Entran un arzobispo y un rabino al diálogo entre el Gobierno y bananeros en las protestas de Panamá
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LA NACION
CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, apeló el viernes a poderes superiores para destrabar las protestas que han crispado al país por casi dos meses: un arzobispo y un rabino entran a la mediación con los bananeros de Bocas del Toro.
Esa provincia del occidente panameño, principalmente dedicada a la producción de banano de exportación, lleva semiparalizada casi siete semanas en protesta por una ley que modifica el régimen de pensiones de Panamá y que ha levantado manifestaciones en el resto del país.
Aunque el gobierno ha asegurado que no echará atrás la reforma y que esta no afecta a los trabajadores del banano, estos se han mantenido en una huelga que la justicia ha declarado ilegal y que llevó al gigante Chiquita Brands a despedir a casi 5000 colaboradores.
Nada de eso frenó las protestas.
El viernes, Mulino reveló que había enviado una carta personal al dirigente sindical Francisco Smith, uno de los líderes de las movilizaciones de bananeros, y para ello recurrió a dos autoridades religiosas: al arzobispo de Panamá y al principal líder judío del país.
“Acabo de concluir una reunión muy importante con monseñor José Domingo Ulloa y el rabino Gustavo Kraselnik y les he entregado una carta personal para que monseñor Ulloa se sirva ser portador de la misma y entregársela al dirigente Smith en Bocas del Toro”, dijo el mandatario en su conferencia semanal, reprogramada en esta ocasión al viernes.
En su carta, aseguró Mulino, se comprometió a presentar ante la Asamblea Nacional una nueva ley para el sector bananero.
“Hemos aceptado la disponibilidad de ser puente para hallar una solución a este problema”, dijo Ulloa, según un comunicado emitido por la Presidencia.
No es la primera vez que la Iglesia católica participa como mediadora en conflictos sociales en Panamá. En 2022, el arzobispo Ulloa facilitó el diálogo tras protestas por el alza de combustibles y alimentos. En 2018, también actuó como intermediario durante una crisis entre órganos del Estado.
Smith, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, ya había dicho más temprano que están dispuestos a dialogar.
En declaraciones ofrecidas antes de la conferencia presidencial, anunció que los líderes sindicales viajarán a la capital el próximo lunes para reunirse con la presidenta de la Asamblea Nacional y presentarle 14 puntos.
Pero insistió en plantear modificaciones a artículos de la
de la Ley 462, así como una nueva norma para el sector bananero.
Smith lidera desde el 28 de abril una huelga contra esa ley, aprobada en marzo, alegando que ésta pone en riesgo derechos del sector bananero consagrados en otra norma —la Ley 45— que reconoce beneficios especiales para los trabajadores y productores independientes, incluyendo asistencia médica, subsidios y protecciones laborales.
El prolongado paro ha tenido un fuerte impacto en Bocas del Toro, donde, además de despedir a miles de trabajadores, la empresa Chiquita Brands cesó operaciones “temporalmente”. Según Mulino, el gigante bananero liquidará a más de 1000 empleados restantes la próxima semana.
Lo que el gobierno propone para destrabar el conflicto con los bananeros es enviar al Parlamento una nueva versión de la ley que rige para ese sector, la Ley 45, pero no está dispuesto a tocar la de la reforma de las pensiones.
Además, Mulino condicionó ese debate legislativo al levantamiento de los bloqueos. “No, sobre la Ley 462 (reforma del sistema de pensiones) no hay diálogo nacional ni provincial ni ninguno”, dijo, argumentando que fue aprobada “utilizando los métodos democráticos del país”. El gobierno defiende su reforma asegurando que no amplía la edad de jubilación ni aumenta las cuotas de cotización y que mejora otros muchos aspectos de los pensionistas.
Aunque los efectos más graves de las movilizaciones se han concentrado en Bocas del Toro, el malestar social se prendió también en otras regiones del país. En el Darién, al sureste del país, grupos indígenas intentaron bloquear el jueves la carretera Panamericana, llegando a choques con la policía que dejaron varios heridos y una casa quemada.
En la capital, sindicatos y estudiantes también han marchado. El gremio docente también está en huelga y las autoridades anunciaron que se preparan para retener el salario de cerca de 15.000 profesores. Las protestas más constantes en Ciudad de Panamá —donde el transporte, comercio y turismo no se han visto tan afectados— ocurren cerca de la Universidad de Panamá, donde hay frecuentes enfrentamientos con uso de gases lacrimógenos y carros cisterna.
Tres
líderes sindicales enfrentan, por su parte, procesos judiciales
penales. Según el Gobierno, el sindicato de la construcción Suntracs al que pertenecen —el más fuerte y que históricamente ha liderado las protestas— es investigado por supuesta estafa y lavado de dinero desde 2022. A todo esto, se suman protestas por el futuro de una polémica mina de cobre clausurada en 2023 —también tras semanas de movilizaciones— y contra un memorándum de seguridad firmado entre Panamá y Estados Unidos que ha recibido el rechazo social por considerar que es una pérdida de soberanía. Ambos gobiernos negaron que sea un intento de reestablecer bases militares estadounidenses en territorio panameño como señalan los críticos.
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