De gigante a pedir su quiebra: el largo derrumbe de SanCor tras décadas de crisis, ventas y frustrados rescates
La cooperativa, que supo procesar millones de litros diarios, llegó al colapso tras una prolongada secuencia de deudas, pérdida de mercado e intentos de salvataje
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LA NACIONMariana Reinke
Luego de que ayer SanCor, concursada desde febrero de 2025, solicitara su propia quiebra ante el juez Marcelo Gelcich, volvió a quedar expuesto el abrupto deterioro de una empresa que durante décadas fue símbolo del cooperativismo exitoso en la Argentina. Con sede en Sunchales, la cooperativa supo consolidarse como un emblema de la industria láctea nacional, hasta quedar atrapada en una crisis que terminó por llevarla a esta instancia límite.
Nacida en 1938, la cooperativa llegó a convertirse en uno de los íconos de la industria láctea nacional, con miles de productores asociados, fuerte presencia en el mercado interno y exportaciones a distintos destinos. Su crecimiento la consolidó como una referencia del sector, con plantas industriales distribuidas en varias provincias y una marca de enorme penetración entre los consumidores.
En todo ese tiempo, destacó una fuente consultada, SanCor se convirtió no solo en una usina láctea, sino que fue una compañía que hizo mucho por la lechería argentina. “Desde caminos rurales, electrificación rural, desarrollo en las regiones y formación de técnicos que hoy están trabajando en todas las industrias del país. Creó una de las principales compañías de seguro del país, SanCor Seguros, y el frigorífico Uncoga. También creó el Banco Rural que ahora pertenece a Macro. Tenía una administradora de fondos de jubilación y pensiones, Unidos AFJP, entre otras cosas", detalló una fuente que conoció de cerca a SanCor.
Pero ese liderazgo comenzó a mostrar señales de deterioro con el paso de los años. Problemas estructurales, altos costos, pérdida de competitividad, un creciente endeudamiento y la presión sindical, indicaron, fueron erosionando la solidez financiera de la cooperativa. A ello se sumaron años de volatilidad económica y dificultades para sostener inversiones en un negocio cada vez más exigente en escala y eficiencia.
Uno de los primeros grandes puntos de inflexión llegó en 2006, cuando la cooperativa estuvo cerca de cerrar un acuerdo con Adecoagro. Sin embargo, la operación se frustró por decisión política. Fue el entonces presidente Néstor Kirchner quien ordenó parar todo y en su lugar impulsó un financiamiento desde Venezuela que gobernaba Hugo Chávez por US$80 millones.
Como contraprestación, SanCor devolvería ese crédito con miles de toneladas de leche en polvo durante 15 años. La cooperativa envió el producto y cumplió.
Después hubo un convenio de abastecimiento de SanCor a ese país, pero Venezuela no terminó de pagar: adeuda unos US$18 millones.
Aquella asistencia permitió descomprimir momentáneamente la situación financiera, pero no resolvió los problemas de fondo. La empresa continuó acumulando dificultades operativas y pasivos crecientes, mientras perdía capacidad de procesamiento y terreno frente a competidores más dinámicos dentro del mercado lácteo.
La crisis tomó una dimensión crítica en 2017, cuando la compañía inició una reestructuración profunda. Según explicó la propia empresa tiempo después, “tras atravesar una profunda crisis en 2017, la cooperativa inició un proceso de reestructuración que fue cumpliendo distintas etapas”. Ese plan incluyó cierres de plantas, venta de activos y reducción de personal.
Como parte de esa reestructuración, SanCor vendió plantas industriales y marcas emblemáticas para generar liquidez. En 2019, la firma transfirió instalaciones y marcas a Adecoagro por US$45 millones, en un intento por ordenar su estructura.
Aun así, la reducción de escala no logró revertir la tendencia. La empresa siguió perdiendo participación de mercado y capacidad industrial. En paralelo, varios negocios históricos fueron quedando en manos de terceros, como las líneas de yogures y postres, lo que fue achicando progresivamente la estructura comercial de la cooperativa.
La falta de capital fresco fue otro obstáculo decisivo. Durante el gobierno de Alberto Fernández se analizó un fideicomiso privado para rescatar la empresa, pero el proyecto nunca prosperó. No se avanzó y la firma siguió con serias dificultades.
Para comienzos de 2025, la situación financiera ya era crítica. En febrero, la cooperativa se presentó formalmente a concurso preventivo de acreedores.
En ese momento, en el sector ya advertían que el concurso podía ser la antesala del colapso final. En ese tiempo, el exsecretario de Lechería de Santa Fe, Pedro Morini, sostenía que la situación era terminal y aseguraba que el concurso era “el principio de una quiebra”.
La empresa intentó entonces un nuevo salvataje judicial. En octubre pasado presentó ante la Justicia un “Plan de Crisis”, donde admitió que “el sostenimiento de la marcha del negocio de la cooperativa durante el proceso del concurso se está tornando dificultoso sin la participación de terceros”.
Ese reconocimiento dejó expuesto el deterioro operativo: menor ingreso de leche, plantas paralizadas, caída en la presencia de productos y crecientes conflictos laborales. La compañía ya no lograba sostener su funcionamiento sin apoyo externo, en un escenario cada vez más delicado.
La tensión escaló con fuerza cuando comenzaron los incumplimientos salariales. Los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea Argentina (Atilra) denunciaron deudas millonarias y reclamaron judicialmente la quiebra. Según el gremio, había una deuda preconcursal de $69.000 millones y otros $14.000 millones por obligaciones laborales impagas.
Vale recordar que en sus mejores tiempos, la cooperativa había llegado a procesar más de cuatro millones de litros diarios y a tener más de 4000 empleados, pero para septiembre de 2025 solo operaba apenas unos 300.000 litros a fasón para terceros y tenía un plantel de unos 850 operarios.
Poco después, exempleados que habían acordado retiros voluntarios presentaron otro pedido de quiebra. “La empresa tiene que pagar”, advertía el abogado patrocinante de ese grupo al fundamentar la presentación judicial.
Mientras tanto, el concurso avanzaba con datos alarmantes. Se verificó un pasivo cercano a los US$120 millones.
El juez del concurso también endureció su postura. En diciembre pasado intimó a la empresa a entregar información clave bajo apercibimiento de aplicar medidas más severas previstas en la ley concursal, abriendo incluso la puerta a una intervención judicial, lo que finalmente ocurrió con la designación de una coadministradora.
En paralelo, el derrumbe de firmas vinculadas a negocios históricos de SanCor profundizó la percepción de crisis en torno a la marca. La quiebra de ARSA, que elaboraba yogures y postres con marcas adquiridas a la cooperativa, fue otro golpe simbólico en la cadena de valor vinculada a la empresa.
Finalmente, tras años de achicamiento, intentos fallidos de rescate, venta de activos, pérdida de mercado y creciente conflictividad laboral, llegó el pedido de quiebra. Lo que alguna vez fue una de las mayores cooperativas lácteas del país terminó atrapado en una combinación de deudas, falta de financiamiento y deterioro operativo que la dejó sin margen de maniobra.
“Es la empresa láctea que más sufrió el proceso de controles de precios, cierres de importaciones, presiones sindicales, entre otros factores”, dijo la fuente.
El pedido de quiebra presentado ayer marca un punto crítico en ese proceso y deja abierto el interrogante sobre si aún queda margen para preservar parte de una estructura que supo ser central para la lechería nacional.
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