Varias políticas migratorias de Trump han enfrentado demandas y fallos judiciales
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LA NACION
El presidente Donald Trump ha prometido expulsar a millones de personas de Estados Unidos mediante el mayor programa de deportación de la historia estadounidense. No obstante, su agenda migratoria enfrenta diversas pruebas en los tribunales del país.
Por ejemplo, una corte federal de apelaciones dictaminó la semana pasada que el gobierno de Trump no puede usar una ley de guerra del siglo XVIII para acelerar las deportaciones de presuntos pandilleros venezolanos, lo que probablemente llevará a un enfrentamiento en la Corte Suprema.
Varias de las políticas del presidente afectan a cientos de miles —si no es que a millones— de personas. Estos son algunos de los esfuerzos del gobierno de Trump que han sido objeto de escrutinio judicial:
El gobierno de Trump ha utilizado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a personas acusadas de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, con el argumento de que se trata de una fuerza invasora.
El gobierno deportó a personas que designó como miembros a una prisión de mala reputación en El Salvador, y argumentó que los tribunales estadounidenses no podían ordenar su liberación. La Ley de Enemigos Extranjeros solo se había utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas durante guerras declaradas: la guerra anglo-estadounidense de 1812 y las dos guerras mundiales.
Más de 250 de los hombres deportados por Estados Unidos a El Salvador fueron devueltos a Venezuela a principios de este verano en un complejo acuerdo negociado entre los tres países. Sin embargo, el litigio sobre el asunto continúa.
En el fallo del martes de la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito, dos jueces de un panel de tres jueces coincidieron con los abogados defensores de los derechos de los inmigrantes y los jueces de tribunales inferiores que argumentaron que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 no estaba destinada a ser utilizada contra pandillas como el Tren de Aragua.
Lee Gelernt, quien defendió el caso en nombre de la American Civil Liberties Union (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, o ACLU), dijo que el fallo frenó “la opinión del gobierno de que puede simplemente declarar un estado de emergencia sin ninguna supervisión de los tribunales”.
Pero Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, declaró que el presidente tiene la autoridad para “llevar a cabo operaciones de seguridad nacional en defensa de Estados Unidos y expulsar a terroristas”.
“Esperamos ser reivindicados en cuanto al fondo de este caso”, agregó.
El presidente Trump emitió una orden ejecutiva que intenta redefinir la ciudadanía por nacimiento bajo la 14ta Enmienda.
La Cláusula de Ciudadanía de la enmienda dice que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción estadounidense son ciudadanas.
El gobierno de Trump afirma que un niño nacido en Estados Unidos no es ciudadano si la madre no tiene estatus migratorio legal o si se encuentra en el país con autorización, pero de manera temporal, y el padre no es ciudadano estadounidense ni residente permanente legal.
Los estados que han demandado a causa de esta orden —Washington, Arizona, Illinois y Oregon— argumentan que ignora la redacción simple de la Cláusula de Ciudadanía, así como un caso histórico de ciudadanía por derecho de nacimiento de 1898. La Corte Suprema dictaminó que un niño nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano por el hecho de haber nacido en suelo estadounidense.
Una corte federal de apelaciones de San Francisco falló a finales de julio que la orden de Trump es inconstitucional, y confirmó la decisión de un tribunal inferior en Nueva Hampshire que bloqueó su aplicación a nivel nacional.
Deportaciones a terceros países
El gobierno de Trump expulsa y envía a personas a países con los que no tienen vínculos, incluidos El Salvador, en Centroamérica, y Sudán del Sur, en África.
Funcionarios de Trump han afirmado que estos inmigrantes a menudo fueron condenados por delitos violentos o provienen de países que no los reciben de regreso. Grupos de defensa presentaron una demanda este año en la que argumentan que se violan los derechos de las personas al debido proceso, y que se envía a inmigrantes a países con un largo historial de violaciones de derechos humanos.
A finales de marzo, un juez federal bloqueó temporalmente las deportaciones de personas a terceros países sin antes concederles el argumentar que ello pondrá en peligro su seguridad. Sin embargo, en junio, una Corte Suprema dividida detuvo esa orden, lo que permitió la rápida expulsión de inmigrantes a naciones que no son sus países de origen.
Los abogados de cinco hombres que fueron deportados al país africano de Esuatini, en julio, informaron el martes que han permanecido en prisión durante siete semanas sin cargos ni acceso a asistencia legal.
