¿Por qué el presidente de Costa Rica enfrenta una moción de desafuero?

El Congreso de Costa Rica decidirá el lunes si le quita la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves para que sea juzgado por presunta corrupción, en un caso inédito en este país de tradición democrática.

Los tres diputados de una comisión especial que analizó la moción expondrán ese día ante el plenario de la Asamblea Legislativa sus argumentos sobre el pedido de desafuero, avalado por la Corte Suprema el 1 de julio.

Los dos opositores de la comisión apoyan el pedido, pero el oficialista lo rechaza.

Tras la presentación de los argumentos, los 57 miembros del Congreso unicameral votarán para decidir la suerte del presidente, con alta popularidad desde que llegó al poder en 2022. Su mandato culmina en mayo de 2026 y no puede optar a la reelección consecutiva.

Estas son algunas claves sobre la causa contra Chaves, un economista conservador de 64 años y exfuncionario del Banco Mundial que ha tenido muchos roces con los otros poderes del Estado.

- ¿De qué es acusado? -

La Fiscalía acusa al mandatario del delito de concusión (abuso de poder de un funcionario para favorecer a alguien), penado con hasta ocho años de cárcel.

Según la acusación, Chaves obligó a una empresa de servicios de comunicación contratada por la Presidencia a darle US$32.000 a su amigo y exasesor de imagen Federico Cruz.

La contratación de la empresa para prestar servicios durante el mandato de Chaves se hizo con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un procedimiento "aparentemente" indebido, según la fiscalía.

El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, también enfrenta un pedido de desafuero por los mismos cargos.

- ¿Qué dice el mandatario? -

El presidente rechaza la acusación y afirma que esta moción constituye un "intento de golpe de Estado judicial".

Además, descarta comparecer el lunes ante el Congreso para presentar sus descargos.

"No me voy a prestar para darle un barniz de legitimidad al espectáculo lamentable", dijo esta semana.

"Ni la Corte ni el fiscal buscan justicia. No, lo que buscan es sacarse un clavo (venganza)" porque "este gobierno ha expuesto las estructuras de grandes privilegios de los grupos poderosos en contubernio con la cúpula del Poder Judicial", afirmó al día siguiente de que la Corte avaló el pedido de desafuero.

Desde que asumió el poder, el mandatario confronta con los jefes de otros poderes del Estado y los califica de "casta putrefacta".

- ¿Y si es desaforado?

Si el desafuero es aprobado, "a partir de ese momento el presidente Chaves sería imputable como cualquier otro ciudadano", explica a la AFP el abogado constitucionalista Luis Felipe Rodríguez.

Eso "no equivale a una suerte de revocatoria de mandato, ni tampoco equivale a la suspensión temporal del ejercicio del cargo", añade el profesor de la Universidad de Costa Rica.

Sin embargo, como se trata de "algo que nunca ha pasado en nuestra historia constitucional, existen ciertos vacíos que la experiencia no nos permite llenar", advierte el jurista.

¿Alcanzarán los votos?

Aunque la oposición domina el Congreso, parece poco probable que la moción consiga la "mayoría calificada" de 38 votos para quitarle la inmunidad a Chaves.

Junto a los nueve diputados oficialistas que votarían contra la moción se sumarían seis legisladores de otro partido conservador y algunos independientes.

"Dudo mucho, honestamente, que puedan conseguir los 38 votos", dice a la AFP el politólogo y analista Gustavo Machado.

Su pronóstico lo comparte Rodríguez: "es difícil que se llegue a esa mayoría, a menos, claro, que haya un gran acuerdo legislativo multipartidario".

Machado afirma que incluso perdiendo la inmunidad, Chaves "podría salir fortalecido [políticamente]" porque "va a seguir con una narrativa de que todo esto es el resultado de su valiente lucha contra la casta".

¿Hay daño a la imagen?

Rodríguez y Machado sostienen que esta causa perjudica la imagen del país centroamericano, pero la expresidenta Laura Chinchilla afirma que "lejos de deteriorar la imagen de Costa Rica, la fortalece".

"Es un mensaje muy poderoso de la salud de que gozan Estado de Derecho y la independencia de poderes, a pesar de los ataques a los que los ha sometido el mismo presidente Chaves", señala la exmandataria (2010-2014) a la AFP.

"Es una confirmación de que nadie está por encima de la ley en Costa Rica", añade.

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