Demanda colectiva: las bibliotecas populares de la Conabip piden que la Justicia rechace el decreto 345
Se solicitó una medida cautelar para frenar los efectos de varios artículos de esa normativa, que dejaría al organismo sin su autonomía
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LA NACIONDaniel Gigena
Esta semana, las bibliotecas que integran la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) presentaron ante la Justicia una demanda colectiva de inconstitucionalidad del decreto 345/25 anunciado por el Gobierno en plena Semana de Mayo, primero por el vocero Manuel Adorni y luego por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Si este se aprueba, la Conabip -creada en 1870 por el presidente Domingo F. Sarmiento- dejará de ser un organismo desconcentrado, sin autonomía, en la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli.
Según la demanda, el decreto vulnera la Constitución Nacional, desconoce el derecho colectivo a participar en la vida cultural y desmantela el modelo federal de gestión que desde hace décadas regula la Conabip.
En la demanda se solicita una medida cautelar para frenar los efectos que generan los artículos 2°, 8°, 9°, 10° y 20° del decreto 345, publicado en el Boletín Oficial el 22 de mayo. Acompañada por bibliotecas de la red de la Conabip, la “acción declarativa de inconstitucionalidad colectiva” fue presentada por María Nieves Dalponte Ayastuy, presidenta de una biblioteca popular de Gonnet (Túpac Amaru, ubicada en calle 9, casa 17 del Barrio 32), con el patrocinio del doctor Andrés Gil Domínguez.
“Se cuestiona el decreto 345/25 porque cambia de manera regresiva el sistema de la Conabip, al violar el derecho colectivo de acceso a la cultura de forma universal e incluso la propia ley Bases, donde se establece que no se pueden disolver los organismos vinculados a la cultura -dice Gil Domínguez a LA NACION-. Al sustituir un modelo de gestión federal y participativo por otro de gestión vertical, unitario y concentrado, disuelve un órgano de cultura tal como estaba estructurado”.
Los demandantes tienen altas expectativas con esta acción judicial. “Este decreto es nulo de nulidad absoluta por violar la ley Bases y es anticonstitucional e inconvencional por violar derechos fundamentales y colectivos en términos de acceso a la cultura”.
El Tribunal Federal n° 2 de La Plata debe analizar la medida cautelar colectiva y definir si suspende la aplicación del decreto mientras se resuelve la cuestión de fondo, informó Gil Domínguez a LA NACION.
En el escrito, se indica que el decreto no solo excede las facultades delegadas por el Congreso en la ley Bases (que en el artículo 3° protege a los organismos culturales), sino que además incurre en regresividad institucional, al violar artículos de la Constitución Nacional y tratados internacionales.
“Con la acción judicial estamos denunciando colectivamente que lo que se intenta es centralizar la gestión despojando de federalismo a un movimiento que tiene 150 años”, dijo Dalponte. El actual presidente de la Conabip es el bibliotecólogo y editor Raúl Escandar.
Representantes de bibliotecas populares consultados por LA NACION señalaron que el Gobierno, al disolver el consejo federal del organismo (y reemplazarlo por un consejo asesor de miembros designados “a dedo” por el secretario de Cultura), podría habilitar un manejo discrecional del Fondo Especial de Bibliotecas Populares. Además, se perdería la información que brindan los delegados federativos desde las provincias. Con la aprobación del decreto, un modelo de gestión federal, descentralizado y participativo se volvería centralizado, vertical y burocrático, se advierte en la demanda.
Sarmiento creó la Conabip en 1870, mediante la ley 419. La ley 23.351 de 1986, sancionada durante la presidencia de Raúl Alfonsín, forjó un modelo de gestión asociativa entre el Estado y las bibliotecas populares como organizaciones de la sociedad civil. Y en 2005, el presidente Néstor Kirchner incorporó el organismo al presupuesto nacional. En el país, hay más de 1500 bibliotecas populares en unas 1200 localidades que prestan servicios a más de cuatro millones de personas, con la asistencia de 30.000 voluntarios.
En el Congreso, el pleno de la Cámara de Diputados podría rechazar los decretos 345 y 346. Esta semana responsables de bibliotecas populares solicitaron por redes sociales y mail al diputado radical Pablo Juliano que incluya el tratamiento del decreto 345 en la sesión especial del 2 de julio, donde podría ser rechazado.
En diálogo con este diario, Juliano, del bloque Democracia Para Siempre, no descartó la posibilidad de que ese día se traten ambos decretos (repudiados por el ámbito cultural) y que, en caso contrario, se debatirían en otra sesión especial, en julio. En su cuenta de X, la diputada Margarita Stolbizer afirmó que el Gobierno, con los decretos 345 y 346, “degrada la CONABIP creada por Sarmiento” y “convierte institutos nacionales en oficinas obedientes de su gobierno”. Años atrás, diputados hoy oficialistas se habían pronunciado con vehemencia en defensa de la Conabip.
Al ser publicado el decreto, la Red Internacional de Bibliotecas Populares difundió un comunicado que contó con el apoyo de más de cinco mil personalidades de la cultura, como Santiago Kovadloff, Claudia Piñeiro, Leila Guerriero, León Gieco, Diana Bellessi, Guillermo Martínez, María Rosa Lojo y Alan Pauls.
Escritores y artistas difundieron la demanda en redes sociales y la Unión de Escritoras y Escritores emitió un comunicado: “El mencionado decreto pretende administrar unipersonalmente el Fondo Especial que posee la Conabip y eliminar la representación federal, algo que alertamos cuando se presentó la Ley Bases. Debido a ello, la demanda expresa que la arbitraria norma […] es otra acción más de un gobierno irrespetuoso de las mayorías […] que toma decisiones que solo las perjudican”.
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