La Ciudad demandó al Metro de Madrid por la venta de vagones de subte con asbesto
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LA NACION
La Ciudad, a través de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), demandó ante la Justicia española al Metro de Madrid por la venta de vagones con asbesto, un material cancerígeno, y pidió un resarcimiento de 15 millones de euros.
En la demanda -de 84 páginas, a la que tuvo acceso LA NACION- asegura que la venta de 36 vagones CAF 5000, destinados a la línea B del subte porteño, fue "una actuación incalificable, ilícita, irresponsable y de mala fe" por parte del Metro de Madrid.
La operación se produjo en 2011, cuando Sbase adquirió los trenes de segunda mano, que habían sido fabricados en los años 70, época en la que el asbesto o amianto, un elemento utilizado como aislante, estaba permitido.
En febrero de 2018 salió a la luz en España que ese modelo de coche tenía piezas con asbesto, hoy prohibido en más de 50 países desde hace casi 20 años y en la Argentina desde 2001, y que un operario que trabajaba con esa flota había sido diagnosticado con cáncer. Con el correr del tiempo, murieron tres operarios españoles.
Para la misma fecha, empezaron en Buenos Aires las denuncias de los metrodelegados por la posible presencia de ese mineral cancerígeno en los coches CAF 5000 incorporados a la línea B, una de las más utilizadas. Y, en diciembre pasado, Sbase confirmó el hallazgo de asbesto en distintos componentes de esa flota.
Los trabajadores del ramal decidieron someterse a estudios médicos que, en agosto, concluyeron que al menos cinco personas padecen una patología pulmonar originada por exposición al asbesto y a otras fibras, llamada neumoconiosis; se trata de placas pleurales, una inflamación sobre la membrana que recubre las paredes de la cavidad torácica y los pulmones. Los afectados, según anunció la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp), ya suman 13 y son principalmente mecánicos de los talleres Rancagua y Villa Urquiza de la línea B.
"Desde que trascendió en España la presencia de asbesto en los CAF 5000 sacamos los trenes de circulación inmediatamente. Formamos una comisión técnica con áreas de Salud del gobierno porteño y los trabajadores para acompañarlos en este proceso. Además, encaramos un plan de desasbestización en conjunto con ellos", recordaron ayer fuentes oficiales.
La demanda, radicada en el Juzgado de Primera Instancia Nº 101 de Madrid, se impulsa por "nulidad contractual de pleno derecho y subsidiario incumplimiento de contrato con reclamación de daños y perjuicios". La Ciudad entiende que, para 2001, la comercialización de unidades con ese material estaba prohibida tanto en España como en la Argentina, y el vendedor no realizó ninguna advertencia expresa acerca de la presencia del material cancerígeno. Pidió el resarcimiento de 15 millones de euros por "la justa reparación de los evidentes y cuantiosos daños y perjuicios provocados como consecuencia de estos hechos".
"Coste reputacional"
Según manifestó el representante legal de Sbase, la compañía tuvo "un grave coste reputacional" desde que se conoció la presencia de asbesto en las formaciones de la línea B, lo que produjo reiteradas protestas de trabajadores y quejas de los usuarios.
La denuncia también alega que el Metro de Madrid conocía desde hace años la presencia de amianto en el material rodante que vendió y que, cuando Sbase pidió información al respecto, la compañía se deslindó de sus responsabilidades culpando al fabricante.
Además, recuerda que las formaciones debieron pasar por un proceso de "adaptación" para poder circular en las vías del subte porteño y que tampoco en esa instancia se hizo mención a la presencia del material cancerígeno ni se recomendó su extracción.
Para Sbase, el Metro de Madrid no vendió formaciones "con determinados defectos", sino que comercializó un material rodante que era "inviable" para la finalidad del contrato, lo cual llevaría a un incumplimiento de las obligaciones por parte de la compañía española.
Según informó la agencia de noticias española EFE, el Metro de Madrid dijo ayer que aún no había recibido la notificación de la demanda, por lo que desconocía sus términos, pero garantizó que colaborará con la Justicia aportando toda la información y la documentación que sea necesaria para el proceso.
"Con esta denuncia, la Ciudad se está cubriendo. Es la consecuencia lógica de las declaraciones del presidente de Sbase [Eduardo de Montmollin], que admitió que la documentación técnica que acompañaba la venta, los manuales de los vagones, decía que los coches tenían asbesto. Y admitió que los ingenieros podían no haber leído los manuales. Lo que deberían haber hecho es pedir un certificado de libre asbesto, pero no lo hicieron. Todo esto será seguramente materia de otro juicio, pero acá", evaluó ayer Roberto Pianelli, secretario general de la Agtsyp. El gremialista recordó que ya existen dos causas contra funcionarios porteños por la compra de esos vagones, porque no eran aptos para la red porteña -las formaciones debieron ser adaptadas- y porque se pagaron, según los denunciantes, a precios desmesurados. "Todo el proceso está cuestionado", agregó Pianelli.
De Montmollin argumentó oportunamente: "Asumimos que si en la documentación figuraba algo, el Metro de Madrid había tomado ya partido o había tomado medidas, y que lo que nos estaban vendiendo ellos estaban en condiciones de poder venderlo". Ayer, desde el gobierno porteño retomaron esos fundamentos al ser consultados sobre qué posibilidad de prosperar tenía la denuncia, cuando la presencia del asbesto constaba en la documentación técnica adjuntada en la venta.
"El manual puede decir cualquier cosa, el vendedor es el responsable de que lo que vende se adecue a la legislación tanto de origen como de destino. El Metro tendría que haber retirado esas piezas para poder vender los trenes (las leyes en España ya estaban vigentes) e informado fehacientemente al comprador (si hubieran hecho esto la compra no se hacía)", respondieron.
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