Las sanciones de Trump al fiscal de la CPI han frenado el trabajo del tribunal
1 minuto de lectura'
LA NACION
LA HAYA (AP) — El fiscal de la Corte Penal Internacional ha perdido acceso a su correo electrónico y sus cuentas bancarias han sido congeladas.
A los trabajadores estadounidenses de la corte con sede en La Haya se les ha informado de que si viajan a Estados Unidos corren el riesgo de ser arrestados.
Algunas organizaciones no gubernamentales han dejado de trabajar con la CPI y los líderes de una de ellas ni siquiera responden a los correos electrónicos de los funcionarios de la corte.
Esos son sólo algunos de los obstáculos que enfrenta el personal de la corte desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso sanciones en febrero a su fiscal, Karim Khan, según entrevistas con funcionarios actuales y anteriores de la CPI, abogados internacionales y defensores de los derechos humanos.
Las sanciones "impedirán que las víctimas tengan acceso a la justicia", dijo Liz Evenson, directora de justicia internacional en Human Rights Watch.
Trump sancionó a la corte después de que un panel de jueces de la CPI emitiera en noviembre órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de defensa, Yoav Gallant.
Los jueces concluyeron que había razones para creer que ambos podrían haber cometido crímenes de guerra al restringir la ayuda humanitaria y apuntar intencionalmente a civiles en la campaña de Israel contra Hamás en Gaza, cargos que los funcionarios israelíes niegan.
El personal y los aliados de la CPI dijeron que las sanciones han hecho cada vez más difícil para el tribunal llevar a cabo tareas básicas, y mucho menos buscar justicia para las víctimas de crímenes de guerra o genocidio.
Un portavoz de la CPI y de Khan declinó hacer comentarios. La presidenta de la CPI, la jueza Tomoko Akane, dijo en febrero que las sanciones "constituyen ataques serios contra los estados partes de la Corte, el orden internacional basado en el Estado de derecho y millones de víctimas".
La orden de febrero prohíbe a Khan y a otros no estadounidenses entre los 900 miembros del personal de la CPI ingresar a Estados Unidos. También amenaza a cualquier persona, institución o empresa con multas y tiempo en prisión si proporcionan a Khan "apoyo financiero, material o tecnológico".
Las sanciones están obstaculizando el trabajo en una amplia gama de investigaciones, no solo la relacionada con los líderes de Israel.
Por ejemplo, la CPI investigaba atrocidades en Sudán y había emitido órdenes de arresto contra el expresidente sudanés Omar al Bashir por cargos que incluyen genocidio. Esa investigación se ha detenido incluso mientras aumentan los informes de nuevas atrocidades en Sudán, según un abogado que representa a un fiscal de la CPI que ha impugnado las sanciones en los tribunales de Estados Unidos. El fiscal, Eric Iverson, presentó una demanda federal contra el gobierno de Trump pidiendo protección contra las sanciones.
Su cliente "no puede realizar lo que yo describiría como funciones básicas de abogado", dijo Allison Miller, quien representa a Iverson en la demanda.
Los abogados del personal estadounidense de la organización, como Iverson, les han advertido que corren el riesgo de ser arrestados si regresan a casa para visitar a su familia, según funcionarios de la CPI. Seis altos funcionarios han dejado la corte por preocupaciones sobre las sanciones.
Una razón por la que la corte se ha visto paralizada es que depende en gran medida de contratistas y organizaciones no gubernamentales. Esas empresas y grupos han reducido el trabajo en nombre de la corte porque les preocupa ser blanco de las autoridades estadounidenses, según personal actual y anterior de la CPI.
Microsoft, por ejemplo, canceló la dirección de correo electrónico de Khan, lo que obligó al fiscal a mudarse a Proton Mail, un proveedor de correo electrónico suizo, dijeron empleados de la CPI. Sus cuentas bancarias en su país de origen, el Reino Unido, han sido bloqueadas.
Microsoft no respondió a una solicitud de comentarios.
El personal de una organización no gubernamental que desempeña un papel integral en los esfuerzos de la corte para reunir pruebas y encontrar testigos dijo que el grupo ha transferido dinero de cuentas bancarias estadounidenses porque temen que pueda ser incautado por el gobierno de Trump.
La alta dirección de otras dos organizaciones de derechos humanos con sede en Estados Unidos dijo a la AP que sus grupos han dejado de trabajar con la CPI. Un alto empleado de una de ellas dijo a la AP que los empleados incluso han dejado de responder a correos electrónicos de funcionarios de la corte por temor a desencadenar una respuesta del gobierno de Trump.
