Tribunal.

Para la corte, la Comisión no podía limitarse a afirmar que no tiene en su poder los documentos solicitados. En cambio, agregó, "debe presentar explicaciones creíbles que permitan al público y al Tribunal General entender por qué no pueden encontrarse esos documentos".

En un comunicado, la Comisión dijo que "toma nota" de la decisión del TGUE, que estudiará ahora "de cerca" para definir "los siguientes pasos".

- Enorme controversia -

Durante la pandemia, la UE compró o reservó la mayoría de las dosis de vacunas al dúo estadounidense-alemán Pfizer/BioNTech, a pesar de que otros cinco fabricantes tenían sus vacunas aprobadas por el regulador europeo.

Por su negativa a divulgar los mensajes, Von der Leyen llegó a ser objeto de varias denuncias, incluida una en Bélgica por "destrucción de documentos públicos" y "corrupción", que posteriormente fue declarada inadmisible por el Tribunal de Apelación de Lieja.

El caso estalló en abril de 2021, cuando la periodista Matina Stevis reveló la existencia de los mensajes en el diario The New York Times, y posteriormente pidió formalmente el acceso al contenido de los mensajes, apoyada en una normativa europea de 2001.

La Comisión, sin embargo, se negó a divulgar el contenido de los intercambios, y alegó que los mensajes de texto no podían ser considerados documentos públicos, sobre los que sí hay normas sobre protección.

Por ello, la periodista y el diario estadounidense decidieron en 2023 recurrir a la justicia europea.

El caso generó una controversia en la que incluso la entonces Defensora del Pueblo Europeo, la irlandesa Emily O'Reilly, pidió públicamente a la Comisión en enero de 2022 que se esfuerce en recuperar los mensajes.

Para O'Reilly, los mensajes "entran en el marco de la legislación europea sobre el acceso del público a los documentos" y "el público puede tener acceso a ellos si conciernen al trabajo de la institución", dijo entonces, para añadir que se trataba de un caso "problemático".

En su opinión, se trató de "mala administración", argumentando que los mensajes deberían haber estado sujetos a las normas de transparencia pública de la UE para los documentos oficiales.

Los fallos del TGUE pueden ser objeto de apelación a la máxima corte europea, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), en un plazo de dos meses y 10 días.

ahg/avl

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