Fiscalía pide que la expresidenta Boluarte no salga de Perú por casos de lavado y corrupción
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LIMA (AP) — La fiscalía peruana pidió el viernes a la justicia que prohíba la salida del país a la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) por hasta 36 meses, mientras la investiga por presuntos lavado de activos y hechos de corrupción luego de que fue destituida por el Parlamento.
El abogado de Boluarte, Juan Portugal, dijo durante la jornada a la radio RPP que la exmandataria se encuentra en su domicilio de Lima y no tiene pensado buscar asilo en ninguna embajada en la capital peruana. La política fue destituida durante la madrugada señalada por el Congreso por su “permanente incapacidad moral” y en medio de una crisis por el aumento de la criminalidad. Había sobrevivido a ocho pedidos de destitución previos.
La fiscalía presentó el pedido al segundo Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del juez Fernando Valdez.
El Ministerio Público indicó en un comunicado que Boluarte es investigada en un caso de lavado de activos vinculado a la recolección de dinero destinado a pagar una reparación civil de Vladimir Cerrón, el líder prófugo del partido político con el que Pedro Castillo (2021-2022) ganó las elecciones presidenciales en 2021 en una papeleta en la que Boluarte era candidata a vicepresidenta.
El caso empezó en 2019, cuando la fiscalía identificó a una presunta organización delictiva dentro de un gobierno regional que habría obtenido dinero emitiendo licencias de conducir. Según la fiscalía, el dinero ilícito habría sido enviado a cuentas bancarias de Boluarte que luego ella enviaba a otras de Cerrón.
En la segunda investigación se intenta determinar si incurrió en el delito de negociación incompatible con el cargo o aprovechamiento indebido del mismo.
Según esta investigación fiscal, Boluarte “se habría interesado en designar a funcionarios en salud y a concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos” del médico que le habría realizado operaciones a la nariz a fines de junio de 2023.
Boluarte se operó en secreto sin avisar al Parlamento ni a sus ministros. La cirugía había sido un rumor por varios meses y fue negado por varios funcionarios cercanos a la entonces mandataria.
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