CONTEXTO-¿Cometió el Ejército de Estados Unidos un crimen de guerra en el ataque a un bote frente a Venezuela?

Por Tom Hals

4 dic (Reuters) - Miembros del Congreso dijeron que investigarán si el Ejército estadounidense infringió la ley al matar presuntamente a dos supervivientes de un ataque contra un bote sospechoso de narcotráfico en el Caribe. La Casa Blanca ha defendido la legalidad del ataque.

A continuación se exponen las posibles violaciones de la ley en el ataque, que según grupos de derechos humanos equivaldría a un asesinato o a un crimen de guerra.

¿QUÉ OCURRIÓ?

La Casa Blanca informó que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, autorizó los ataques del 2 de septiembre que destruyeron un buque en el Caribe con 11 personas a bordo. El ataque fue el primero de una campaña contra presuntos narcotraficantes frente a las costas de Venezuela.

Hegseth, que se ha comprometido a restaurar una "cultura guerrera" en el Ejército, se ha enfrentado al escrutinio sobre el ataque después de que el Washington Post informó que el comandante que supervisaba la operación ordenó un segundo ataque para matar a dos supervivientes que se aferraban a los restos del barco con el fin de cumplir la orden del jefe del Pentágono de que se matara a todos.

La Casa Blanca ha negado el artículo del diario y los hechos que rodearon el ataque no están claros.

Hegseth dijo que observó el primer ataque a distancia en tiempo real, pero no vio supervivientes en el agua y acudió a otra reunión. Horas después, dijo, se enteró de que el almirante Frank Bradley había ordenado el segundo ataque.

Hegseth y la Casa Blanca no han reconocido que haya habido supervivientes del primer ataque, pero han defendido el ataque posterior. Trump dijo que él no habría querido un segundo ataque y que investigaría lo ocurrido.

Hegseth dijo que apoyaba la gestión de Bradley de la operación, diciendo que "le cubrimos las espaldas".

Ha habido al menos 21 ataques contra presuntos cargamentos de droga desde el 2 de septiembre que han matado a más de 80 personas. Los ataques coinciden con un aumento de la presión del Gobierno de Trump para derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien califica de líder ilegítimo.

¿FUE LEGAL EL ATAQUE?

Matar a presuntos narcotraficantes que no representan una amenaza de causar lesiones graves inminentes a otros sería un asesinato bajo la ley estadounidense e internacional. Sin embargo, Estados Unidos ha enmarcado los ataques como una guerra contra los cárteles de la droga, calificándolos de grupos armados.

El Gobierno dijo que sus ataques cumplen las normas internacionales conocidas como derecho de guerra o derecho de los conflictos armados. Las leyes internacionales exigen que Estados Unidos distinga entre civiles y combatientes, evite ataques que causen daños desproporcionados a civiles, limite la fuerza a objetivos militares legítimos e impida sufrimientos innecesarios.

Las leyes permiten el uso de la fuerza letal en defensa propia y la administración Trump ha dicho que los cárteles de la droga representan una amenaza inmediata para Estados Unidos. El Gobierno ha descrito los narcóticos ilegales como un arma y ha dicho que las bandas han causado miles de muertes de estadounidenses.

Grupos de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, han condenado los ataques como asesinatos y varios expertos legales dijeron que los cárteles de la droga no encajan en la definición internacional aceptada de grupo armado, que se entiende como una organización, como Al Qaeda, con los medios para llevar a cabo ataques violentos sostenidos en apoyo de objetivos políticos o ideológicos.

Los críticos dicen que designar a los grupos como terroristas no legitima los ataques. Los ataques estadounidenses contra grupos como Al Qaeda se consideraron legales no porque fueran designados terroristas, sino porque el Congreso autorizó ataques contra grupos vinculados a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El Congreso, que tiene poder para declarar la guerra, no ha autorizado ataques contra los cárteles de la droga.

Incluso si la campaña contra los barcos del narcotráfico hubiera sido autorizada por el Congreso, algunos exabogados militares dijeron que el segundo ataque contra los supervivientes del primer ataque del 2 de septiembre sería una violación de la ley de guerra y un crimen de guerra si los militares mataron a sabiendas a los supervivientes.

El Manual de Derecho de Guerra del Departamento de Defensa prohíbe atacar a combatientes incapacitados, inconscientes o náufragos, siempre que se abstengan de participar en las hostilidades o no intenten escapar. El manual menciona disparar contra los supervivientes de un naufragio como ejemplo de orden "claramente ilegal" que debe ser rechazada.

¿SE PUEDEN IMPUGNAR LEGALMENTE LOS ATAQUES?

Los legisladores estadounidenses pueden citar a funcionarios, poner límites al uso de la fuerza militar por parte del presidente y cortar la financiación.

Aunque los republicanos, que controlan el Congreso, se han mostrado reacios a desafiar al presidente, algunos miembros del partido han expresado su creciente preocupación por los ataques. Bradley se enfrentaba a preguntas de los miembros del Congreso en una sesión informativa clasificada.

Las impugnaciones judiciales se enfrentarían a grandes obstáculos en los tribunales estadounidenses, ya que los jueces suelen ceder ante el presidente en cuestiones de seguridad y no está claro si alguien tiene legitimidad para demandar.

Los únicos supervivientes de la campaña de cuatro meses han sido devueltos a sus países de origen. Si hubieran sido detenidos, podrían haber impugnado su detención y la legalidad de los ataques, según expertos jurídicos.

Algunos aliados de Estados Unidos, entre ellos Francia, han expresado su preocupación por la ilegalidad de los ataques, pero es poco probable que los tribunales internacionales desempeñen un papel coercitivo. Estados Unidos no es signatario de la Corte Penal Internacional, que juzga casos de crímenes de guerra graves y a gran escala.

¿SE PODRÍA PROCESAR A LOS LÍDERES MILITARES?

El Ejército y el Departamento de Justicia de Estados Unidos tienen potestad para investigar y, en última instancia, presentar cargos contra cualquiera que haya infringido la ley.

Será importante que los investigadores conozcan quién ordenó el segundo ataque, la intención de la orden, si el barco podía navegar tras el primer ataque, si hubo supervivientes y cuándo fueron descubiertos.

Si las investigaciones determinan que hubo homicidios ilegítimos, los fiscales podrían presentar cargos por asesinato o por crímenes de guerra. Tanto Hegseth como Bradley podrían incurrir en responsabilidad legal, aunque existen pocos precedentes de acusaciones relacionadas con el combate contra un alto mando.

Como civil, Hegseth sería investigado y procesado por el Departamento de Justicia y juzgado en un tribunal federal.

Miembros del Ejército estadounidense han sido condenados por crímenes de guerra en otros casos y oficiales de alto rango lo han sido a través del sistema de justicia militar.

Bradley y otros militares implicados en el ataque podrían ser procesados en un consejo de guerra. Un acusado no puede alegar que cumplía órdenes si esas órdenes eran claramente ilegales. Los acusados podrían argumentar que las declaraciones de Hegseth empañaron injustamente el proceso contra ellos.

Trump podría indultar a cualquiera que haya sido condenado por un delito federal o de guerra. (Reporte de Tom Hals en Wilmington, Delaware, y Jan Wolfe en Washington; edición en español de Javier López de Lérida)

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