Montero afirma que presentará PGE aunque se tumbe la senda y avisa de que las perjudicadas serán las CCAA

MADRID, 27 nov. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha remarcado este jueves que el rechazo del Congreso a la senda de estabilidad 2026-2028 —el primer paso para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2026— "no va a impedir en ningún momento" que el Gobierno formule las cuentas públicas del próximo año, al tiempo que ha advertido de que serán los gobiernos autonómicos los perjudicados de esa negativa, ya que no podrán contar con un mayor margen de gasto.

"Tendrá que explicar el Partido Popular por qué permanentemente reclaman recursos para los territorios y, cuando llega la hora de la verdad, votan en contra de dar mayor capacidad de gasto para los territorios", ha señalado la vicepresidenta primera en el debate sobre la senda en el Congreso de los Diputados.

Montero ha pedido a los grupos que "abandonen los discursos electoralistas o partidistas" y ha instado a los diputados a que no vayan al dictado "de lo que se plantee por Génova o por otras sedes centrales" y piensen en los ciudadanos de los territorios donde gobiernan.

En cualquier caso, la ministra ha subrayado que el rechazo del Congreso no va a impedir en ningún momento que formulen las cuentas públicas de 2026 y ha asegurado que incluso se podrían formular unos Presupuestos con mayor holgura para la Administración Central.

De tumbar la senda este jueves, el Gobierno la llevará de nuevo a votación ante la Cámara Baja en un plazo de un mes. Pero de volver a rechazarse una segunda vez, entrará en vigor la plasmada en el plan fiscal estructural a medio plazo remitida el año pasado a Bruselas, que deja menos margen de gasto a las comunidades autónomas.

En concreto, los objetivos del plan fiscal estructural sitúan la senda para las comunidades autónomas en la estabilidad presupuestaria (0% de déficit frente al 0,1% que propone Hacienda), lo que les resta margen de gasto a las regiones.

Esto supone que las comunidades autónomas tendrán que hacer un ajuste fiscal de 1.755 millones de euros en 2026 y, si se tiene en cuenta todo el periodo, se van a perder 5.485 millones en capacidad de gasto para el subsector comunidades autónomas.

Por eso, la titular de Hacienda espera que durante el debate algunas de las posiciones en contra que han expresado públicamente los grupos parlamentarios se puedan reconducir para dotar de mayores recursos a las comunidades autónomas que desarrollan los servicios dirigidos a la ciudadanía en materia de sanidad, educación, dependencia o, por ejemplo, vivienda.

"Esta estrategia de confrontación por sistema que vivimos en demasiadas ocasiones en esta Cámara, que no tiene en cuenta el fondo del debate, creo que no aporta soluciones reales a la ciudadanía", ha lamentado la ministra.

Con todo, y pese a reconocer que no será "una tarea fácil", Montero ha asegurado que se dejará "la piel" para que cada grupo pueda tener un motivo suficiente para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2026, que irán en la dirección de avanzar en el crecimiento económico, en la creación de empleo y en la modernización del país, apoyando especialmente a jóvenes y con el foco también en atajar la desigualdad.

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