España: ocho detenidos por presunto fraude de 68 millones en IVA de alcohol en una operación de la Fiscalía Europea

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en una operación dirigida por la Fiscalía Europea, han detenido a ocho personas y desarticulado una organización criminal que habría defraudado US$68 millones al eludir el pago de IVA con alcohol importado desde países de la Unión Europea entre 2018 y 2024. A través de un comunicado conjunto este jueves, recogido por Europa Press, las tres entidades que han tomado parte en la denominada 'Operación Gallagher' han explicado que la operativa defraudadora se realizaba con la participación de depósitos fiscales establecidos principalmente en Países Bajos, Portugal y España. La operación desembocó este martes en los arrestos de esas ocho personas —tres de ellas consideradas líderes de la organización— y en casi una veintena de registros en Barcelona, Cádiz, A Coruña, Ibiza, Madrid y Valencia, en locales de empresas, viviendas de los sospechosos, una habitación de un hotel de lujo donde se alojaba uno de los principales investigados y un depósito fiscal. En los registros, los agentes han intervenido cerca de 400.000 euros en efectivo, más de un millón en cuentas bancarias, un yate, 34 relojes de lujo y cinco vehículos de alta gama, entre ellos tres Porsche. Además, se solicitó el embargo de 21 inmuebles. La red tenía "fuertes vinculaciones internacionales", contaba con la participación de depósitos fiscales en España, Países Bajos o Portugal y se había especializado en cometer delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea y la Hacienda Pública. Operaba, según explican, en el mercado de las bebidas alcohólicas a través de una estructura empresarial formada por 93 mercantiles españolas, portuguesas, alemanas, maltesas y de Islas Turcas y Caicos, que contaba igualmente con una estructura de empresas paralela, a través de la que se canalizaban los fondos de procedencia delictiva que sometían a procedimientos de blanqueo de capitales. ESPAÑOLES EN LA CÚSPIDE Fue en 2023 cuando el Área Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Valencia denunció ante la Fiscalía Europea este posible fraude intracomunitario de IVA, que habría aprovechado las normas en las transacciones transfronterizas entre Estado miembros, exentas de IVA, así como el posterior blanqueo de los beneficios obtenidos. Según explican, la organización criminal importaba grandes cantidades de alcohol desde depósitos fiscales de varios Estados miembros hasta un depósito fiscal en España, donde el alcohol ingresa con suspensión del pago de tributos, por la legislación europea. El impuesto se devengaría sólo cuando los productos salían del depósito fiscal hacia una distribución comercial o de consumo. Una vez allí, intermediarios ficticios radicados en España y controlados por la organización adquirían el alcohol, se hacían cargo del IVA y luego desaparecían sin cumplir sus obligaciones fiscales. Después vendían el alcohol a través de una red de empresas ficticias, amparadas con facturas falsas, con el fin de ocultar toda la cadena fraudulenta. El producto se distribuía en España mediante distribuidores controlados por la red criminal, cuyo IVA correspondiente, aparentemente repercutido de forma correcta en factura, nunca ha sido realmente ingresado, lo que permitía rebajas ilícitas de precio, con la consiguiente competencia desleal. Y estaría dirigida por tres ciudadanos españoles que se valdrían de una estructura de testaferros situados al frente de numerosas empresas instrumentales, algo que les permitía desvincularse aparentemente de la actividad comercial, dificultar la trazabilidad del producto y hacer recaer sobre estas mercantiles las responsabilidades penales derivadas de la actividad delictiva. Las pesquisas han contado con el apoyo de diversas Unidades de las Zonas de la Guardia Civil de Madrid, Cataluña, Islas Baleares y Navarra, Comandancias de Barcelona, Lérida, Cádiz, La Coruña y Valencia, así como del Servicio Cinológico y del Servicio Aéreo de la Guardia Civil y de las dependencias regionales de Inspección de Valencia, Cataluña, Andalucía, Galicia y Madrid y personal informático de las unidades central y regionales de auditoría informática (UCAI y UAI) de la Agencia Tributaria.

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