Presidenta Fernández rechaza pagar su parte de US$500 millones por desfalco al Estado
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LA NACION
BUENOS AIRES (AP) — La expresidenta argentina Cristina Fernández y otras ocho personas condenadas por corrupción en la obra pública durante su gestión no cumplieron con el pago equivalente a más de US$500 millones que les impuso la justicia por el perjuicio al Estado y cuyo plazo se cumplía este miércoles.
El tribunal que ordenó la medida puede proceder a decomisar y rematar los bienes que están embargados, aunque el trámite no será inmediato porque los condenados interpusieron recursos de apelación ante instancias superiores.
La exmandataria (2007-2015) y líder del peronismo opositor recibió una sentencia de seis años de cárcel a fines de 2022 por administración fraudulenta que comenzó a cumplir en junio en su domicilio de Buenos Aires luego de que la condena quedara firme. Además, la exvicepresidenta (2019-2023) fue inhabilitada para ejercer cargos públicos de forma perpetua.
Los mismos jueces que condenaron a Fernández, a exfuncionarios y a un empresario de la construcción les ordenaron a mediados de julio pagar unos US$535 millones —cifra que se calcula fue el desfalco al Estado y que fue definida por peritos de la Corte Suprema de Argentina—. El tribunal dejó a criterio de los condenados definir el porcentaje que le correspondía a cada uno.
En vísperas de que se cumpliera el plazo este miércoles, la defensa de la exmandataria presentó un recurso de apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal –el máximo tribunal penal del país—argumentando que sus bienes tienen origen legítimo y no pueden ser decomisados, según el escrito.
Los fiscales han identificado cuentas bancarias, sociedades, inmuebles y campos de la exmandataria y del resto de los culpables.
Al mismo tiempo, sostuvo que los asuntos patrimoniales deben resolverse ante el fuero Civil y Comercial Federal y no el penal.
Una vez que estas instancias de apelación se resuelvan, la justicia podrá o no avanzar sobre los bienes de la expresidenta, de 72 años.
El caso de corrupción que llevó a Fernández a estar recluida en prisión domiciliaria y a poner en pausa su carrera política se refiere a las irregularidades detectadas en 51 procesos de licitación para la construcción de obras en carreteras nacionales y en rutas de la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que comprenden a la presidencia de Néstor Kirchner —difunto marido de Fernández— y el periodo en que ella fue mandataria.
Según la justicia, durante ese tiempo tuvo lugar “una extraordinaria maniobra fraudulenta” que perjudicó los intereses de la administración pública. Estimó el desfalco en unos 85.000 millones de pesos (unos US$70 millones de entonces), suma que ha sido actualizada.
Entre los otros condenados alcanzados por la decisión también están Lázaro Báez, un empresario allegado a los Kirchner que fue beneficiado con las obras públicas, un exsecretario de esa área y exfuncionarios de vialidad.
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