Ausol: el Estado se presentó en la Justicia y pidió estatizar dos autopistas

Era una arremetida verbal con algunas estocadas regulatorias, no mucho más. Pero finalmente aquellos amagues quedaron plasmados en dos demandas mediante las que el Estado intenta quedarse ya mismo con el control de las concesiones que actualmente explotan Autopistas del Sol y del Oeste, dos empresas controladas por la poderosa constructora española Abertis.

Con estrategias de ataque por parte del Gobierno, y de defensa, ejercida por las concesionarias, empezó a escribirse la historia final de los dos principales accesos que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Hace 12 días, Vialidad Nacional se presentó en la Justicia con una demanda en la que aduce, a grandes rasgos, que el contrato que se firmó en 2018 con Autopistas del Sol y que extiende el plazo de explotación hasta 2030, es nulo por resultar “lesivo” al Fisco. En ese escrito firmado por el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, se solicitó que el contrato se declare nulo, además de solicitar una medida cautelar para que el control de la empresa pase a manos públicas mientras se defina la cuestión de fondo.

Pese a que transcurrieron varios días desde que ingresó al fuero, el juez Enrique Lavié Pico no se expidió sobre el pedido de Vialidad. Por ahora, según lo que pudo saber LA NACION, el expediente está reservado y no ha sido notificada la otra parte, es decir, Autopistas del Sol, concesionaria del acceso Norte y de la General Paz. Nadie ha tenido acceso a la causa.

A esto se sumó en las últimas horas una segunda presentación contra Caminos del Oeste, la firma que cobra los peajes y explota la vía de circulación que une Liniers con Luján. Este juicio quedó radicado en el juzgado Contencioso Administrativo Número 9 a cargo de Pablo Cayssials. Por ahora, tampoco hubo movimientos en ese expediente.

Con tanto anuncio previo sobre la estrategia estatal, que desde hace varios meses se puede anticipar, en las oficinas de las empresas, ambas controladas por la española Abertis, no se quedaron quietos.

La ofensiva oficial fue recibida con una fuerte trinchera de los ejecutivos de las concesionarias. Sucede que el contrato vigente, que es el cuestionado por el Estado, tiene una cláusula en el que las partes se someten voluntariamente a la jurisdicción de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), un organismo con sede en París. Según los contratantes toda controversia se tiene que cursar en ese ámbito.

Aquella cláusula fue la que utilizaron las empresas para preparar el contrataque. Mientras el Estado recurrió a la justicia local, en las concesionarias se presentaron en París y lograron que el CCI abra el proceso, nombre un árbitro y haga lugar a un pedido de no innovar para que el Gobierno se abstenga de ventilar los diferendos en otro ámbito que no sea ese tribunal internacional.

El viernes llegaron las notificaciones a la Procuración del Tesoro a los correos electrónicos denunciados como válidos para recibir comunicaciones. Sucedió, entonces, algo impensado. Uno de los más altos funcionarios del cuerpo de abogados que maneja Zannini contestó el sábado que aquellos correos ya no estaban activos y que por eso, no podían notificarse. En París gritaron “bingo”. Remitieron todas las cédulas a la casilla del funcionario argentino y dieron por notificado al Estado. Desde el sábado, en esos procesos no hay días no laborables, corre el plazo para que la Procuración se presente o no en París.

Esa presentación, hay que aclarar, no esta hecha por los accionistas de las sociedades sino por las propias empresas argentinas. Aquellos tienen su vía para reclamar por sus inversiones en el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi, según sus siglas en inglés). Eso será una vez que el curso de la controversia ponga en riesgo los activos de los socios en el país. Por ahora, se prepara el terreno.

Pero la duda más importante radica en saber si la justicia hará o no lugar al pedido del Estado de hacerse del control inmediato de las concesiones, es decir, dejar a la empresa en manos de funcionarios públicos mientras se defina la cuestión de fondo. No parece ser una medida fácil de tomar para un juez. Sucede que semejante decisión es prácticamente entender sobre el centro mismo del planteo ya que, quien ponga la firma, estará dando la razón al Estado de que el contrato es “lesivo”. Y según varias fuentes consultadas, esa condición no aparece manifiesta sino que debería ser motivo de pruebas como pericias.

En la renegociación de 2018, que a su vez recoge las diferentes revisiones y acuerdos parciales que se firmaron al menos desde 2006, se estableció una tarifa y un método de actualización para el cuadro tarifario que está congelado desde principios de 2019. Justamente, gran parte de la argumentación oficial fue contra la cláusula de actualización. “Los contratos firmados en 2018 fueron desventajosos para los usuarios y para el Estado”, dijo el presidente Alberto Fernández cuando anunció la intención oficial de hacerse del control de las concesiones.

En medio de semejante incertidumbre sobre el futuro de estas dos vías troncales, se desató un conflicto gremial. “Nos encontramos en esta situación donde el Estado no nos da respuesta, donde el privado se hace el tonto, que no sabe si se va, que no puede pagar los aumentos. No entendemos qué quieren hacer, si quieren estatizar, creo que es un estatismo improvisado”, dijo el líder del Sindicato de Trabajadores del Peaje, Facundo Moyano, a la radio AM 990.

A nadie le pasó inadvertido que, al menos, la demanda contra Autopistas del Sol esté patrocinada por Zannini. Sucede que la empresa alguna vez estuvo en manos de la familia Macri. Y ese dato, por más que ahora nada tenga que ver, no se olvida en el núcleo duro del kirchnerismo.

Por Diego Cabot

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