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Desbordado desde hace tiempo el endeble marco institucional que Racing podía ofrecer, los problemas del club resuenan en las más altas instancias del poder público. Y tras varios amagos, llegó una medida concreta: el gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, anunció que dispondrá la intervención de la entidad, por medio de un decreto.
El mandatario, reconocido hincha de Racing, dijo que ese instrumento legal estará listo a la brevedad, pero "no antes del lunes próximo". Como se sabe, por pedido de la Cámara de Apelaciones bonaerense, la Dirección de Personas Jurídicas tenía pendiente regularizar la situación institucional del club, que sólo estaba representado por una comisión directiva ad hoc ante el juez de la quiebra, Enrique Gorostegui, y la síndico Liliana Ripoll.
Ruckauf, que se resguardó de eventuales reclamos ("El Estado no deberá afrontar gastos", dijo), señaló que la Cámara se comunicó con la gobernación para que se designe un interventor.
Se busca, con la medida, consenso político para dar los próximos pasos: Ruckauf dijo a La Nacion que ya estuvo en contacto con el presidente, Fernando de la Rúa; el vicepresidente Carlos Alvarez; el titular de la UCR, Raúl Alfonsín, y el intendente de Avellaneda, Oscar Laborde. Y definió los pilares de su determinación: "Las atribuciones al respecto del Poder Ejecutivo provincial, por tratarse de una asociación civil, la preservación de la fuente de trabajo y una cuestión afectiva".
En este punto de la dilatada, confusa y agotadora historia de la crisis del club, ¿qué significa esta novedad? Como se sabe, cuando Racing entró en quiebra, quien entonces lo presidía, Daniel Lalín, continuó con funciones residuales que, tras su paso al costado, heredó la mencionada comisión. Las autoridades del proceso judicial (el juez y la sindicatura) seguirán en su lugar, y el interventor a designar tomará esa posta y tendrá un objetivo básico: trabajar para conseguir el gerenciamiento del club, para el que se irá tras un grupo económico extranjero. Con esto se pretende conseguir "un marco político para que aparezca la solución y que nadie salga después a patear el tablero", dijeron allegados al proceso. Otra idea es que el municipio de Avellaneda y el Estado provincial tengan parte en la administración de la parte social del club en el futuro.
¿En quién podría recaer la designación? El principal candidato es Carlos Melconian, economista que participó en el grupo Racing Vive -buscó una salida para el club por medio de un fideicomiso-. Otros nombres que surgieron, como los de Pablo Gerchunoff, jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Economía de la Nación, y Federico Polak, ex interventor en Boca y actual asesor del presidente Fernando de la Rúa, quedaron prácticamente descartados. También se mencionó a Ricardo Ferreiro, ex síndico del Banco Central. Y a otras dos personalidades destacadas -se trataría de abogados reconocidos-, sin vinculación anterior con el club. Ruckauf sí aseguró que el nombre sólo se conocerá cuando se logre consenso al respecto con la Alianza.
Hoy se darán nuevos pasos para avanzar en el tema. A las 18, en la Legislatura provincial, el intendente Laborde y Ripoll se reunirán con los bloques de diputados y senadores de la Alianza y del PJ, y a las 20.30 lo harán con el gobernador Ruckauf, en la sede del Banco Provincia.
La intervención que el gobernador Carlos Ruckauf anunció ayer buscará, además de la solución de la crisis de Racing, un efecto inmediato: evitar la venta de las sedes del club. Respecto de la principal, en Avellaneda, la apertura de sobres de ofertas está fijada para el viernes 28 del actual; las gestiones que seguirán hoy con la Legislatura y el mandatario provinciales intentarán que se promulgue una ley o se elabore un decreto para evitar la venta.
Sobre el anexo de Villa del Parque, cuya liquidación se iba a consumar mañana, la legisladora porteña Kelly Olmos señaló a La Nacion que la ley que declaró al inmueble "de utilidad pública y sujeto a expropiación" quedará promulgada de hecho hoy, tras cumplirse el plazo previsto para un eventual veto del jefe de Gobierno de la Ciudad, Enrique Olivera. Según explicó Olmos, el Poder Ejecutivo porteño debe comunicarle hoy al juez Enrique Gorostegui que la norma está vigente. De ser así, el magistrado les transmitiría a los liquidadores de la entidad la orden de detener la enajenación.

