"Tenía pánico a morir": Víctimas de violación en Brasil luchan para acceder al aborto legal

Río de Janeiro (AP) — Una brasileña de 27 años, que dijo que se quedó embarazada tras ser violada en marzo durante el Carnaval en Brasilia, debería haber tenido acceso a un aborto legal. Sin embargo, cuando alrededor de un mes después acudió a un hospital para interrumpir el embarazo, le dijeron que necesitaba un informe policial para acceder al servicio, a pesar de que no es un requisito legal.

Decidió abortar en su casa con medicamentos que compró en el mercado negro, con unas pocas amigas presentes para ayudarla.

“Me desmayé varias veces por el dolor. Tenía pánico a morir”, afirmó

The Associated Press no identifica sin su permiso a las personas que dicen haber sido víctimas de agresiones sexuales.

En Brasil, el aborto está restringido por ley a los casos de violación, a cuando existe un riesgo para la vida de la embarazada o si el feto no tiene un cerebro funcional. Teóricamente, cuando un embarazo es la consecuencia de una agresión sexual, la palabra de la víctima debería ser suficiente para acceder al procedimiento.

“La ley no requiere autorización judicial ni nada por el estilo”, explicó Ivanilda Figueiredo, profesora de derecho en la Universidad Estatal de Río de Janeiro. “Una mujer que quiere abortar relata la situación a un equipo multidisciplinario en la clínica de salud y, en teoría, eso debería ser suficiente”.

En la práctica, sin embargo, defensores, activistas y expertos en salud sostienen que las mujeres se encuentran con barreras significativas para poner fin a un embarazo incluso bajo los supuestos contemplados por la ley. Esto se debe a factores como la falta de instalaciones, las disparidades entre los protocolos de las clínicas e incluso las reticencias del personal médico.

“Los profesionales de la salud, citando convicciones religiosas o morales, se niegan a menudo a realizar abortos legales, incluso cuando trabajan en clínicas autorizadas”, apuntó Carla de Castro Gomes, socióloga que estudia el aborto e investigadora asociada en la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Pero también hay barreras geográficas: solo 290 instalaciones en apenas el 3,6% de los municipios del país, que tiene aproximadamente 213 millones de habitantes, ofrecen el servicio, según un estudio de 2021 de la revista científica Reports in Public Health.

En junio de 2022, cuatro organizaciones sin fines de lucro presentaron un recurso ante el Supremo Tribunal alegando que las restricciones al acceso al aborto violan los derechos constitucionales de las mujeres. El caso está actualmente en fase de tramitación.

“Sigue siendo tabú”

Una cajera de 35 años de una pequeña ciudad en el interior del estado de Río de Janeiro también dijo que quedó embarazada tras una violación.

Pero, a diferencia de la mujer en Brasilia, optó por abortar de forma legal por miedo a los riesgos que conlleva un procedimiento clandestino.

Aunque el Ministerio de Salud establece que, en el caso de embarazadas resultantes de agresiones, los profesionales sanitarios deben informar a las mujeres de sus derechos y apoyarlas en su decisión, la cajera contó que un comité del hospital se negó a interrumpir la gestación. Alegaron que estaba demasiado avanzada, aunque la ley brasileña no estipula un plazo límite.

Finalmente encontró ayuda a través del Proyecto Mujeres Vivas, una organización sin ánimo de lucro con sede en San Pablo especializada en asistir a las víctimas de violencia sexual a acceder a abortos legales. La ayudaron a localizar un hospital en otro estado, a 18 horas de viaje, dispuesto a realizar el procedimiento.

Gracias a una campaña de recaudación de fondos, la mujer pudo viajar y someterse a la operación a las 30 semanas de embarazo a finales de abril.

“Ya somos víctimas de la violencia y nos obligan a sufrir aún más”, contó en una entrevista telefónica. “Es un derecho garantizado por ley pero, desafortunadamente, sigue siendo tabú".

Las leyes del aborto de Brasil están entre las más restrictivas de América Latina, donde varios países —incluidos México, Argentina y Colombia— han promulgado amplias reformas para legalizarlo o despenalizarlo.

