La Justicia ordenó detener a De Stéfano, Otero y Lalín

La causa "Administración Fraudulenta, Víctima Racing Club", que se tramita en el Juzgado de Garantías Nº 1 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Tomás Bravo, produjo ayer su impacto más fuerte: el magistrado dispuso la detención de los tres últimos presidentes del club, Daniel Lalín, Osvaldo Otero y Juan De Stéfano, y de otras 26 personas vinculadas con la institución durante sus gestiones para tomarles declaración indagatoria en virtud de las pruebas aportadas por el fiscal Manuel Barreiro, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3.

La lista completa de implicados, con el delito imputado en cada caso, es la siguiente: Juan De Stéfano, Daniel Sánchez y Adrián De Stéfano (administración fraudulenta), Osvaldo Otero, Ricardo De Anna, Hernán Basílico, Jorge Solezzi, Luis Cereijo, Jorge Alvarez, Daniel Lalín, Luis Buchner, Eduardo De María, Eduardo Fasulino, Antonio Capa, Federico Polak, Carlos Melconian, Antonio Cerrella, Norberto Gnecco, Walter Higinio García, Adolfo Allona, Miguel Surace, Rubén Vieyra, Oscar Savettieri, Fernando Bosco, Gustavo Propato (administración fraudulenta en concurso real con quiebra fraudulenta), Ernesto Spolsky, Alejandro Pignaranda, Marcela Bradich, Juan Ramón Fernández Metol (administración fraudulenta en grado de partícipes necesarios).

Ayer por la tarde, el magistrado había rechazado los pedidos de eximición de prisión presentados por Otero, De Stéfano y Solezzi.

La decisión del juez se originó en el informe elevado por Barreiro tras una investigación abierta en mayo último; a criterio del fiscal, existe documentación probatoria suficiente para procesar a los acusados.

Los involucrados serán detenidos en las próximas horas y declararán ante el juez, que sobre la base de esto definirá si existen méritos suficientes para procesarlos e, incluso, dictarles prisión preventiva.

De determinarse los procesamientos, la causa pasará a un tribunal oral, que será el que en definitiva decida las penas, si caben, a los implicados. Las condenas por fraude van desde uno hasta seis años y son excarcelables por fianza real o declaración jurada, según la gravedad del delito. Como la investigación no se detiene, otro pedido de Barreiro fue la ampliación del informe realizado por la AFIP sobre movimientos patrimoniales de varios dirigentes, empresas y particulares.

Enterado de la novedad, Lalín, a quien ayer se le negó permiso para viajar a los Estados Unidos, comentó: "Estoy mal por esta decisión judicial, pero lo importante es que la Justicia diga quiénes son los culpables de lo mal que se actuó en Racing. No voy a tener problemas". De Stéfano, por su parte, indicó: "Todos los hechos que se mencionan ocurrieron en el gobierno de Otero. Yo estoy a disposición de la Justicia": A raíz de esta causa, la comisión fiscalizadora del club de Avellaneda le presentó tiempo atrás un escrito al juez de la quiebra, Enrique Gorostegui, en el que se le pide que se determine "el importe a indemnizar por los perjuicios causados por los representantes de la fallida (el club)".

Las informaciones son contradictorias. Lo que es seguro es que la causa que se tramita en los tribunales de Lomas tendrá efectos en la quiebra de Racing. Jorge Seisdedos, asesor de la sindicatura, le dijo a La Nación : "Los créditos que se determinen como fraguados serán suspendidos, aunque el monto no se reducirá sensiblemente".

Sin embargo, en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3, que investiga, entre otras cosas, la quiebra fraudulenta, se cree que el proceso podría ser declarado nulo y que debería volver a foja cero. Además, hasta el propio juez Enrique Gorostegui estaría bajo la lupa, aunque su juzgamiento sólo puede determinarlo la Procuración de la Suprema Corte bonaerense.

Por Por M. Boso y A. Prestileo <br/> De nuestra Redacción

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