Contratos, despidos, convenios, juicios: los ejes del debate actual sobre una reforma laboral
La Argentina país lleva más de una década sin un crecimiento sostenido del número de asalariados formales en el sector privado, a la vez que la mitad de los trabajadores es informal; de qué hablan hoy quienes sostienen que debe haber cambios normativos
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LA NACIONSilvia Stang
En una economía que lleva al menos una década sin sostener un crecimiento del número de empleados formales del sector privado y en la cual la mitad de quienes tienen una ocupación, dependiente o por cuenta propia, está en la informalidad, ¿hay poco o nada para debatir sobre el marco regulatorio y la forma en que trabajamos y trabajaremos, tal como señalan varios referentes del sindicalismo y de la política, incluido el presidente Alberto Fernández, que más de una vez se refirió a la reforma laboral como si fuera la mancha venenosa? ¿O no hay más tiempo para esquivar una discusión, como apuntan cada vez con más insistencia otros actores sociales?
Si se mira el mediano plazo, la diferencia en términos porcentuales no alcanza para desplazar al cero del espacio antes de la coma: en mayo de este año, según el último dato disponible, había en el país 6.124.780 asalariados registrados en empresas privadas, un número solo 0,97% mayor que el del quinto mes de 2012. Es decir, no hubo prácticamente variación, de punta a punta, en una década en la cual la población creció alrededor de 13%. Dentro de ese lapso hubo meses de mayo un poco mejores, por la existencia de incrementos en el número de empleados que no pudieron sostenerse, como tampoco perduró, claro, el alza de la actividad.
En total, la cifra de ocupados con aportes, según la estadística del Sistema Integrado Previsional Argentino que publica el Ministerio de Trabajo, avanzó 15,5% entre 2012 y 2022. Eso se explica porque, a la par del estancamiento en el empleo dependiente del sector privado, en la gestión pública y considerando diferentes niveles estatales, el número de registrados creció 29,2% (son 3.353.939, según el dato más reciente) y el de monotributistas, 54,2% (eran, en mayo último, 2.304.912, de los cuales 432.428 están en la categoría social, que creció con mucha más fuerza aún: un 150% en el período considerado). También avanzó en la década la cantidad de personas registradas en el servicio doméstico, aunque desde antes de la cuarentena de 2020 se muestra con tendencia a la baja; la diferencia entre 2022 y 2012 es de 20,4%. Y cayó casi 2% el número de autónomos (ver los datos estadísticos en el gráfico que acompaña este texto).
La dinámica del mercado formal muestra solo una parte de la realidad laboral, caracterizada por una alta informalidad muy vinculada a la pobreza, por un esquema de planes sociales sin mecanismos eficientes de entrada y salida, por una alta conflictividad, y por una proporción elevada de empresas –mayor a la de países como Colombia y Perú– que dicen tener dificultades para encontrar candidatos y cubrir puestos vacantes. El 73% de los ejecutivos sostuvo eso al responder a un relevamiento reciente de la firma Manpower, desde donde advierten que el índice detectado en el país es el mayor en 10 años.
Los informales son alrededor de un tercio si lo que se observa es el universo de asalariados, según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. Pero si se mira el universo total de ocupados, incluyendo dependientes y cuentapropistas, la participación de los no registrados trepa a 50%. Esos índices y las realidades humanas de múltiples carencias a las que se refieren, persisten desde hace años.
Mientras hay quienes insisten en la necesidad de una reforma que toque varios aspectos de las regulaciones laborales y sindicales, desde el Ministerio de Economía se anunció que habrá una medida puntual que, en rigor, implica el relanzamiento de un esquema para incentivar, vía reducción de los costos a cargo de las empresas, la inserción al empleo formal de quienes cobran planes sociales.
La pregunta que muchos se hacen es qué resultado podría tener ahora esa política, que sea diferente al obtenido por los decretos del Poder Ejecutivo que, con igual intención pero casi sin efectos en la práctica, se firmaron en 2017 y en 2021. Con rebajas en las contribuciones patronales y la posibilidad de tomar el pago del plan a cuenta del salario del trabajador, el esquema que ahora se aprobará, según declaraciones del ministro de Economía, Sergio Massa, es muy similar a los que ya se establecieron, sobre todo al incluido en el decreto 493, que está vigente hasta este mes de agosto.
