Departamento de Justicia acusa a policía de Los Ángeles de retrasar licencias para portar armas
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LA NACION
LOS ÁNGELES (AP) — El Departamento de Justicia demandó el martes al Departamento de Policía del Condado de Los Ángeles acusándolo de violar la Constitución al tardar demasiado en procesar las licencias para personas que desean portar armas ocultas.
Los "retrasos irrazonables" en la concesión de licencias violan el derecho de los residentes de California a portar armas fuera del hogar que consagra la Segunda Enmienda, manifestó la División de Derechos Civiles del departamento federal en una demanda presentada en el tribunal federal de Los Ángeles.
"La Segunda Enmienda protege el derecho constitucional fundamental de los ciudadanos respetuosos de la ley a portar armas", dice la secretaria de Justicia Pam Bondi en un comunicado anunciando la demanda. "El Condado de Los Ángeles puede no estar de acuerdo con ese derecho, pero la Constitución no les permite infringirlo".
Se enviaron mensajes a la policía de Los Ángeles solicitando comentarios.
La demanda se presenta después de que la entidad federal comenzara a analizar las solicitudes de permisos en el condado a partir de marzo pasado.
"El Departamento de Policía del Condado de Los Ángeles proporcionó datos y documentos que revelaron solo dos aprobaciones de más de 8000 solicitudes casi dos meses después de recibir la notificación de la investigación de la División, y que el Departamento de Policía programó entrevistas para aprobar licencias hasta dos años después de recibir la solicitud completa", indicó el comunicado del DOJ.
El departamento de Los Ángeles tarda un promedio de 281 días en comenzar a procesar las solicitudes, violando una ley de California que requiere revisiones iniciales dentro de 90 días, según la demanda.
La demanda busca una orden judicial permanente que requiera al departamento emitir licencias de porte oculto de manera oportuna según la ley.
El gobernador de California, Gavin Newsom, se ha posicionado como un líder en el control de armas y dijo que presionará por regulaciones más estrictas.
En enero, un tribunal federal de apelaciones impidió que entrara en vigor una ley estatal que prohibía a las personas portar armas de fuego en la mayoría de los lugares públicos. Esa decisión, que el estado está apelando, mantuvo en vigor un fallo anterior del juez Cormac Carney que bloqueaba la ley. Carney dijo que viola la Segunda Enmienda y que es probable que los grupos de derechos de armas prevalezcan al demostrar que es inconstitucional.
La ley prohibiría a las personas portar armas ocultas en 26 tipos de lugares, incluidos parques y áreas de juegos públicos, iglesias, bancos y zoológicos.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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