Perú despliega militares en frontera con Chile ante crisis de inseguridad y migración irregular

SANTIAGO (AP) — El gobierno peruano publicó la noche del viernes un decreto que declara estado de emergencia por 60 días en tres distritos de la región de Tacna (Palca, Tacna y La Yarada–Los Palos), en la frontera con Chile, para frenar el ingreso irregular de migrantes y enfrentar delitos asociados al tráfico de personas, contrabando y otras actividades criminales.

El presidente interino de Perú, José Jerí, anunció que antes de la medianoche que la medida incluirá el despliegue de militares en las fronteras en medio de la crisis de inseguridad que afecta al país y la gran afluencia de migrantes en los pasos con la vecina nación.

La medida autoriza la restricción de libertades de tránsito y reunión, y permite que la Policía y las Fuerzas Armadas refuercen el control territorial y los operativos en la zona.

El decreto, publicado en edición extraordinaria digital del boletín oficial, establece patrullajes permanentes, cierre y vigilancia armada de pasos no autorizados, monitoreo con drones y acciones coordinadas para identificar y detener ingresos irregulares. También crea un comando especial y varios comités de inteligencia y fiscalización, encargados de dirigir operativos contra redes criminales y mercados ilegales vinculados a la migración irregular.

Las autoridades podrán realizar controles de identidad, operativos en viviendas y rutas fronterizas y coordinar expulsiones. El gobierno señala que estas medidas son necesarias por la presión migratoria y afirma que se aplicarán con estándares de derecho internacional.

“Hoy, antes de las 12 AM estará aprobado, publicado y vigente el estado de emergencia en Tacna para reforzar la seguridad en nuestras fronteras. Esta será la primera de nuestras fronteras en ser declaradas en emergencia por motivos de migración irregular y seguridad ciudadana”, anunció Jerí en X.

“Nuestras fronteras se respetan”, indicó el mandatario poco antes. “Se está convocando a Consejo de Ministros extraordinario para declarar, conforme a lo anunciado, el estado de emergencia y así redoblar esfuerzos con las Fuerzas Armadas en su vigilancia”.

El domingo, Jerí anunció su intención de militarizar las fronteras del sur de Perú a fin de contener la violencia que azota a su nación, la que atribuyó en gran medida a la falta de atención en los puntos fronterizos. Expresó además que tanto la policía como los agentes de migraciones intensificarían los controles de identidad.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, llegó a Tacna y adelantó que el estado de emergencia será por 60 días y que se empiezan a sumar 100 militares para el resguardo.

“Estamos declarando estado de emergencia por 60 días a toda la zona fronteriza (…). Estamos aquí con el general del Ejército. Se está sumando con 50 efectivos, a partir del día 3 con 50 más. Vamos a tener 100 efectivos del personal ejército para hacer nuestro control fronterizo” dijo en la zona limítrofe en Tacna antes de reunirse con diversas autoridades.

Antes de que el despliegue militar se hiciera efectivo, las autoridades peruanas ya habían endurecido los controles en algunas localidades, entre ellas en la frontera con el norte de Chile, donde la tensión alcanzó su ápice el viernes y llevó al gobierno chileno a intensificar los diálogos diplomáticos a fin de evitar una nueva “crisis humanitaria” en la zona.

Arturo Valverde, jefe policial de la ciudad peruana de Tacna, informó que las autoridades regionales y policiales se han reunido ante el aumento de migrantes irregulares que buscan cruzar al Perú.

Indicó que han redoblado las patrullas, con más agentes policiales adicionales desplegados en unidades móviles, y que los diez puestos fronterizos a lo largo de los 169 kilómetros con Chile están siendo reforzados con miras al estado de emergencia.

A raíz de ello, “se ha producido una concentración de personas migrantes que desean abandonar el país y han tenido dificultades en su ingreso a Perú” en las últimas horas, explicó en una rueda de prensa en Santiago, el ministro de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero.

“Respecto de los hechos que están ocurriendo en la actualidad, esa conversación se mantiene activa entre ambas cancillerías”, indicó.

La tensión en la frontera de Chile y Perú se produce además en un momento de incertidumbre política en el país antártico, que celebrará el próximo 14 de diciembre la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales para las cuales el ultraderechista José Antonio Kast se perfila como favorito.

Kast, líder del Partido Republicano, ha prometido una política de mano dura contra la inmigración irregular y anunció que expulsará a todas las personas indocumentadas del país una vez que su eventual gobierno asuma la presidencia el 11 de marzo.

“A los inmigrantes irregulares en Chile les digo que quedan 103 días para que ustedes salgan voluntariamente de nuestra patria”, volvió a alertar el viernes el ultraderechista en un vídeo publicado en X, en el que emplazó al saliente presidente Gabriel Boric a visitar los pasos fronterizos para “hacerse cargo" de la situación.

Migrantes varados y protestas

Desde la noche del jueves, localidades fronterizas del extremo norte de Chile, como el complejo Chacalluta, han experimentado un aumento de personas que buscan abandonar el país y han quedado varadas por no contar con los papeles necesarios para cruzar al lado peruano.

La tensión escaló en la tarde del viernes cuando varios de los que intentaban llegar a Perú bloquearon las vías en forma de protesta, lo que llevó a la intervención de Carabineros de Chile.

"Carabineros han comparecido al lugar con control de orden público para efectos de sostener un diálogo y, de lo contrario, se va a producir al desalojo de esas personas para que no sigan interrumpiendo la ruta”, dijo Cordero.

El ministro indicó que el gobierno chileno monitorea la situación en sus fronteras “a diario” y aseguró que sus instituciones se encuentran preparadas “frente a cualquiera contingencia”.

Añadió que Chile mantiene un “diálogo diplomático y de gestión activo” con Perú a fin de evitar una crisis humanitaria similar a la ocurrida en mayo de 2023, cuando decenas de migrantes, en su mayoría venezolanos, quedaron varados durante semanas en esa misma región en ambos lados de la frontera.

“El propósito central, igual que el periodo anterior, es evitar una crisis humanitaria en la zona”, recalcó.

Pese a la concentración de personas en el lugar el flujo de egresos registrado en las últimas semanas es "relativamente normal", según Cordero, quien agregó que la “única forma” de abordar la situación “éxitosamente” es a través de la “cooperación entre los países fronterizos”.

El ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, descartó por ahora una reunión de emergencia, pero el canciller peruano, Hugo de Zela, anunció la creación de un comité binacional para abordar la situación, que deberá ser puesto en marcha el lunes.

“La idea es tratar de resolver los problemas mediante cooperación entre los dos países”, dijo en una rueda de prensa.

Chile se volvió uno de los mayores países receptores de inmigración en América Latina en los últimos años, en especial desde Venezuela, y vio su población migrante expandirse desde el 0,8% en 1992 a 8,8% en la actualidad, según los datos del Censo 2024. De estos, un 41,6% son venezolanos.

El flujo migratorio descontrolado se convirtió en uno de los ejes de la carrera electoral por la presidencia, ya que muchos chilenos, incluso el gobierno, vinculan la llegada masiva de extranjeros con un aumento de la delincuencia.

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