Ciudad: una disputa entre el Partido Socialista y socialistas K deja sin casa propia a más de 50 familias

Invirtieron todos sus ahorros para llegar a la casa propia, pero una disputa entre diversas corrientes de un partido político les truncó el sueño. Pidieron préstamos, ayuda a familiares, vendieron propiedades más chicas y, sin saberlo, cayeron en una trampa inmobiliaria que los tiene rebotando de alquiler en alquiler o viviendo en casas prestadas por la paralización de la obra de un edificio en Saavedra que debería haber estado lista hace ya varios años. Son más de 50 familias que hoy reclaman que se levante una medida cautelar para que la empresa constructora finalice la obra, aunque para hacerlo, quizás deban endeudarse aún más.

La historia es una consecuencia de las divisiones internas del Partido Socialista (PS) en la que interviene la Sociedad Anónima Editora La Vanguardia dedicada, desde su creación en 1923, a la publicación de libros, periódicos y revistas de la agrupación fundada por Juan B. Justo en 1896. Y tiene como centro dos propiedades, de las que el partido tiene en todo el país, comercializadas en la ciudad de Buenos Aires por La Vanguardia y reclamada, tiempo después, por el socialismo. Además de los propietarios, en medio de este enfrentamiento hay otro protagonista: Zentrum Developers, la empresa constructora del edificio, ubicado en Crisólogo Larralde 2491, bajo el nombre de CM Emprendimientos.

¿Qué ocurrió? En 2014 CM comenzó la obra y las ventas en pozo después de adquirir el terreno a La Vanguardia, que en ese momento se presentaba como la propietaria del inmueble. La operación se realizó con toda la documentación legal que establece este tipo de transacción, escribano mediante. Pero ya con la obra atrasada y sin cumplir los plazos estimados de entrega, el PS se presentó ante la Justicia para reclamar la titularidad de la propiedad por saberse dueña del mismo. Los propietarios de los departamentos de uno, dos y tres ambientes, que pagaron desde 120.000 hasta 340.000 dólares, se enteraron del conflicto años después; incluso algunos compraron la vivienda cuando ya estaba abierta la causa judicial.

“Algunos propietarios iniciaron una demanda al desarrollador porque no cumplió con los plazos. Hay gente que está alquilando o sobrellevando la situación con ayudas de sus familias porque todos volcaron sus ahorros allí. El 18 de mayo está prevista una audiencia, solicitada por los propietarios, para encontrar una solución, una mediación. Nosotros pretendemos que se termine el edificio para poder vivir allí”, explicó Alberto Furgiuele, uno de los damnificados.

El PS envió un recurso de queja a la Cámara Electoral que no le dio curso por una cuestión de competencia, y el partido recurrió entonces a la Corte Suprema solicitándole que se expida sobre la titularidad del inmueble en conflicto. Por el momento, la discusión se da en el Juzgado Civil 101 de la ciudad de Buenos Aires, donde se convocó a las partes interesadas.

Además del edificio en Saavedra, hay otro inmueble con la misma problemática, en la avenida Rivadavia 2150, donde funcionó la Casa del Pueblo Socialista, construida en 1927 y destruida por un incendio en 1953. “Frenamos la construcción de una torre en el predio de la Casa del Pueblo usurpada por un grupo de afiliados que abandonaron el partido y se sumaron al kirchnerismo, que los protegió para hacer negocios inmobiliarios”, había dicho, en 2018, el referente socialista, Roy Cortina, en declaraciones periodísticas.

Una de las propuestas de los propietarios, si se resuelve la cuestión de fondo, es crear un fideicomiso para terminar la obra paralizada. Para eso deber poner otro puñado de dólares de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados que hayan comprado. El edificio se encuentra completado en un 70% con los trabajos de yesería, ventanas y carpintería hasta el octavo piso de los 15 totales. “Hay que hacer un esfuerzo compartido con los propietarios para terminar la obra. Mi compromiso es aportar todo lo necesario para avanzar aunque hoy la traba que puso el Partido Socialista es el principal impedimento porque tomaron de rehén el edificio”, explicó el arquitecto Néstor Curlangd, uno de los propietarios de Zentrum Developers.

