Unificar la ley de tránsito para lograr más seguridad

La seguridad vial es un aspecto que preocupa mucho en la Argentina. La cantidad de víctimas producto de los siniestros viales es muy alta, y cuesta demasiado reducirla así como reducir la cantidad de accidentes. ¿Los factores? Varios, y van desde la inconsciencia de los conductores, pasando por el mal estado de algunas rutas, la falta de controles efectivos y el no involucramiento estatal para hacer regir las leyes correspondientes.

Claro que no es una problemática que sólo se sufre en nuestro territorio. A nivel global, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la siniestralidad vial es la primera causa de muerte entre niños de 5 a 14 años y en adultos de 15 a 29 años. El primer grupo, el de los niños, es un aspecto que está demasiado relegado en nuestro país y que podría mejorarse en buena medida con una correcta acción estatal.

Gran parte del problema vial en la Argentina radica en el federalismo que existe en torno a la normativa de tránsito, debido a que la Constitución Nacional de 1853 delegó en cada una de las provincias su adaptación y aplicación, y en ninguna de las reformas que se hizo (incluida la de 1994) esto fue modificado.

Esto hace que cada provincia, departamento o localidad, sea casi un país independiente, pudiendo dictar su propia ley o no hacer efectiva una ya existente. "En materia de legislación tenemos un hermoso país en cada una de las provincias, más el caso específico de Córdoba, por ejemplo, que cuenta con más de 400 legislaciones según la localidad", contó a La Nacion Axel Dell’Olio, licenciado en Prevención Vial y Transporte.

Esta situación conlleva enormes dificultades en el día a día sobre competencias: qué jurisdicción emite las licencias, genera las multas, realiza los operativos de seguridad vial o autoriza a los vehículos de transporte público. "El ejemplo más claro es la llegada de Uber, que pone en evidencia que el tránsito es tierra de todos y de nadie al mismo tiempo y esto genera violencia en la sociedad", agregó Dell’Olio, quien también tiene a su cargo la Asociación para la Disminución de Siniestros Viales (Adisiv) y es gerente de Safety Group.

Un claro y lamentable ejemplo del abuso del federalismo en la problemática vial se produce en los sistemas de retención infantil (SRI). El 25 de mayo último publicamos en este suplemento una nota al respecto. En ella se informó que en enero de 2018 entró en vigor en nuestro país la modificación a la Ley de Tránsito 24.449 la cual establece que desde su aprobación el uso del SRI es obligatorio en todos los niños hasta 12 años, inclusive, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hasta los 10 años en Rosario y Santa Fe, los tres lugares, junto con Neuquén que se involucraron en dicha regla.

Ahora bien, ¿por qué el resto de los estados no se hicieron eco para hacer cumplir esta normativa? Porque está mal realizada y sus especificaciones no son claras, lo que provoca que, nuevamente, entre el federalismo en acción y las exigencias varíen desde legislaciones débiles que requieren solamente que los menores viajen sólo en los asientos traseros, hasta aquellas que señalan que los menores de 10 años deben viajar al asiento trasero con el sistema de retención infantil homologado "al efecto" tal y como indica la normativa nacional mediante el Decreto N° 32/18 modificatorio de las leyes nacionales 26.363 y 24.449, es insuficiente, no guarda rigor técnico y es subjetiva. Por lo tanto, es inaplicable.

Si bien son números, éstos asustan. Durante la Semana Santa de 2016, del 24 al 27 de marzo, se realizó un estudio de campo en conjunto entre la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Adisiv (miembro de Safe Kids Worldwide en la Argentina) sobre dos puntos de acceso y egreso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en las estaciones de peaje de las autopistas Illia y Perito Moreno), por ser el distrito más importante del país.

El estudio se realizó mediante planillas de datos diseñadas específicamente por la Adisiv, para que el personal de manera ágil e inequívoca determine la posición de los niños transportados en los vehículos e identificar si utilizaban o no SRI.

Sobre un total de 8702 vehículos relevados, se observaron 2436 niños distribuidos en 1727 vehículos. De ellos, un 12% lo hacía en asientos delanteros. Si se toma en cuenta que las observaciones se realizaban sobre niños de aproximadamente 5 años, se puede comprender el gran peligro al que estaban expuestos y la inacción del estado, ya que ninguno de los vehículos que se detuvieron en el peaje fueron advertidos por alguna autoridad.

Otro dato significativo fue que el 43% de niños que viajaban en los vehículos lo hacían con cinturón de seguridad sin ningún tipo de SRI de grupo 2 o 3 (es decir, booster). El 37% no iba con ningún tipo de sujeción y solamente el 19.3% utilizaba SRI. Como conclusión, este estudio demuestra que el 80,7% de los niños observados circulaba de manera insegura en los vehículos.

¿Qué pasa en los taxis o remises?

No existe en el país localidad alguna que exija el uso de SRI en taxis o remises. Claro está que es el estado quien debe brindar y asegurar ese derecho. Lógicamente, y atendiendo a uno de los reclamos realizados de parte de los respectivos gremios, no se pretende que el 100% de los vehículos cuenten con el sistema.

Sin embargo, una de las propuestas presentadas desde Adisiv y que está enmarcada en el programa Mamás y Niños Seguros, es, por norma y reglamentación local, exigirles a los radio taxi y a los remises que en función de la totalidad de sus vehículos un pequeño porcentaje de sus "asociados" lleve al menos un SRI de grupo 1, 2, 3. De ese modo, al solicitar telefónicamente el vehículo se puede informar al operador que viaja con un niño de determinada edad y éste tenga la opción de ofrecerle un vehículo, que podrá quizás tardar más tiempo en llegar por la ubicación, pero que sin dudas será más seguro.

¿Y en los transportes escolares?

Ningún transporte escolar en la Argentina lleva a los niños en un SRI. Es más, las leyes locales no exigen siquiera cinturones de tres puntos en este tipo de buses, a excepción de algún esbozo legislativo en CABA que habla de obligación de uso de SRI, lo que reafirma que es necesario que el estado en su conjunto comprenda y sepa que, por ejemplo, un niño de 5 años no solamente no debe utilizar un cinturón de seguridad sin algún tipo de adaptación, como es un SRI, y los SRI de grupo 3 (cual le corresponde al niño del ejemplo en cuestión) bajo ningún concepto se pueden ajustar con cinturones de dos puntos. Para su simple solución, la firma española Euraslog creó un sistema que se acopla y es ajustable a la butaca del colectivo y mediante ella los niños de entre 15 y 27 kilos son sujetados con arneses de 5 puntos –que no dañan los órganos blandos–, que se puede utilizar en todos los transportes. El producto está homologado desde 2015 y para su utilización sólo hace falta una decisión estatal que así lo indique.