Los abogados de uno de ellos, el jamaiquino Orville Etoria, dijeron que su país de origen estaba dispuesto a aceptarlo de regreso.
Frenos a la aplicación de la ley migratoria en California
A principios de este año, las autoridades migratorias estadounidenses comenzaron a realizar redadas masivas en el sur de California y detuvieron en ellas a inmigrantes —en su mayoría latinos— en lugares como negocios de lavado de autos, tiendas Home Depot y paradas de autobús. Incluso, en ocasiones, arrestaron a ciudadanos estadounidenses también.
Esta práctica motivó una demanda por parte de grupos de defensa de inmigrantes que acusaron al gobierno de tener sistemáticamente como objetivo a personas de piel morena de la región.
El Departamento de Justicia ha argumentado que los agentes federales pueden considerar factores como la raza, la etnia y las ocupaciones en una zona que considera “de máxima prioridad para la aplicación de la ley”.
Un juez federal ordenó al gobierno detener esas tácticas en siete condados de California, incluido Los Ángeles, con el argumento de que violan la Constitución de Estados Unidos. Una corte federal de apelaciones confirmó la orden temporal del juez.
El gobierno de Trump presentó una petición de emergencia a principios de agosto en la que solicita a la Corte Suprema que suspenda el fallo del tribunal inferior, y D. John Sauer, el procurador general, argumentó que pone una “camisa de fuerza” a los agentes federales.
Estatus de Protección Temporal
El gobierno de Trump ha buscado poner fin a los programas que ofrecen autorización legal, pero temporal, para personas que viven y trabajan en Estados Unidos si las condiciones en sus países de origen se consideran inseguras.
Estos esfuerzos han dado lugar a demandas en todo el país que afirman que más de 1,5 millones de personas se encuentran bajo lo que se conoce como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), o bajo el permiso humanitario o de beneficio público significativo para extranjeros —o programa probatorio humanitario. El TPS permite a las personas que ya residen en Estados Unidos permanecer y trabajar legalmente por hasta 18 meses si sus países de origen son inseguros debido a disturbios civiles o desastres naturales. El estatus puede renovarse repetidamente.
Más de 500.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela viven en Estados Unidos bajo el programa probatorio humanitario, que permite a personas de países que están en guerra o donde hay inestabilidad política entrar y vivir temporalmente en Estados Unidos.
Para calificar, tuvieron que volar a Estados Unidos con sus propios medios y contar con un patrocinador financiero. Para la mayoría de las personas, la designación tiene una duración de dos años.
En mayo, la Corte Suprema permitió al gobierno de Trump revocar el TPS y las protecciones del programa probatorio humanitario mientras procedían las demandas. Como resultado, es posible que las personas que contaban con esas protecciones puedan ser deportadas antes que se completen los procesos legales.
El viernes, el juez federal de distrito Edward Chen restableció las protecciones del TPS para 1,1 millones de venezolanos y haitianos, al fallar que Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, carecía de autoridad legal para revocar las prórrogas otorgadas durante el gobierno de Joe Biden.
En agosto, la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito lo respaldó en una apelación relacionada.
En la costa este del país, la Corte Federal de Apelaciones del 1er Circuito decide si ratifica la orden de un juez de Boston que suspende la cancelación de los programas probatorios humanitarios para aproximadamente 430.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Deportaciones por la vía rápida
El Departamento de Seguridad Nacional anunció en enero que expandía el uso de la deportación acelerada, un proceso de deportación por la vía rápida para migrantes que ingresaron al país sin autorización y que han estado en el país menos de dos años.
Este proceso permite su deportación sin necesidad de comparecer ante un juez.
Antes del segundo mandato de Trump, la deportación acelerada se aplicaba únicamente a migrantes detenidos a menos de 160 kilómetros (100 millas) de la frontera y que llevaban menos de 14 días en Estados Unidos.
Este cambio ha desatado demandas por parte de la ACLU y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes. A finales de agosto, la jueza federal de distrito Jia Cobb bloqueó temporalmente la expansión del gobierno y sugirió que viola el derecho de las personas al debido proceso.
A principios de agosto, en otro caso, Cobb estuvo de acuerdo en bloquear temporalmente los esfuerzos del gobierno para ampliar las deportaciones exprés de inmigrantes que entraron legalmente a Estados Unidos bajo el permiso humanitario o de beneficio público significativo para extranjeros.
Cobb dijo que la “pregunta subyacente” del caso es si las personas que escaparon de la opresión tendrán la oportunidad de “defender su caso dentro de un sistema de reglas”.
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