Historia repetida: les habló con el corazón, le contestarán con el bolsillo
Antes de la irrupción del coronavirus en el escenario global, el plan del Gobierno preveía concluir el proceso de reestructuración de la deuda pública a fin de marzo pasado. Un par de semanas atrás, el propio ministro Martín Guzmán lo admitió en un encuentro con periodistas: la pandemia trastocó todos los tiempos.
Ahora la fecha que todos tienen en vista es el próximo miércoles 22 de abril, cuando vence una cuota de US$500 millones de un bono global, que Guzmán apuesta a no tener que pagar e incluirlo en el paquete. No porque el acuerdo vaya a alumbrar en tan corto plazo, sino porque, de no cumplir con el pago, corre un mes más de tiempo antes de que el país sea declarado en default. Ese es el reloj que se puso en marcha esta tarde, y nadie tiene certezas de que Alberto Fernández pueda pararlo a tiempo.
Este contexto ayuda a entender un poco más por qué el hombre de Columbia viene insistiendo en importantes foros internacionales (y recalcó en su presentación en la Quinta de Olivos) sobre lo oportuno de la decisión del FMI y el Banco Mundial de condonar parte de la deuda del grupo de países más pobres. Beneficio que, es sabido, no le corresponde a la Argentina por ser considerado un país de ingresos medios.
"Estamos atravesando una crisis de enorme magnitud, la más severa desde la Gran Depresión de 1930", expuso esta mañana el ministro ante la asamblea anual del FMI, por supuesto a través de videoconferencia. "La crisis afecta de manera desigual a los países, algunos tienen menos espacio para hacer frente al shock. La Argentina enfrenta importantes restricciones, sin acceso al crédito. Por eso damos bienvenida a la iniciativa del FMI y Banco Mundial de condonar la deuda a los países más pobres", señaló, retomando la idea que había expuesto un día antes (también por vía electrónica) ante los ministros del G20.
También pidió "tener en cuenta que la sustentabilidad de deuda será crítica para la recuperación económica de los países afectados". Y añadió: "Por ello los esfuerzos en este sentido tienen que ser exhaustivos e incluir al sector privado". Otro mensaje en clave para quienes habrán sido su principal audiencia en la conferencia de esta tarde. Los acreedores privados, los tenedores de esos más de US$66.000 millones en bonos que el país necesita refinanciar, son a quienes hay que convencer de que acepten la oferta, y para eso vuelve a ser vital la relación con el FMI.
"Apoyamos las acciones y el liderazgo de Kristalina Georgieva [directora Gerente del organismo multilateral] en medio de esta crisis y felicitamos al Fondo por preservar en su agenda de trabajo el tema de resolución de deuda", concluyó ante ese auditorio virtual.
En la presentación en Olivos fue más directo aun: "El Fondo coincide en que tiene que haber una fuerte reducción en la carga de la deuda".
Quita en los intereses (62%, según el plan presentado por Guzmán) y plazos de gracia para empezar a pagar (recién en 2023) son las claves para un país sin recursos, que de no mediar estos cambios debería enfrentar este año pagos por US$4500 millones, en un escenario fiscal (de donde salen los fondos para pagar, ante la ausencia de financiamiento nuevo para el país) que, en el mejor escenario también planteado por Guzmán en una presentación ante inversores, mostraría un déficit primario (antes del pago de intereses) del 1,1% del PBI. El déficit se mantendría en 2021 en un nivel de 0,5% de Producto, siempre pensando en un escenario relativamente optimista. Y sólo en 2022 o 2023 llegaría el equilibrio fiscal.
Hay que destacar que el propio Guzmán en todas sus presentaciones admite que estos cálculos fueron hechos sin incluir los efectos que tendrá la pandemia de coronavirus sobre la economía argentina.
Según el documento resumido que difundió hace minutos el Ministerio, el pago de intereses el año pasado insumió un 3,3% de PBI (unos US$15.500 millones) y amenaza seguir creciendo, no tanto este año, pero sí los siguientes. De allí la necesidad de postergar cualquier pago hasta dentro de tres años.
Ahora la pelota está en la cancha de los acreedores, que tienen 20 días para aceptar o rechazar la oferta, según dijo el ministro. Que, si se atiende a sus palabras, no admitiría negociación alguna. Sería un "tómelo o déjelo". Suele ser una buena postura de quien se sienta a una mesa de negociación por primera vez con una actitud aparentemente inflexible para obtener ventajas cualquiera sea el final.
Del otro lado tendrá experimentados tahúres con mucho dinero que perder, pero sin riesgos políticos. Y quienes seguramente no se mostrarán muy conmovidos por las dos últimas filminas del documento presentado hoy en Olivos: allí se destaca que, de resultar aceptada la oferta, el país ahorraría US$4500 millones este año y US$34.100 millones acumulados entre 2020 y 2025. Y compara el gasto que podría cubrirse con esas cifras: por ejemplo, comprar 2,9 millones de respiradores de "industria nacional", pagar durante poco más de un año todas las jubilaciones o cubrir 24,1 veces el presupuesto del Ministerio de Salud previsto para 2020.
Dos preguntas para el final: ¿Se conmoverá esa gente con este mensaje? ¿Será realmente esta la última palabra?
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