“Devolución de favores”: apoyos y reparos a una medida de Caputo sobre la maquinaria que exigió Estados Unidos
Referentes ligados al agro y especialistas en comercio exterior analizaron la decisión de habilitar el ingreso de equipos usados para diversos sectores
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LA NACION Belkis Martínez
Tras el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), que impedía el ingreso de maquinaria agrícola usada, el sector espera una mayor competencia y la posibilidad de acceder a herramientas con prestaciones similares a menor costo. Pero entre los industriales está el temor a la pérdida de competitividad. Caputo confirmó ayer, a través de una publicación en X, que el sistema creado en 1994 mediante la resolución 909, firmada por el entonces ministro Domingo Cavallo, será eliminado por decreto. La medida también es para maquinaria de otras actvidades.
En el sector industrial esperan conocer los detalles del decreto y, por ende, su impacto directo. En off expresaron preocupación ante la competencia que generaría el ingreso de maquinaria usada frente a la producción nacional. Alegaron riesgos fitosanitarios, pese a la existencia de certificaciones requeridas, y advirtieron sobre posibles desventajas por la falta de garantías o servicio técnico capacitado en máquinas importadas.
Fuentes del sector deslizaron que, una vez liberada la importación, las primeras en ingresar serán cosechadoras, seguidas de tractores y pulverizadoras. Incluso, indicaron que ya se venía ofreciendo maquinaria con poco uso proveniente del exterior, ante la expectativa de que se levantara esta restricción. En síntesis, la medida podría fomentar la competencia en el mercado interno.
Jorge Scoppa, presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma), observó que, por el momento que está pasando la cadena, no estaría mal el ingreso de la maquinaria usada. Según sostuvo, principalmente, lo que más se necesita y potenciaría son cosechadoras. “No lo veo para otro tipo de implemento para la actividad nuestra", dijo. Agregó: “Si ya tenemos un parque bastante envejecido en maquinaria agrícola, principalmente cosechadoras, tractores, no veo comprar más máquina usada”.
El contratista opinó que, si bien “no es lo ideal”, en este momento, por los precios en que están las máquinas nuevas, a lo mejor convenga. “También tendremos que ver quiénes van a manejar este mercado. No creo que los productores o contratistas puedan importar por sí solos. Esto es un tema, así que veremos qué pasa. El Gobierno tendría que haber sacado impuestos a las maquinarias nuevas, tendría que usar el sistema de amortización acelerada para desgravar más impuestos a las ganancias", indicó.
En ese contexto, Ignacio Arroyo, abogado especialista en comercio exterior y socio de Arroyo Barbarach Abogados, indicó que la eliminación del CIBU se alinea con la política de comercio exterior del gobierno nacional y representa el fin de una restricción no arancelaria que impidió importar bienes de capital si había producción nacional.
“Este certificado consistía en una prohibición de tipo no arancelaria —técnicamente dentro del acuerdo de licencia de importación de la OMC— para el caso que el bien de capital que se pretendía importar contara con producción nacional. El trámite ante la Dirección de Importaciones y la Dirección de Evaluación y promoción industrial demoraba aproximadamente 90 días y se le consultaba a empresas o cámaras empresarias del sector, respecto a la efectiva capacidad de provisión local del bien que se intentaba importar”, dijo.
Resaltó que el CIBU era una prohibición sin mayor análisis. “Era suficiente con que una empresa o cámara diga en los expedientes que existía producción local, pero no era obligación demostrar la efectiva producción. Si bien es cierto que los grandes fabricantes locales podrían ver afectadas sus ventas y eso llevar a la menor generación de empleo, no es menos cierto que la prohibición del CIBU distorsionaba el mercado interno de maquinaria agrícola nueva — siendo una queja del sector contratista rural y de los productores por los altos costos de la maquinaria nueva. Además, había defensas del sector de fabricación nacional que no eran ciertas, como por ejemplo la posible introducción de plagas. Podemos aclarar que, junto con la tramitación CIBU, para introducir una máquina agrícola usada a la Argentina se requiere una certificación fitosanitaria que tiene como finalidad eliminar el riesgo de introducción de plagas. Ahí perdían consistencia las defensas del sector nacional”, dijo.
De acuerdo con el letrado, la eliminación del CIBU es “un acto de devolución de favores” o de demostrar la firme convicción del alineamiento político de la Argentina, ya que se procede a remover uno de los puntos que figuran en el documento “Barreras al comercio exterior” que EE. UU. actualiza todos los años y donde se identifican impedimentos de todo tipo que, según Washington, dificultan el comercio y la inversión.
En ese contexto, Santiago del Solar, productor agropecuario, consideró que “la medida es muy buena”, y resaltó que esto es algo que se venía pidiendo, para que los productores puedan acceder a maquinaria usada, importada de otros países, así como otros países del Mercosur lo hacían. “A partir de ahora, se va a poder empezar a hacer, lo cual es muy bueno, teniendo en cuenta que al productor argentino hoy le cuesta muchísimo acceder a maquinaria agrícola, ya que, por un lado, lo que vende para comprar maquinaria agrícola a valor internacional es soja o maíz con derecho de exportación, o sea, con un descuento, con retenciones, y a su vez tiene que comprar maquinaria con aranceles de importación, doble IVA que tiene la maquinaria agrícola usada”, enumeró.
Según dijo, esto sería un alivio. “Tenemos que continuar para bajar aranceles de importación de maquinaria agrícola y, de esa manera, poder acceder a la tecnología que necesitan los productores para poder producir cada vez más. La medida es muy buena y está en el sentido correcto. Obviamente, faltan otras cosas”, agregó.
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