La suba de costos por la guerra en Medio Oriente y el incremento de tributos provinciales y municipales hicieron que la participación del Estado en lo que genera una hectárea agrícola se incrementara 6,1 puntos porcentuales desde diciembre pasado; escenario crítico para el trigo
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La guerra en Medio Oriente y su impacto sobre los insumos clave de la producción comenzaron a sentirse con fuerza en la economía del agro argentino. Según un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), la participación del Estado en la renta agrícola volvió a escalar y alcanzó el 62,5%, en un contexto de suba de costos, caída de márgenes y mayor presión tributaria.
El dato surge del Índice FADA de marzo de 2026, que marcó un incremento de 6,1 puntos porcentuales respecto de diciembre del año pasado. En términos concretos, de cada $100 que genera una hectárea agrícola, $62,5 se destinan al pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Detrás de este salto aparece el impacto del conflicto internacional sobre los costos de producción. En particular, la tensión en el estrecho de Ormuz, por donde circula el 50% de la urea a nivel mundial, comenzó a trasladarse a los precios de los fertilizantes, un insumo clave para la agricultura.

“Esta edición está más que nunca marcada por la coyuntura nacional e internacional: suba de costos como el combustible que impacta en los fletes, actualizaciones de impuestos provinciales y baja rentabilidad”, explicó Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA.
El encarecimiento de la urea es uno de los puntos más sensibles. En este contexto, el fertilizante registró un aumento del 43% respecto de diciembre y del 39% en términos interanuales, lo que repercute de manera directa en cultivos con alta dependencia de la fertilización, como el trigo y el maíz.

Pero el conflicto internacional no es el único factor que explica la suba del índice. También hubo una actualización de impuestos provinciales y tasas municipales, una dinámica habitual a comienzos de cada año que este año se combinó con una renta más ajustada.
“El aumento del Índice es una combinación de dos cosas: la suba de los costos de producción, que hace achicar la renta agrícola, y la actualización de impuestos provinciales y tasas municipales, que hace que haya más pesos a pagar por cada hectárea. Así, cuando la renta se achica, los impuestos representan una porción más grande”, detalló Pisani Claro.

En la misma línea, Antonella Semadeni, economista de FADA, agregó: “Este combo de costos en alza, ingresos ajustados y actualización de tributos provinciales, genera un efecto claro: aunque los impuestos que nos cobran no cambien estructuralmente, pesan más sobre una renta que es menor”.
El informe también muestra diferencias entre provincias. Mientras el promedio nacional es de 62,5%, en Entre Ríos el indicador trepa al 67,6%, en Buenos Aires se ubica en 60,4% y en Córdoba en 60,2%. Santa Fe presenta un 57% y San Luis un 55,7%.
Cuando se analiza cultivo por cultivo, el deterioro de la rentabilidad se vuelve aún más evidente. “El análisis por cultivo muestra realidades muy distintas, pero con un denominador común: la disminución de la rentabilidad”, señaló Fiorella Savarino, economista de la entidad.
En soja, el Estado participa con el 61,6% de la renta, mientras que en maíz el indicador alcanza el 56,8%. En girasol, el porcentaje asciende al 80,3%, reflejando un escenario más exigente.
Sin embargo, el caso más crítico es el del trigo. Según el informe, la carga impositiva llega al 104,4%, lo que implica que el productor no logra cubrir siquiera los impuestos con el resultado de la actividad.
“Esto significa que la carga impositiva es mayor a la renta generada, en otras palabras, que el resultado económico no alcanza siquiera para cubrir el pago de los impuestos”, advirtió Savarino.
Este escenario deja al trigo en una situación particularmente delicada a menos de dos meses de la siembra. El año pasado el trigo aportó una cosecha récord de 29,5 millones de toneladas, según la Bolsa de Comercio de Rosario.
A la presión de los fertilizantes se suman otros incrementos relevantes. “El encarecimiento de los insumos no es el único factor que presiona sobre los costos. También se registraron aumentos en otros componentes claves”, indicó Luz Silvetti, economista de FADA.
Entre ellos, se destacan los impuestos provinciales y municipales, que pasaron de representar el 6,4% del total a fines de 2025 a un 9,7% a comienzos de este año. En particular, el Impuesto Inmobiliario Rural mostró subas promedio del 79% a nivel nacional, impulsadas principalmente por Buenos Aires. A nivel municipal, los aumentos rondaron el 32%, lo que suma presión sobre la estructura de costos del productor, detalló.

En paralelo, las labores agrícolas también registraron incrementos significativos. Los salarios subieron un 33% desde diciembre, muy por encima de la inflación estimada para el mismo período, lo que refleja un desfasaje en los costos operativos.
Los fletes aumentaron un 8,4% en pesos y un 12% en dólares, impulsados en gran parte por la suba del combustible.
A esto se suma el deterioro en la relación insumo-producto. Hoy, para comprar una tonelada de urea se necesitan 3,9 toneladas de maíz o 3,8 toneladas de trigo, una ecuación menos favorable que la de un año atrás.
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