La regulación del ecosistema cripto podría entrar en vigencia plena hacia fines de 2025
La semana que viene termina el plazo para aportar sugerencias a la normativa; una vez publicada la ley, las empresas del sector deberán atravesar un proceso de cambios y adaptación que requerirá entre 120 y 270 días, dependiendo la categoría
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El próximo 2 de diciembre se cumple el plazo habilitado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para presentar opiniones y sugerencias sobre la regulación a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs). Así, después de que empresas del sector y otros organismos hayan acercado observaciones y comentarios sobre las normativas establecidas, comenzará un proceso de revisión para, finalmente, publicar la ley.
Una vez que este proceso finalice, existirá, por primera vez en la Argentina, una norma que regularice a los exchanges, billeteras virtuales y personas físicas que proveen criptoactivos. Sin embargo, dadas las exigencias que establece la CNV, las entidades del sector deberán pasar por un proceso de cambio y adaptación que tardará entre 120 y 270 días, dependiendo del tipo de prestador, por lo que se espera que la regulación entre en plena vigencia hacia fines de 2025.
En un comunicado, el presidente de la CNV, Roberto Silva, resaltó que se ha escuchado a la industria para trabajar sobre la regulación. “El objetivo es equilibrar el mandato de regular conforme los principios que incluye la Ley, con la necesidad de promover la innovación y evitar regular la industria en exceso”, dijo.
Exigencias y requisitos
Los requisitos de la Regulación General N° 1025 tienen como objetivo estructurar el mercado de activos virtuales en el país, priorizando la protección al cliente y la estabilidad del sistema. Por este motivo, como primer punto las empresas del sector deben inscribirse en el Registro de PSAV para poder operar en el país.
Por otro lado, la norma clasifica a los actores según su actividad para, de esta manera, establecer un patrimonio mínimo para cada uno de ellos. Estas son: categoría 1, referida al intercambio entre activos virtuales y monedas fiduciarias; categoría 2, vinculada al intercambio entre diferentes activos virtuales; categoría 3, basada en la transferencia de activos virtuales; categoría 4, vinculada a la custodia y/o administración de activos virtuales; y categoría 5, referida al servicios financieros relacionados con la oferta o venta de activos virtuales. Las categorías 1 y 2 deben contar con un patrimonio mínimo de 70.000 UVA; las 3 y 4, de 140.000 UVA; y la categoría 5, de 35.000 UVA.
La regulación también exige políticas de seguridad de la información, aspectos de ciberseguridad, requisitos prudenciales para la custodia de activos virtuales, segregación de cuentas, información sobre convenios celebrados con terceros y cuestiones que hacen al referenciamiento de clientes. A su vez, contempla las normas de conducta que deben regir la actividad de los PSAV “y demás premisas que hacen a la transparencia y divulgación de riesgos de los activos virtuales para la protección de los usuarios”.
La mirada del sector
El avance en el marco regulatorio es aplaudido en términos generales por los operadores del sector. Juan Pablo Fridenberg, Director de Asuntos Públicos en Lemon, por ejemplo, destacó el carácter gradual del diseño de las regulaciones. En tanto, hizo hincapié en que el marco no debe asfixiar a los operadores, lo que fomentaría paradójicamente el uso de opciones desreguladas. “Los definidores de políticas y reguladores tienen claro que la regulación debe ser inteligente y gradual, ya que como han advertido Organismos internacionales, un marco que distorsione, asfixie, o encarezca desproporcionadamente la actividad de los PSAV, no impactará sobre el crecimiento del volumen de operaciones sino que podría fomentar el traslado de dichas operaciones a otros ámbitos, desregulados o transfronterizos”, dijo a LA NACION.
“Dentro de la Cámara Argentina de Fintech, la industria en conjunto está trabajando para contribuir con aportes y comentarios para que el nuevo registro acompañe los avances de un ecosistema que ha demostrado cumplir, e incluso superar los estándares regulatorios de la actividad o de actividades afines. Ejemplo de ello, la Prueba de Reservas, que permite visualizar en tiempo real la ubicación de los Activos que nuestros usuarios [los de Lemon] nos confían en custodia”, agregó.
Por su parte, Carlos Peralta, líder de Asuntos Públicos de Bitso Argentina, sostuvo: “Este tipo de articulación entre el sector público y privado es esencial para el desarrollo de políticas inclusivas que promuevan la innovación y protejan a los usuarios. Creemos firmemente que una regulación inteligente y que vaya creciendo de forma gradual con esta nueva industria es clave para aumentar la adopción de los activos virtuales de manera segura, lo que contribuirá a la inclusión financiera y a la construcción de una infraestructura financiera más rápida y eficiente”.
Por otro lado, también destacó que es fundamental que esta regulación no imponga “una carga excesiva que pueda sofocar la innovación o empujar a los usuarios hacia plataformas no reguladas, con los riesgos que esto conlleva”.
Sobre este punto, hasta el momento solo ArgenBTC, una de las compañías pioneras a nivel local para comprar cripto, decidió cerrar sus operaciones tras darse a conocer esta serie de exigencias de parte de la CNV. “Las nuevas regulaciones que están por salir van a requerir un enorme esfuerzo económico y humano de adecuación, que para empresas chicas como la nuestra va a ser muy difícil de realizar, sobre todo teniendo en cuenta que ya hace tiempo se nos está haciendo muy difícil sobrevivir entre tanta oferta que hay de gigantes internacionales y algunos locales”, dijo a LA NACION Gabriel Vago, CEO de ArgenBTC.
LA NACION
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