Este entorno legislativo se ve exacerbado por un panorama político en el que los representantes de la extrema derecha, apoyados por los votantes católicos y evangélicos que son mayoría en el país, tratan regularmente de restringir aún más las disposiciones previstas por el código penal.

En 2020, el gobierno del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro emitió una ordenanza que obligaba a los doctores a reportar a la policía a las víctimas de violación que buscaban abortar. El actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, revocó la medida en su primer mes en el cargo en 2023.

Pero la medida dejó efectos duraderos.

“Estos cambios terminan generando mucha incertidumbre legal entre los profesionales de la salud, que temen ser procesados por realizar abortos legales”, dijo Castro Gomes.

El año pasado, el legislador conservador Sóstenes Cavalcante propuso un proyecto de ley para equiparar la interrupción de un embarazo después de las 22 semanas con un homicidio, lo que provocó protestas generalizadas de colectivos feministas en todo Brasil. Las movilizaciones hicieron que la iniciativa fuese archivada.

Pero en noviembre, un comité de la Cámara de Diputados aprobó una propuesta de enmienda constitucional que prohibiría de facto el aborto al determinar la “inviolabilidad del derecho a la vida desde la concepción”. El proyecto de ley está actualmente en suspenso, a la espera de la formación de una comisión.

A principios de este mes, el alcalde de Río, Eduardo Paes, aliado de Lula, fue criticado por sancionar un proyecto de ley que exige que se coloquen carteles con mensajes antiaborto en hospitales municipales y otros centros de salud.

Los defensores dicen que el acceso al aborto pone de manifiesto importantes disparidades: quienes tienen recursos económicos evitan las restricciones legales viajando al extranjero para someterse el procedimiento, mientras que las menores y las mujeres pobres y las negras enfrentan mayores obstáculos.

Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, el 61,6% de las 83.988 víctimas de violación en 2023 tenían menos de 14 años. Un análisis estadístico realizado ese año por el medio de investigación The Intercept estimó que menos del 4% de las niñas de entre 10 y 14 años que se quedaron embarazadas como resultado de una agresión accedieron a un aborto legal entre 2015 y 2020.

En la favela de Maré, una de las comunidades de bajos ingresos más grandes de Río, la organización sin fines de lucro Redes de la Casa de las Mujeres de Maré proporciona a las mujeres información sobre sus derechos reproductivos, incluidas las disposiciones legales para un aborto.

Fue allí, durante un taller reciente, donde Karina Braga de Souza, una madre de cinco hijos de 41 años, se enteró de que el aborto es legal en ciertos casos.

“No tenemos acceso (a la información). Los médicos no te lo dicen”, afirmó.

Los grupos feministas en Brasil están haciendo campaña a nivel federal para mejorar el acceso al aborto legal.

El año pasado, la campaña de grupos feministas “Una niña no es madre”, logró que el Consejo Nacional de los Derechos de los Niños y Adolescentes adoptara una resolución que detalla cómo manejar los casos de menores víctimas de violación embarazadas. El organismo, compuesto por ministerios gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, aprobó la resolución por una estrecha mayoría en diciembre.

Las activistas brasileñas buscan también mejorar el acceso al aborto forjando vínculos con organizaciones en el extranjero.

En mayo, miembros de grupos feministas brasileños como Ni en Prisión, Ni Muerta y Criola, se reunieron con una delegación de legisladores estatales estadounidenses, en su mayoría negros. El encuentro, organizado por el Centro de Igualdad de la Mujer, con sede en Washington, D.C., tuvo como objetivo fomentar la colaboración en estrategias para defender los derechos reproductivos, especialmente a la luz de la decisión de 2022 de la Corte Suprema de Estados Unidos que eliminó el derecho constitucional al aborto.

Mientras, las consecuencias para las mujeres que luchan por acceder a sus derechos son profundas.

La mujer de Brasilia que se sometió a un aborto en casa señaló que está sobrellevando la situación gracias a la terapia y al apoyo de otras mujeres, pero que los acontecimientos recientes la han traumatizado.

Al negárseles el acceso a un aborto legal, "nuestros cuerpos sienten mucho más dolor del que deberían", afirmó. "Cada vez que lo recuerdo, siento mucha rabia".

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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