Más presión: el Estado se lleva casi el 65% de la renta del campo

La presión impositiva en el sector agropecuario parece no tener techo. De cada $100 de la renta agrícola de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol, es decir el valor de la producción menos costos, unos $64,9 queda en manos del Estado, sea nacional, provincial y municipal.

Si bien en el último tiempo hubo una mejora sustancial de los precios internacionales de los granos, se dio una baja abrupta del tipo de cambio oficial real, “lo que afecta de manera negativa la competitividad cambiaria de la producción agrícola”.

El cálculo lo realizó la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), que además señaló que este nuevo índice de marzo, que marca que el 64,9% de la renta se la lleva el Estado, es 1,7% más alto que el de diciembre (63,2%). En tanto, por cultivos en particular “la participación del Estado hoy en soja es del 69,9%, en maíz 56,1%, en trigo 58,5% y en girasol 56,2%”.

“Los impuestos nacionales no coparticipables representan el 68,8% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en la Argentina. La composición central de estos impuestos son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios”, dijo. Según FADA, este es el mayor nivel desde junio de 2019, cuando la entidad comenzó a medir como parte de este informe, y “vale mencionar que las últimas tres mediciones marcan récord de este indicador”.

“Aún con la importante suba de precios, que normalmente haría bajar el indicador, los menores rindes esperados como consecuencia de la sequía, los mayores costos de producción y el atraso del dólar oficial respecto a la inflación terminaron pesando más que la mejora de precios. El único cultivo que tiene una menor participación del Estado en la renta agrícola es el trigo, que no sufrió el efecto de la sequía y sus precios subieron más que el resto”, expresa el informe.

En este sentido, la entidad explica que estas variables no tienen que ver con los impuestos de manera directa, sino que influyen sobre la renta que genera cada cultivo y, por lo tanto, “mueven el índice por la participación relativa de los impuestos sobre esta renta: una mejora de precios hace bajar la participación del Estado, una suba de costos la hace subir”.

“Esto es así porque el grueso de los impuestos que paga la agricultura son derechos de exportación, que actúan sobre el valor bruto de la producción y no sobre las ganancias. Las únicas variaciones de impuestos entre diciembre y marzo, son los impuestos municipales y provinciales fijos, como las tasas viales y los inmobiliarios rurales, que se actualizan a comienzos de año, en la mayor parte de los distritos el promedio de suba de estos impuestos se ubicó entre 50% y 60%”, explica FADA.

Luego de que el Gobierno anunciara una suba en las retenciones para el aceite y la harina de soja del 31 al 33%, la Fundación señala que estas medidas indefectiblemente impactarán en los números del productor. “No a través de un incremento de los impuestos, ya que el grano tiene un DEX del 33%, sino a través de un menor precio percibido por la soja. Con la suba de la alícuota a los subproductos, la industria tendrá menor poder de compra, por lo que podrá pagar menos por el grano. La baja estimada en el poder de compra es de US$15 por tonelada. Así, es de esperar que, en promedio, el precio pagado al productor baje alrededor de este número”, detalla.

En cuanto a la brecha cambiaria que existe en el país, en los últimos 12 meses, según describe el estudio, el incremento nominal del tipo de cambio oficial fue del 19,3%, pasando de $91,13 por dólar a $108,68.

“En los últimos tres meses se incrementó un 6,2%. En términos de tipo de cambio real, descontando los efectos de la inflación, en los últimos 12 meses cayó un 21,2%. Medido a precios de marzo de 2022, el tipo de cambio de marzo de 2021 era el equivalente actual de $137,88. Esto significa que el tipo de cambio se ha atrasado respecto a la inflación, incrementando los costos de producción al medirlos en dólares, un escenario malo para cualquier actividad exportadora”, afirma.

Para ejemplificar, “el costo de la cosecha se incrementó un 68,4% en pesos en los últimos 12 meses, mientras que el tipo de cambio oficial solo subió 19,3%”. Esto significa “que el costo de la cosecha se incrementó un 41,2% en dólares, más de lo que subieron los precios internacionales de los granos”.

En este contexto, el documento aclara que en el caso de la logística es incluso peor: “El costo de los fletes aumentó un 47,5% en dólares en el último año”.

En cuanto a la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados, “se puede identificar que un 54% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados mientras que el restante 46% están pesificados. Si se considera el costo de la tierra dentro del esquema de costos, aquellos que son dolarizados en una hectárea de soja pasan a representar el 65%”.

Y, respecto a diciembre pasado, “la participación de costos pesificados en soja subió de 43% a 46%, marcando el efecto de los fletes y labores que antes se mencionó. En tanto, en el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, “los costos dolarizados ascienden al 58% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 42%. Si se considera el costo de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 64%”.

Finalmente, el incremento de los fitosanitarios en el último año ha sido “extraordinario, subiendo entre 50% y 60%, y los glifosatos subiendo entre 140% y 180%, subas en dólares, donde el tema que más preocupa son los fertilizantes”.

“El precio de la urea en dólares se incrementó un 170% y PDA un 155% en los últimos 15 meses. Pero más allá del precio, preocupa el abastecimiento de fertilizantes por la guerra de Rusia y Ucrania. Rusia es el segundo exportador mundial de fertilizantes nitrogenados, en 2020 representó el 17% de las exportaciones a nivel mundial”, finalizó FADA.