“Cuando compramos el terreno a La Vanguardia se hizo con todos los avales, todos los papeles legales y no había ninguna inhibición, pero en 2017 apareció el Partido Socialista que decía que no se podía avanzar en la construcción. También nos perjudicó la situación del mercado inmobiliario y no pudimos generar recursos para continuar con la obra aunque se siguió trabajando hasta el 20 de marzo cuando comenzó la cuarentena. No tuvimos la capacidad económica para avanzar al ritmo que pretendían los propietarios, pero también la cautelar fue un impedimento”, se excusó Curlangd.

Los propietarios

Impotencia, ansiedad, tristeza y bronca acompañan a los propietarios desde hace años. Como a Camila Lenzi y Gonzalo Pereyra que pusieron el ahorro de varios años y fueron perdiendo las esperanzas de encontrar una solución. “Más allá de las irregularidades del constructor, es un tema de intereses del que somos víctimas. Lo que más afecta es haber puesto todos los ahorros en algo propio y que todo esté parado por un problema ajeno a nosotros”, dice Camila. Con su pareja aportaron 130.000 dólares en 2017 con la promesa que en ocho meses se mudarían al departamento nuevo. A partir de ese momento, se vieron obligados a alquilar en tres sitios diferentes.

Frustración. Otro sentimiento de los damnificados al ver un edificio desnudo, sin avances y con un panorama incierto por delante. “Nos fuimos enterando de a poco de la causa judicial. Cuando lo compré no sabía nada ni me lo informaron desde la constructora; si hubiese sabido, no compraba nada”, reconoce Santiago Xu, que en 2017 entregó más de 200.000 dólares por la promesa de un tres ambientes. “Estoy tratando de contener bronca y enfocarme en encontrar la solución. Si hay que poner más plata, saldré a golpear puertas y pedir prestado. Esto es una locura, ya empiezo a pensar que voy a perder todo”, admite.

¿Qué explicación dan las otras partes involucradas? El Partido Socialista reconoce que el terreno de Crisólogo Larralde estaba a nombre de La Vanguardia, pero porque cuando se creó el partido esa fue la solución que se encontró para administrar las propiedades que se adquirían con los aportes de sus afiliados: poner a nombre de la sociedad editora todo lo que se iba comprando. “Ese instrumento dejó de tener efecto con la división del partido, y La Vanguardia quedó caduca hasta que un grupo de socialistas K [kirchneristas] se hicieron del control vendieron las dos propiedades en litigio”, argumentó Aldo Gallotti, apoderado del PS.

A partir de eso, explicó Gallotti, el partido inició una acción legal contra La Vanguardia y planteó “que existió una connivencia con la constructora que prometió ofrecer metros cuadrados en compensación por la cesión del terreno” a la sociedad editora. “Nosotros pedimos la restitución de los bienes, sobre todo el de Rivadavia, aunque hay otros caminos posibles por el de Saavedra. Son bienes del Partido Socialista que se vendieron a espaldas del partido”, amplió el abogado.

En un comunicado enviado a LA NACION, La Vanguardia ofreció su explicación al origen del conflicto. “En 2018, infundada e intempestivamente, una facción política que reclama la representación de un nuevo Partido Socialista, fundado en 2002, interpuso una acción de amparo impugnando la designación del directorio de la sociedad y solicitando cautelarmente la paralización de la obra de construcción del edificio que esta desarrollaba desde 2013 en un predio de su propiedad y en convenio con una reconocida empresa constructora”, sostiene. “De este modo, una facción política pretende apoderarse de bienes ajenos, perjudicando no solo a los propietarios y desarrolladores sino sobre todo a los adquirentes de buena fe”, agrega.

A pesar de mostrar acercamientos en las posturas, que durante años se encontraban en las antípodas, las corrientes del socialismo pueden tener la solución a mano para que los propietarios pueden acceder, de una vez por todas, a sus viviendas. Muchos de ellos saben que deberán hacer otro esfuerzo económico para ver finalizada la obra.