Una dinámica que es signo de alerta
“El empleo siempre crece de alguna forma y la oferta laboral [personas que buscan trabajar] avanza a más de 1% anual; el problema es que, como la demanda de empleo de calidad (el asalariado formal del sector privado y el de autónomos) está frenada, el crecimiento se da en los otros segmentos: por clientelismo, en el sector público y, por necesidad, en formas de menor calidad, como las ocupaciones informales o las del servicio doméstico, y en los formatos de baja productividad, como el monotributo y el monotributo social”, dice Juan Luis Bour, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).
Bour concluye que “en una economía reprimida solo se pueden generar ocupaciones de baja calidad y bajos ingresos y, a lo sumo, puede mantenerse un stock renovable de empleos de mayor productividad”. En ese contexto, resulta algo básico entender que actuar de manera aislada sobre las regulaciones laborales no es una estrategia adecuada. “Se requiere actuar en la macro y en la micro de manera simultánea”, sostiene el economista. El desafío, agrega, es rediseñar el sistema para una economía con estabilidad de precios y con apertura a la competencia; en ese supuesto, describe, los salarios reales aumentarían y no estaría la inflación para ayudar a licuar costos laborales, como ocurre en un contexto como el actual. ¿Entonces? “Habrá que lograr mejoras de productividad constantes, para bajar los costos laborales unitarios”, afirma.
La estadística muestra altibajos en los números de personas ocupadas de manera formal en la última década. “Hubo momentos con crecimiento del empleo, pero los desequilibrios macro no permitieron sostenerlo”, analiza el economista Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Ahora mismo, observa, va un año y medio con aumento del número de formales, pero eso pasa “después del desastre de la pandemia” y “todo parece indicar que no es una suba sostenible”.
Para Campos, la falta de un mayor número de puestos asalariados en el sector privado no tiene como causa primordial la normativa laboral, sino otras cuestiones. “Por más legislación flexible que haya, las empresas solo van a contratar si tienen perspectivas de vender lo que producen”, afirma. Según su visión, debates como el de los costos laborales deberían darse teniendo en cuenta diferencias sectoriales. Si se trata, por caso, de bienes de exportación, “el costo del salario y la legislación puede ser un elemento, pero la pregunta es cuánto hay que bajar para competir con mano de obra que afuera es muy barata, como en el sector textil”.
Los datos de los últimos diez años llevan a advertir que “la Argentina está en un punto de inflexión”, según define Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina, quien considera que debería generarse una mayor disponibilidad de temas a ser negociados en los convenios colectivos, “para que sean las partes las que adecuen las condiciones sin que ello implique alterar el orden público laboral”.
El dirigente menciona, por ejemplo, la necesidad de “modernizar la definición de beneficios no contributivos” acordados por las partes, para procurar que “sean respetados por la autoridad de aplicación y por el Poder Judicial”. El riesgo de juicios y los elevados montos muchas veces implicados es un aspecto insistentemente señalado por empresarios como uno de los que frena la dinámica del empleo.
En el llamado Libro Blanco difundido por la Unión Industrial, recuerda Funes de Rioja, se incluyó “la necesidad de analizar las ‘nuevas realidades laborales’ que surgen de la aplicación de nuevas tecnologías, la innovación y la industria 4.0″.
Junto con la necesidad de conversar a fondo sobre cómo formalizar las relaciones laborales (y las actividades en las que están inmersas) y de encarar las tareas pendientes para lograr que haya más personas con competencias y habilidades acordes a lo que se requiere, la economista Belén Rubio, responsable de Análisis Sectorial en la consultora Abeceb, considera que uno de los grandes ejes para pensar cambios es, como plantea la UIA, el de “las nuevas formas de trabajar”.
Para la Justicia, dice Rubio, “o se es asalariado o se es independiente, cuando surgieron nuevas modalidades a partir de la economía de plataformas y de casos de pluriempleo, con personas que trabajan para proyectos distintos”, que no parecen abarcadas por esas figuras.
Las cuestiones vinculadas con la Justicia están desde hace décadas bajo la lupa de las empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas. “El sistema laboral argentino es rígido en la entrada, caro de mantener durante la vigencia de las relaciones laborales y litigioso cuando finaliza”, dice la economista Milagros Gismondi, jefa de equipos técnicos en la vicepresidencia primera de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, quien advierte que, en la práctica, la mayoría de los trabajadores, al estar en la informalidad o en el cuentapropismo, no tiene paritarias ni ninguna de las protecciones tradicionales.
