Senadores filipinos envían caso contra vicepresidenta a la Cámara baja
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LA NACION
MANILA (AP) — Los senadores filipinos se constituyeron como un tribunal político el martes para el juicio de la vicepresidenta Sara Duterte por corrupción y otras acusaciones criminales, pero votaron para devolver el conjunto de quejas a la Cámara de Representantes debido a cuestiones legales.
Decenas de activistas que protestaban fuera del Senado condenaron al presidente del Senado, Chiz Escudero, y a otros 17 senadores por votar para devolver la queja a la Cámara en lugar de llevar inmediatamente a Duterte a juicio. Cinco senadores rechazaron la medida.
La acción del Senado retrasará el inicio del juicio político de Duterte, pero no está claro qué otro impacto tendría en su caso.
La senadora Risa Hontiveros, quien ha exigido un juicio inmediato de la vicepresidenta, afirmó: "No hay 'remisión' o 'devolución' en la constitución. Nuestra obligación es juzgar y decidir".
Escudero dijo que la medida no significaba que la queja estuviera siendo desestimada y subrayó ese punto emitiendo citaciones para que Duterte comparezca ante el tribunal político cuando el juicio proceda.
Duterte fue acusada por la Cámara en febrero de varios delitos, que incluyen planear asesinar al presidente Ferdinand Marcos Jr. y corrupción a gran escala.
Muchos legisladores que apoyaron el juicio a Duterte eran aliados políticos de Marcos, y el proceso ha profundizado la amarga división política entre los dos líderes más prominentes de una de las democracias más bulliciosas de Asia.
Los partidarios de la vicepresidenta han dicho que los legisladores violaron la constitución y las reglas del Congreso para forzar su juicio político y evitar que se postule en las elecciones presidenciales de 2028, cuando termine el mandato de seis años de Marcos.
Duterte, de 47 años, es hija del expresidente Rodrigo Duterte, quien fue arrestado en marzo y trasladado a Holanda para enfrentar cargos de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional.
El tribunal con sede en La Haya había ordenado el arresto del expresidente a través de Interpol, la organización policial global, después de acusarlo de cometer un crimen de lesa humanidad por las mortales represiones antidrogas que supervisó mientras estaba en el cargo.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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