Autopistas del Sol: la Justicia cerró una causa penal contra la empresa, pero la mantuvo abierta para exfuncionarios

La causa judicial que durante años puso bajo sospecha uno de los contratos de concesión vial más sensibles del área metropolitana acaba de atravesar un punto de inflexión. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6 dispuso el sobreseimiento del expresidente de Autopistas del Sol, Andrés Barbieri Martin, y dejó fuera del expediente la imputación por presunta defraudación contra la administración pública, al concluir que no existió perjuicio económico para el Estado.

Además, se sobreseyó a Nicolás Dujovne (exministro de Economía y Hacienda) por atipicidad de la conducta, mientras se decretó el procesamiento, sin prisión preventiva, de Guillermo Dietrich, Javier Iguacel, Bernardo Saravia Frías y Ricardo Stoddart, bajo el cargo de incumplimiento de deberes de funcionario público.

La decisión quedó firme el 30 de diciembre. Según informó la empresa, el juez desestimó la acusación central que había motivado la causa penal iniciada por el expresidente Alberto Fernández y su ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, a partir de una denuncia vinculada a la renegociación contractual firmada entre la concesionaria y el Estado nacional, que había sido aprobada por decreto en 2018, en pleno gobierno de Mauricio Macri.

El expediente -caratulado “Iguacel, Javier y otros s/ abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”- se había convertido en una de las derivaciones judiciales más complejas de la revisión de los contratos de Participación Público-Privada y concesiones viales que atravesaron distintos gobiernos. En el foco estuvieron las condiciones del acuerdo integral de renegociación, los beneficios económicos derivados de ese esquema y la eventual existencia de un daño patrimonial al Estado.

Según surge de la resolución judicial, ese punto quedó descartado. El juzgado entendió que no se verificó un perjuicio económico concreto, elemento indispensable para sostener el delito de defraudación. Con ese argumento, cerró la situación procesal del extitular de la empresa concesionaria. El fallo, sin embargo, no clausura por completo la causa. En la misma resolución se dispuso el procesamiento de cuatro exfuncionarios públicos nacionales por el presunto incumplimiento de los deberes a su cargo. Se trata de imputaciones que ahora quedaron bajo revisión de la Cámara, ya que fueron apeladas por las defensas.

Más allá de su desenlace parcial, la causa vuelve a exponer una tensión recurrente en la Argentina: la del cruce entre decisiones administrativas, contratos de largo plazo, cambios de signo político y la posterior judicialización de políticas públicas.

La historia reciente

“Hemos terminado la auditoría, estamos haciendo las presentaciones judiciales y estamos solicitando la anulación de esa concesión por 30 años y la investigación de la comisión de delitos, porque no hay dudas de que había allí una decisión muy clara que era usar al Estado para beneficios e intereses privados”, explicó Katopodis en agosto de 2021. Se refería a la nulidad de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de 2018, a los que el cuarto gobierno kirchnerista consideraba ilegítimos.

Los puntos de la renegociación se basan en algunas coincidencias que tuvieron en 2018 el Estado y las concesionarias. El primero, el reconocimiento de una vieja deuda a favor de Ausol de US$499 millones y de US$247 para el caso de la compañía que maneja el Acceso Oeste. A eso se suma una remuneración de 8% anual, que se pagaría con los ingresos tarifarios de cada concesión. Además, se estableció que el peaje se actualizaría por inflación.

La deuda se ocasionó en los 90, cuando se construyó la traza antes de colocarse las cabinas. Entonces, se dispuso que el repago se haría con el peaje, que en ese momento era en pesos convertibles a dólares. Con la caída de la convertibilidad, la ecuación económica financiera se rompió y jamás se pudo pagar ese desembolso para construir los accesos y mejorar la General Paz, algo que también estaba en el contrato, como condición.

Con la llegada del kirchnerismo, las tarifas congeladas se convirtieron en el gran problema de varias empresas endeudadas en dólares y que recaudan en pesos. Ausol, por caso. Es verdad que cualquiera que pasa por el peaje notaría que, con los años, los pesos necesarios para que se levanten las barreras fueron cada vez más. Pero lo cierto es que gran parte de lo que se percibió en las cabinas correspondía a una tasa vial que se recaudaba allí, pero se depositaba inmediatamente en cuentas oficiales, en teoría, para hacer obras.

Durante las últimas dos décadas, los retoques de las tarifas nunca llegaron a compensar la inversión. Mientras en el tribunal del Banco Mundial (Ciadi) transcurría un reclamo, en la Argentina no se avanzó en la renegociación. En el Gobierno de Macri se reconoció la deuda, en dólares, y se armó un esquema de actualización, además de extenderse el plazo y acordarse un plan de obras. A cambio, se suspendió el reclamo en el Ciadi.

Con la llegada de Fernández y Katopodis, aquel acuerdo se judicializó. En el medio siempre estuvo la mirada ideológica sobre la empresa que, en sus inicios, tuvo entre sus accionistas a la familia Macri. Ahora, con el fallo, podría destrabarse la actualización tarifaria.

Por Diego Cabot

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