El gobierno bonaerense dice que sancionará a los culpables

LA PLATA.- El ministro de Justicia bonaerense, Carlos Soria, se comprometió a encabezar una profunda investigación para dar con los policías responsables de los incidentes ocurridos el sábado último en el encuentro que disputaron Quilmes y Nueva Chicago, que dejó un saldo de 40 heridos como consecuencia del impacto de las balas de goma disparadas por la policía bonaerense.

Soria recibió del Consejo de Seguridad los informes sobre los actos de violencia sucedidos en el estadio de Quilmes, mientras que el Instituto Bonaerense del Deporte estudia la posibilidad de clausurar el mencionado estadio, como así también el de Banfield, donde también hubo incidentes que obligaron a suspender el partido entre el local y Los Andes. Si esto sucede, Quilmes y Banfield actuarán a más de 100 kilómetros de sus estadios.

Si la decisión no encuentra respuesta en la Justicia, el organismo provincial estaría dispuesto a aplicar sanciones aún más graves, como la suspensión del fútbol en la provincia de Buenos Aires.

¿Por qué se llegaría a esto? Porque los clubes ya encontraron la vuelta legal para evitar la inhabilitación de los estadios por los incidentes provocados por sus hinchadas en calidad de visitantes. La trampa legal fue descubierta por Estudiantes, que invocó la inconstitucionalidad de la ley 11.929, porque ésta no pena con la clausura de los estadios a los clubes que generan incidentes en canchas ajenas.

Estudiantes logró la suspensión del castigo gracias al fallo del juez de Garantías Guillermo Ezkuenazi, y esto obligó a que el Comité de Seguridad Deportiva bonaerense presentara una apelación en la Suprema Corte de Justicia, para que se anule lo actuado por el juzgado platense y se dé cumplimiento a lo dispuesto oportunamente. No hubo caso y, finalmente, Estudiantes jugó en su estadio.

Una presentación similar a la de Estudiantes realizaron Tigre, en un juzgado de Morón, y Defensores de Cambaceres, en otro de la Plata, pero ambas fueron rechazadas por los jueces por considerar que la provincia o los municipios en casos relacionados con la seguridad pueden ejercer la facultad de control de la policía sin la intervención de la Justicia. Tanto Cambaceres como Tigre jugaron a 100 kilómetros de casa.

Ayer, ni Víctor Sergio Groupierre, titular del Instituto Bonaerense de Deporte, ni Mario Gallina, aún relacionado con el Comité de Seguridad Deportiva, hicieron declaraciones. Uno y otro se excusaron con la misma frase: "Que la opinión la dé la Justicia", dijeron fastidiados por la actitud de los dirigentes que se resisten a erradicar la violencia.

Según se conoció, el malestar de los funcionarios se debe a que los clubes recurren a "jueces partidarios" para sacar ventajas, como pasó con Quilmes, con la jueza Irigoyen, o con Racing, con el juez Raúl Calvente, de Lomas de Zamora.

Mientras las trampas hacen posible ciertas ventajas, el vicepresidente de Quilmes, José Luis Meiszner, no ocultó su bronca entre tantas idas y venidas: "Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias para encontrar a los culpables. Sólo digo que el Instituto Bonaerense de Deporte debe fijarse más en cómo actúa la policía y no en clausurar los estadios".

Por Por Salvador Santalucita <br/> De nuestra Agencia

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