G7 quiere eximir a las multinacionales de EEUU del impuesto mínimo global

Las naciones del G7 dijeron el sábado que acordaron eximir a las empresas multinacionales de Estados Unidos del impuesto mínimo global, un triunfo para el gobierno del presidente Donald Trump, que presionó fuertemente por este compromiso.

El acuerdo permitirá que las empresas estadounidenses solo sean gravadas en su país de origen, tanto por las ganancias nacionales como por las extranjeras, dijo el G7 en un comunicado emitido por Canadá, que detenta la presidencia rotativa del grupo.

El acuerdo se alcanzó en parte debido a los "cambios recientemente propuestos al sistema fiscal internacional de Estados Unidos" incluidos en la principal legislación de política interna de Trump, que aún se está debatiendo en el Congreso, según el comunicado.

Este sistema paralelo podría "proporcionar mayor estabilidad y certeza en el sistema fiscal internacional en el futuro", agregó el texto.

Casi 140 países llegaron a un acuerdo en 2021 para gravar a las empresas multinacionales, un acuerdo negociado bajo los auspicios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Ese acuerdo, profundamente criticado por Trump, establece una tasa mínima de impuesto global del 15%. La OCDE decidirá finalmente si eximirá o no a las empresas estadounidenses de ese impuesto.

El G7 dijo que esperaba "alcanzar rápidamente una solución aceptable y aplicable para todos".

El secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, aseguró el jueves que se alcanzaría un acuerdo de este tipo, "que defiende los intereses estadounidenses", entre los países del G7.

El G7 reúne a siete de las economías más avanzadas del mundo: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, Italia y Reino Unido.

Bessent también pidió a los legisladores estadounidenses que retiraran una medida de la mega ley de Trump que permite al gobierno imponer gravámenes a empresas con propietarios extranjeros y a inversores de países que se considera que aplican impuestos injustos a las empresas estadounidenses.

Esta cláusula, vista como una medida de represalia, generó muchas preocupaciones, por considerarse que impediría a las empresas extranjeras invertir en Estados Unidos.

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