El destino de Bolsonaro, en manos del Supremo de Brasil
La Corte Suprema de Brasil decide a partir del martes el futuro del expresidente Jair Bolsonaro, qui
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LA NACION
La Corte Suprema de Brasil decide a partir del martes el futuro del expresidente Jair Bolsonaro, quien se expone a más de 40 años de prisión acusado de intento de golpe de Estado, pese a las intensas presiones de Donald Trump.
El exmandatario de extrema derecha (2019-2022) del mayor país de América Latina debe conocer su veredicto de aquí al 12 de septiembre, junto al de siete coacusados, entre ellos varios exministros y altos mandos militares.
La fiscalía acusa a Bolsonaro, de 70 años, de haber liderado una "organización criminal armada" que conspiró para asegurar su "permanencia autoritaria en el poder", a pesar de su derrota frente al actual presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de 2022.
Desde principios de agosto, el líder de la derecha brasileña, ya inhabilitado políticamente hasta 2030, está bajo arresto domiciliario.
Él clama su inocencia y se considera víctima de una "persecución política", a poco más de un año de las elecciones presidenciales.
Su juicio tuvo además consecuencias inesperadas, al abrir una crisis sin precedentes entre Brasil y Estados Unidos.
Invocando una "caza de brujas" contra su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump impuso el 6 de agosto aranceles de 50% sobre una parte de las exportaciones brasileñas.
Seguridad reforzada
Bolsonaro no asistirá a las audiencias finales, programadas durante cinco días hasta el día 12, informó a la AFP su defensa.
Es la primera vez que un ex jefe de Estado brasileño enfrenta acusaciones de este tipo.
Un evento histórico cuarenta años después del fin de la dictadura militar (1964-1985), cuyos responsables nunca fueron llevados ante la justicia.
En Brasilia, se reforzó la presencia policial en la plaza de los Tres Poderes, donde se encuentran el palacio presidencial, el Parlamento y la Corte Suprema, constató un fotógrafo de la AFP.
Las autoridades anunciaron "una vigilancia continua con equipos de última generación, incluidos drones equipados con cámaras térmicas".
Fue en esta plaza donde, el 8 de enero de 2023, miles de bolsonaristas vandalizaron los centros de poder, exigiendo una intervención militar para desalojar a Lula, recién investido.
Bolsonaro, que se encontraba entonces en Estados Unidos, está acusado por la fiscalía de haber sido el instigador de estos disturbios.
Según la acusación, el proyecto golpista también incluía un decreto de estado de sitio y un plan para asesinar a Lula, a su vicepresidente electo Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes.
A cargo del juicio, este poderoso magistrado ha sido objeto de sanciones de la administración estadounidense, que lo acusa de una supuesta violación de derechos humanos.
Amnistía
La audiencia del martes comenzará con la lectura, por parte de este magistrado, de un informe sobre el caso.
Luego tomará la palabra el fiscal general, seguido de los abogados de cada uno de los ocho acusados.
Moraes y cuatro de sus colegas votarán posteriormente para obtener un veredicto.
El expresidente está acusado de golpe de Estado y de abolición violenta del Estado democrático de derecho. Enfrenta hasta 43 años de prisión.
En caso de condena, que podrá apelar, "es posible" que sea enviado de inmediato a prisión, según una fuente de la corte.
Para la base bolsonarista, el apoyo de Trump es valioso. "Gracias a estas medidas, (los acusados) ven que no están solos, que hay alguien por encima de ellos que puede marcar la diferencia", dijo a la AFP Carlos Sergio Alcántara.
Este empresario se manifestó el domingo junto con otros simpatizantes frente a la urbanización de lujo donde se halla en arresto domiciliario el exmandatario en Brasilia.
Aunque sus aliados políticos creen que Bolsonaro está prácticamente condenado de antemano, apuestan por la aprobación en el Parlamento de una amnistía para evitarle la prisión.
Una condena, sin embargo, reactivará la carrera por su sucesión en la derecha.
Mientras, Lula, de 79 años y con una popularidad reforzada debido a los ataques estadounidenses, se presenta como adalid de la "soberanía" brasileña. Y cuenta con buscar la reelección.
Él mismo estuvo encarcelado entre 2018 y 2019 por corrupción pasiva y lavado de dinero. Su condena fue luego anulada por un defecto de forma.
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