Habitantes de zona andina de Ecuador marchan contra proyecto minero y en defensa de reserva hídrica

QUITO, 16 sep (Reuters) - Las autoridades y comunidades de la provincia ecuatoriana de Azuay marcharon el martes para exigir la suspensión del proyecto de oro de la canadiense DPM Metals -conocida hasta hace días como Dundee Precious Metals-, que, según afirman, afectará a una reserva hídrica del país.

El gobierno entregó una licencia ambiental para que la compañía pueda comenzar con la construcción de la mina del proyecto Loma Larga, ubicado en la provincia del Azuay, pero en agosto el Ministerio de Energía suspendió el inicio de los trabajos hasta que la compañía difunda su plan de manejo ambiental, en medio de la presión social.

Las autoridades provinciales afirman que el proyecto afectará la reserva de Quimsacocha, que abarca más de 3200 hectáreas e incluye ecosistemas de páramo, con manantiales que forman una de las principales reservas hídricas del país.

Los manifestantes recorrieron las calles de Cuenca, la capital provincial, coreando "¡Quisamcocha no se toca!" y con carteles que decían "!El agua vale más que todo!".

"Lo que queremos es que el Gobierno Nacional revierta la licencia ambiental", dijo el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, uno de los líderes de la protesta.

El funcionario dijo en X que se movilizaron más de 90.000 personas.

La empresa DPM Metals evitó comentar sobre los pedidos de los manifestantes.

Pese a tener importantes depósitos de oro y cobre, Ecuador no ha logrado avanzar en el desarrollo de su industria minera debido a decisiones legales y oposición de las comunidades. Actualmente, solo dos mineras operan en el país.

El presidente Daniel Noboa pidió a las autoridades locales de la provincia que sustenten con informes técnicos los posibles riesgos que generaría el avance del proyecto en la zona y se hagan responsables de posibles consecuencias en caso de suspenderlo.

La población del Azuay ha rechazado en las urnas el desarrollo de la minería en sus territorios y ha sido beneficiada por decisiones legales para suspender el avance de los proyectos en su jurisdicción. (Reporte de Alexandra Valencia Editado por Javier Leira)

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