Empleados de la oficina de protección financiera de EEUU dicen que se ha vuelto ineficaz bajo Trump
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LA NACION
NUEVA YORK (AP) — Las luces continúan encendidas en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés), frente a la Casa Blanca, y los empleados siguen recibiendo su salario. Pero, en la práctica, el organismo ha estado mayormente inoperante durante casi seis meses. Los empleados dicen que, esencialmente, pasan la jornada laboral sin hacer nada, pues una directiva de la Casa Blanca les prohíbe realizar cualquier trabajo.
Se supone que la oficina debe ayudar a supervisar los bancos y las empresas de servicios financieros del país, además de tomar medidas de ejecución en caso de irregularidades. Durante sus 15 años de existencia, la CFPB ha devuelto aproximadamente US$21.000 millones a los consumidores que fueron engañados por empresas de servicios financieros.
En cambio, al parecer, su función principal ahora consiste en revertir el trabajo de reglamentación y aplicación de la ley que se realizó en administraciones anteriores, incluido el primer mandato del presidente Donald Trump.
Un empleado actual, que habló bajo condición de anonimato porque la directiva prohíbe que los trabajadores hablen públicamente sobre su empleo, dijo que los observadores externos se sorprenderían de lo poco que se está haciendo. Los empleados son reacios incluso a hablar entre ellos, por temor a que eso se considere una violación de la directiva.
Otro empleado describió como “muy desmoralizante” el drástico cambio de misión, que pasó de intentar proteger a los consumidores a no hacer nada.
Para comprender lo que sucede en la CFPB, The Associated Press habló con 10 empleados actuales y anteriores, así como con banqueros y legisladores que solían interactuar con la oficina casi todos los días, pero que ahora afirman que sus correos electrónicos y mensajes de voz caen en un agujero negro. La oficina de prensa de la agencia no responde a los correos electrónicos.
La CFPB adoptó un enfoque más ligero de su misión en el primer mandato de Trump, pero continuó llevando a cabo acciones de ejecución. En el régimen del expresidente Joe Biden, la agencia adoptó una visión expansiva de su autoridad al abordar prácticas rentables de los bancos, como las tarifas por sobregiro y los cargos por pagos atrasados de tarjetas de crédito, así como al investigar a empresas por informes de crédito y deudas médicas.
La oficina también puso el foco en las grandes empresas tecnológicas que han incursionado en los servicios financieros. Por ejemplo, ordenó a Apple el pago de US$89 millones en multas y sanciones por problemas relacionados con la Apple Card.
Los bancos y la industria de servicios financieros pensaban que la CFPB de Biden actuó de manera demasiado agresiva, particularmente con una propuesta para reducir las tarifas por sobregiro a US$5, en comparación con el promedio de la industria de US$27 a US$35.
La oficina estimó que la medida ahorraría a los consumidores unos US$5000 millones al año. La propuesta fue revocada en abril por el Congreso con el respaldo de Trump. Una vez que comenzó el segundo mandato de Trump, la oficina se convirtió en uno de los objetivos principales del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), entonces dirigido por Elon Musk, quien publicó en X que la CFPB debería “morir” poco después de que los empleados del organismo se integraran en la agencia. A través de Russell Vought, jefe interino de la oficina, la Casa Blanca emitió una directiva según la cual los empleados de la CFPB “no deben realizar ninguna tarea laboral”. Después, la administración intentó despedir a cerca de 1500 empleados, aproximadamente el 90% del personal de la oficina. Los tribunales han bloqueado esos despidos, pero existe la sensación de que los fallos judiciales son solo un respiro temporal. Las empresas que cometieron irregularidades, o que tenían investigaciones abiertas, han presionado a la oficina y a la Casa Blanca para que se revoquen sus castigos. El mes pasado, la CFPB rescindió un acuerdo según el cual Navy Federal Credit Union acordó pagar US$80 millones para resolver reclamos de que cobró ilegalmente tarifas por sobregiro a sus clientes, que incluyen a militares de la Marina y veteranos. A mediados de mayo, la agencia anuló una orden para que la división de financiamiento automotriz de Toyota pagara a los clientes un total de US$48 millones por incluir ilegalmente productos en los préstamos para automóviles de los compradores. “Las empresas hacen fila para evitar reembolsar a los clientes perjudicados”, dijo Eric Halperin, exdirector de ejecución de la oficina, quien renunció a principios de este año. The Associated Press envió una lista de preguntas a la Casa Blanca sobre la visión del presidente Trump para la CFPB. No se ha recibido ninguna respuesta. Si bien la falta de nuevas iniciativas y la eliminación de las antiguas frustra a los empleados, también señalan que incluso las tareas cotidianas han quedado de lado. Un informe de la oficina de la senadora Elizabeth Warren, la demócrata de mayor rango en el Comité Bancario del Senado, encontró que la oficina registra aproximadamente 2200 quejas al día a su base de datos de reclamaciones, en comparación con las aproximadamente 10.500 que manejaba en los meses previos a la toma de posesión de Trump. Warren tuvo la idea de la oficina cuando era profesora de derecho en la Universidad de Harvard. Con todo, la oficina emprendió una acción de ejecución el viernes. La cadena de casas de empeño FirstCash Inc. acordó pagar US$9 millones para resolver reclamos de que cobró tasas de interés excesivas en créditos a miembros del servicio armado, en violación de la Ley de Préstamos Militares. FirstCash opera más de 1000 tiendas.
La oficina se verá aún más disminuida en los próximos meses. La nueva ley de presupuesto firmada por Trump a principios de este mes reduce el financiamiento de la CFPB a la mitad, lo que significa que se verá obligada a realizar despidos masivos. Los demócratas del Senado buscan formas de restaurar ese financiamiento.
Mientras tanto, los empleados continúan con su trivial rutina: siguen revisando su correo electrónico una o dos veces al día para ver si alguno de sus trabajos anteriores ha sido programado para revertirse. Prevén que serán despedidos. Las únicas constantes son el silencio de los designados políticos de la oficina o los “minifunerales” que ocurren cada viernes, cuando otro grupo de empleados que han decidido dejar la oficina voluntariamente tienen su último día.
“No creo que vuelva a trabajar en el servicio público”, dijo un empleado actual, que ha buscado un nuevo empleo en los últimos tres meses.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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