Críticas de la industria de biocombustibles a Energía por su posición sobre el cambio de la ley
El subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Veller expresó su rechazo al proyecto de la Liga Bioenergética y expresó que hay una iniciativa oficial, pero todavía no fue presentada
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- No hubo acuerdo en la Comisión de Energía y Minería del Senado para emitir un dictamen para la nueva ley de biocombustibles impulsada por la Liga Bioenergética y la Unión Industrial Argentina (UIA). El subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Veller, que depende de la Secretaría de Energía, tiene otra iniciativa -que todavía no se presentó- pero que apunta a demorar hasta 2027 los cambios. Esa posición, por supuesto, provocó críticas entre los que trabajaron en el otro proyecto.
El Gobierno impulsa un corte para el biodiésel del actual 7,5 % al 10% en 2027 y para el bioetanol, del 12% al 15%, siempre en ese año. La Liga Bioenergética pone para el biodiésel un aumento gradual hasta el 15% en dos años y para las naftas, el corte mínimo de bioetanol se elevará del 12% al 15% en el mismo lapso. Hay un esquema diferenciado del 10% para la región patagónica, sujeto a revisión periódica.
El diputado cordobés Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal), de los más activos en el impulso de la iniciativa de la Liga, dijo a LA NACION que la dilación “responde al eterno y clásico lobby de las petroleras y las automotrices”. El legislador expresó que "Manejan el 95% del mercado de compra y hablan de abrir el mercado de bios. En el oficialismo terminan siendo parte del capitalismo de amigos y por eso transforman en feudal lo que tocan. Son incapaces de pensar la economía del país en forma conjunta. Sostenemos ‘vaca muerta’ y vaca viva’ juntas; no es uno u otro como plantean ellos”.
Agregó que hubo unos US$9000 millones que se dilapidaron por no actualizar el impuesto a los combustibles. “Se divide por mitad entre este Gobierno y el kichnerismo. Hacen populismo de derecha y hablan del costo fiscal de los biocombustibles. Brasil encontró una solución equilibrada para los bios”, sostuvo.
Sobre el “costo fiscal” de los biocombustibles que mencionó el funcionario, las cámaras de biodiésel y etanol señalaron que hace varias semanas indicaron que con un trámite administrativo de ARCA se puede redistribuir el importe que se cobra por litro en la porción fósil de la nueva mezcla y así las subas de corte no tienen impacto fiscal.
La presentación del Gobierno tiene dos aristas, según Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz. Una positiva, que es que “reconoce” que la ley actual “está agotada” y que las mezclas con bioetanol y biodiesel tienen que crecer. En cambio, la “menos positiva es que parece dilatar el proceso hacia una nueva ley sin dar a conocer su propuesta formalmente”, dijo.
Calificó ante este medio al proyecto de la Liga como “responsable, serio y moderado” y añadió: “es el mejor camino que la Argentina tiene para industrializar la ruralidad y empezar a construir la Argentina federal y sustentable que tanto anhelamos”.
La comisión pasó a cuarto intermedio y la estimación es que en unas dos semanas -después de las elecciones legislativas- el proyecto va a tratarse. Los senadores que acuerdan con el de la Liga entienden que están los votos suficientes para sacar un dictamen favorable.
Desde la Cámara Panamericana de Biocombustibles, Axel Boerr, dijo a este diario que Veller “no dice lo correcto cuando habla de ‘iniciativa del Gobierno’ sino que es de una facción de intereses”. Añadió que el oficialista es el que Guillermo Francos “le propuso a los gobernadores y se incluyó en la ley de Bases. Coincide con el de la Liga que es el que tiene el apoyo de 17 compañías de etanol, de diez de biodiésel, de ocho federaciones y de la UIA”.
Sostuvo también que la iniciativa planteada por Veller “es la muerte lenta de las compañías. Están ahorcando a la industria; hace 16 meses que la de biodiésel pierde plata. El funcionario hace cálculos que están mal estructuralmente. Piensa que por una tonelada de biodiésel se va a dejar de exportar una de aceite y no es así. La exportación depende de la demanda de aceite del mercado internacional. Entonces, una tonelada de biodiésel implica moler cinco toneladas más de soja para tener una de aceite y cuatro de harina. Habrá más actividad”.
Boerr también objetó al Subsecretario por su comparación de los precios del gasoil y el biodiésel: “Son dos cosas diferentes. No solo tienen precios distintos, sino valores diferentes. Uno es cancerígeno y el otro no. Si se los compara sin considerar todo eso, es mezclar peras y bananas”, dijo.
“Cuando Veller se refirió a que este Gobierno trabaja en la búsqueda de consensos, los senadores le hicieron notar que no es así -precisó-. Lo único que quiere hacer es dilatar el proyecto para que pierda estado parlamentario. Es lo que han estado intentando siempre. Todo es con secretismo, para terminar dándole el mercado a un grupo reducido de empresas.”
Desde el Centro de Azucareros, Jorge Feijoo, coincidió en que el de la Subsecretaría “no es un proyecto de consenso” porque no se logró un acuerdo. Respecto del concepto de una transición a un mercado de libre comercialización en seis años “estaríamos de acuerdo si no existiera un mercado con fallas como es el del combustibles, donde una empresa tiene el 55% del mercado”.
También se refirió a la idea de importar biocombustibles que baraja el Gobierno. “No hablamos de competir porque al lado tenemos a un país, como Brasil, que es el principal productor de etanol del mundo. Tiene un mercado interno enorme, por lo que sus excedentes son a costos y precios de excedente.
Otra voz
La cámara que nuclea a los pequeños y medianos productores, la Cepreb, advirtió que el proyecto de la Liga beneficia a las agroexportadoras. En un comunicado, indicaron que “fue redactado a espaldas de las empresas pymes elaboradoras del 60% del biodiésel destinado al corte obligatorio y sin consulta ni interlocución con las provincias de San Luis, Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa”.
También sostuvieron que el régimen actual tiene vigencia hasta el 30 de diciembre de 2030 y establece que el mercado local debe ser abastecido por las empresas no integradas (Pymes) a las que se le asigna un cupo proporcional que les permite producir y generar valor: “Quienes invirtieron e invierten, firman contratos con proveedores y servicios, contratan personal y desarrollan planes de trabajo lo hacen con la certeza de que hay una Ley que garantiza determinadas condiciones. Cambiar las reglas de juego a mitad de camino marca un precedente nefasto para todo el entramado productivo".
La Cepreb interpreta que la iniciativa “pretende un sistema de licitaciones entre empresas no integradas, en su mayoría Pymes, para que compitan por el cupo a producir, siendo que por costos logísticos las compañías que están cerca de la materia prima -puerto de Rosario- tienen una ventaja decisiva que les permitirá ganar la amplia mayoría de licitaciones”.
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