El efecto acumulativo de tales acciones ha llevado al personal de la CPI a preguntarse abiertamente si la organización puede sobrevivir al gobierno de Trump, según funcionarios de la CPI que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.
"Es difícil ver cómo sobrevive la corte los próximos cuatro años", dijo uno de esos funcionarios.
Trump, un firme partidario de Netanyahu, emitió su orden de sanciones poco después de retomar el cargo, acusando a la CPI de "acciones ilegítimas e infundadas dirigidas contra Estados Unidos y nuestro cercano aliado Israel". Washington dice que la corte no tiene jurisdicción sobre Israel.
La orden de Trump decía que las "acciones de la CPI contra Israel y Estados Unidos establecen un precedente peligroso, poniendo en peligro directamente al personal actual y anterior de Estados Unidos, incluidos los miembros activos de las Fuerzas Armadas". Dijo que la "conducta maligna" de la corte amenaza "la soberanía de Estados Unidos y socava el trabajo crítico de seguridad nacional y política exterior del Gobierno de Estados Unidos".
La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.
Netanyahu ha desestimado las acusaciones de la CPI como "absurdas", y el Knéset de Israel está considerando una legislación que convertiría en delito proporcionar pruebas a la corte.
Israel lanzó su ofensiva después de que milicianos liderados por Hamás irrumpieran en el sur de Israel en octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a decenas de otras. Se cree que Hamás mantiene a unas dos docenas de rehenes.
Dentro de la corte, el personal ha enfrentado la situación con humor negro, bromeando sobre cómo ni siquiera pueden prestarle un bolígrafo a Khan sin arriesgarse a aparecer en el radar de Estados Unidos.
Esta no es la primera vez que la CPI atrae la ira de Trump. En 2020, su gobierno anterior sancionó a la predecesora de Khan, Fatou Bensouda, y a uno de sus adjuntos por la investigación de la corte sobre presuntos crímenes cometidos en Afganistán mientras el Ejército de Estados Unidos operaba en el país.
El expresidente Joe Biden rescindió las sanciones cuando asumió el cargo varios meses después.
Actualmente hay tres demandas pendientes de personal y consultores de la corte de Estados Unidos contra el gobierno de Trump argumentando que las sanciones infringen su libertad de expresión. A principios de esta semana, Iverson, el abogado que investiga el genocidio en Sudán, obtuvo protección temporal contra el enjuiciamiento, pero si otros ciudadanos estadounidenses en la corte quieren una garantía similar, tendrían que presentar su propia demanda.
Mientras tanto, la corte enfrenta una creciente falta de cooperación de países que normalmente se consideran sus más firmes partidarios.
La CPI no tiene sus propias fuerzas de seguridad y depende de los estados miembros. En el último año, tres países, incluidos dos en la Unión Europea, se han negado a ejecutar órdenes emitidas por la corte.
El renovado asalto de la Casa Blanca se produce cuando la corte ya enfrentaba desafíos internos. El año pasado, apenas unas semanas antes de que Khan anunciara que solicitaría órdenes de arresto para los funcionarios israelíes, dos empleados de la corte denunciaron que el abogado británico había acosado a una asistente, según un informe de Associated Press.
Khan ha negado categóricamente las acusaciones de que manoseó e intentó coaccionar a una asistente femenina para tener una relación sexual. Hay una investigación de Naciones Unidas en curso, y desde entonces Khan ha sido acusado de tomar represalias contra el personal que apoyó a la mujer, lo que incluyó degradar a varias personas que consideraba críticas con él. ___
El escritor de Associated Press Mike Corder en La Haya, Países Bajos, contribuyó a este informe.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
LA NACION
Más leídas
1El Colegio de Abogados le contestó a Chiqui Tapia: “la declaración indagatoria es un acto procesal esencial”
2El CEO de Breitling se reunió con Milei y confirmó la apertura de su primera boutique en la Argentina
3“Eviten el contacto”: apareció un caso de gripe aviar en la ciudad de Buenos Aires y aconsejan no tocar aves silvestres en parques, plazas y reservas
4Uno por uno. Así votó cada senador el proyecto para reformar la ley de glaciares
Últimas Noticias
Jungla en Palermo. Diseño local, botánica y alma maximalista en una casa donde la naturaleza manda
Siembra directa. El cambio que se ve desde las rutas y una pregunta inquietante: ¿hay lugar para las labranzas ocasionales?