“El sistema de contratación tiene que proteger al empleado y también a la fuente de trabajo; el pasivo laboral de las pymes muchas veces las lleva a la quiebra y una pyme quebrada es lo peor que le puede pasar al trabajador –considera Gismondi–. La industria del juicio limita el empleo porque genera incertidumbre y costos que las pymes no pueden afrontar”.
Según Rubio, entre las cuestiones centrales está la de definir qué se entiende por remuneración (un tema de discusión en la instancia judicial, porque incide en la determinación de las indemnizaciones), o por relaciones encubiertas. “Esto influye sobre todo en las pymes”, señala.
La cuestión del despido es claramente una de las más controvertidas. “Nosotros estamos trabajando en un proyecto sobre costo indemnizatorio; el trabajador cobraría lo mismo, pero cambiaría el financiamiento, para que la penalidad no recaiga sobre la empresa”, afirma el economista y diputado José Luis Espert (Avanza Libertad–Buenos Aires). ¿De dónde saldría el dinero? Según el legislador, de un fondo integrado por las contribuciones al sistema de asignaciones familiares.
Despidos, cuestión sensible
Para Gismondi, la indemnización debe ser “previsible y equivalente a un sueldo por cada año de trabajo”, sin que se caiga en “las típicas barreras a las desvinculaciones, como la doble indemnización y la prohibición de despidos, que en realidad son barreras a la generación de empleo”. Según la economista, hay que analizar propuestas “como la mochila austríaca [impulsada por el empresario textil Teddy Karagozian] o el seguro de desempleo”. Pero, advierte, “en el contexto actual pueden no ser herramientas óptimas”.
“Las propuestas como las de crear fondos capitalizados [como las llamadas mochilas, con aportes del empleador por cada empleado] son costosas, porque se asume que se va a desvincular al 100% del personal –advierte Bour–. Se resuelve la litigiosidad, pero a un costo extraordinario”. Un caso a mirar, según el economista de FIEL, es el de países donde conviven regulaciones rígidas con contratos flexibles, que les permiten a las empresas que en un momento están creciendo tomar personal de manera temporaria, sin que se tengan que ir a la quiebra si después las cosas no van bien.
Sindicatos y costos
Para Espert, una reforma que es necesario encarar es la vinculada con el sistema sindical. Limitar a cuatro años de mandato y a una sola reelección el período en el que un dirigente puede ser secretario general de la organización; impedir por ley la cuota solidaria que se les cobra a los no afiliados; eliminar el rol de las empresas como agentes de retención de cuotas sindicales, y disolver las obras sociales que no estén dando servicios, son algunos de los cambios que propone, además de una descentralización de la negociación colectiva. “Que haya libertad absoluta para que cada empresa pueda firmar acuerdos con su comisión interna”, postula.
“Hay una conversación por dar sobre los convenios colectivos, porque hay cláusulas y categorías pensadas en los 70, los 80 y los 90 que ya no tienen sentido”, plantea Rubio, quien agrega que los sindicatos tienen un gran desafío de representatividad.
En cuanto a los costos de mantener una relación laboral –sobre los cuales todos los gobiernos disponen medidas, por lo general focalizadas y temporales–, un análisis inevitable es el de las necesidades de recursos para las jubilaciones y la salud, que se financian parcialmente con los aportes personales y las contribuciones patronales del sistema laboral. “Hay que pensar cuál es el sistema previsional que queremos y si las prestaciones se van a definir en función de la vida laboral de las personas; hoy la alta informalidad llevó a que los límites sean difusos”, afirma Rubio.
Lo cierto es que, al tiempo que la ley del régimen previsional general exige contar con al menos 30 años contribuidos para acceder a la jubilación, dos de cada tres de esas prestaciones que paga la Anses en la actualidad fueron obtenidas vía moratoria, con el pago subsidiado y a destiempo de aportes, según mecanismos no acompañados de cálculos de los fondos requeridos ni de previsiones para su financiamiento actual y futuro.
A eso se suma, observa Rubio, que el crecimiento de la ocupación formal se da en gran medida en el segmento del monotributo, un sistema que promete el pago del haber mínimo y que no se autofinancia. Es una cuestión que se entrelaza con otra reforma, la previsional, que, para muchos políticos, es otra mancha venenosa.
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