El oficialismo en el Senado busca avanzar con una nueva ley de biocombustibles y ya hay apoyos y reparos en la industria
Se trata de una propuesta impulsada por Patricia Bullrich que plantea un esquema “desregulado y libre”, incorpora biometano y combustibles sostenibles de aviación y apunta a ampliar la participación privada
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LA NACION Belkis Martínez
Un grupo de senadores del oficialismo avanzó con un nuevo proyecto de ley de biocombustibles impulsado por Patricia Bullrich que propone una transformación del esquema energético argentino, con foco en la desregulación del mercado, el aumento de las mezclas obligatorias y la incorporación de nuevos combustibles vinculados a la transición energética global.
La iniciativa, presentada en el Senado la semana pasada, plantea sustituir el actual régimen por un sistema “dinámico, eficiente, desregulado y libre”, habilitando una mayor participación del sector privado y promoviendo nuevas inversiones en bioetanol, biodiésel, biometano y combustibles sostenibles de aviación (SAF).
Uno de los principales cambios es el incremento de los cortes obligatorios de biocombustibles en los combustibles fósiles. El proyecto eleva el biodiésel del 7,5% actual al 10% y el bioetanol del 12% al 15% dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia de la ley. Además, faculta al Poder Ejecutivo a modificar esos porcentajes por cuestiones técnicas o de abastecimiento.
La propuesta también incorpora, por primera vez en la legislación argentina, el concepto de vehículos “flex fuel”, capaces de funcionar con diferentes proporciones de combustibles líquidos y biocombustibles, siguiendo modelos aplicados en países como Brasil.
El proyecto “regula las actividades de elaboración, almacenaje, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles en el territorio nacional, con una vigencia de 15 años contados a partir de su aprobación”. Además señalan que con esto buscan “impulsar la transición del sector de biocombustibles hacia un mercado dinámico, eficiente, desregulado y libre, a fin de fomentar los acuerdos entre privados”.
A su vez, el texto impulsa la creación de un mercado electrónico de comercialización de biocombustibles, habilita la inyección de biometano en redes de gas natural y promueve el desarrollo de combustibles sostenibles de aviación, uno de los segmentos con mayor crecimiento proyectado a nivel internacional por las exigencias ambientales y de descarbonización del transporte aéreo.
La iniciativa impacta especialmente sobre las cadenas “productivas vinculadas al maíz, la soja y la caña de azúcar, principales insumos para la elaboración de bioetanol y biodiésel, y podría beneficiar particularmente a provincias como Córdoba, Santa Fe y Tucumán”.
El proyecto también redefine categorías empresarias dentro del sector y diferencia entre compañías integradas y no integradas, en medio de una histórica disputa entre grandes grupos aceiteros, petroleras y plantas pymes de biocombustibles.
En los fundamentos, la propuesta plantea que el actual esquema regulatorio generó distorsiones en el mercado y limitó inversiones, por lo que considera necesario avanzar hacia un sistema con mayor competencia y libertad comercial.
En el Congreso ya existían iniciativas previas sobre biocombustibles, como las impulsadas por la diputada de La Libertad Avanza Lorena Villaverde o por Camila Crescimbeni junto a otros legisladores, enfocadas principalmente en extender el régimen vigente y actualizar los porcentajes de corte hasta 2030. Las provincias productoras, agrupadas en La Liga Bioenergética, también tienen una iniciativa.
Desde la industria del biodiésel, la recepción inicial del proyecto fue favorable, aunque con observaciones sobre el nivel de mezcla propuesto. En la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) destacaron la oportunidad de la iniciativa en un contexto internacional que, según señalaron, favorece a la industria de los biocombustibles. “Apoyamos la oportunidad de la presentación de este proyecto, sobre todo en un momento en donde el escenario internacional pone en valor a nuestra industria”, indicó Luis Zubizarreta, presidente de la entidad.
Sostuvo, además, que la propuesta tendría amplio respaldo dentro del sector del bioetanol y el biodiésel, y puso el foco en la necesidad de avanzar hacia un esquema de mayor apertura de mercado. “Entendemos que el proyecto cuenta con el apoyo de la enorme mayoría de los actores de la industria de etanol y biodiésel. Es fundamental que se instaure cuanto antes la libre competencia en el mercado; idealmente antes de 2029, de modo de utilizar la capacidad ociosa e incentivar futuras inversiones”, señaló.
No obstante, desde la cámara plantearon diferencias sobre el porcentaje de corte previsto para el biodiésel. Mientras el proyecto eleva la mezcla al 10% en el biodiésel, Carbio consideró que el nivel debería ubicarse en 15%, argumentando que ello permitiría sustituir importaciones energéticas. “Creemos que el corte de biodiesel debería ser del 15%, reemplazando importaciones de gasoil que hoy realiza nuestro país”, afirmó.
Patrick Adam, presidente de la Cámara de Bioetanol, indicó que el proyecto está “orientado a promover la seguridad energética, la transición hacia energías más limpias y el desarrollo de un mercado más competitivo, moderno y desregulado”. En lo referido específicamente al bioetanol, mencionó que “introduce cambios relevantes para la industria, como por ejemplo una mayor mezcla de bioetanol (pasa del 12% obligatorio al 15% obligatorio) y la creación de un mercado libre por encima de ese umbral, en donde el consumidor podrá elegir mayores mezclas".
Destacó que esto permite modernizar la movilidad, introduciendo los autos flex, que permiten usar hasta 100% de bioetanol. “El proyecto, que busca generar previsibilidad de largo plazo, impulso a las inversiones y mayores condiciones de competencia y crecimiento, es perfectible y ofrece varias oportunidades de mejoras que exploraremos con los legisladores”.
Axel Boerr, presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, sostuvo, en tanto, que el proyecto “podría alcanzar los objetivos que dice perseguir” si se introducen modificaciones sobre algunos puntos centrales del esquema propuesto. En ese sentido, advirtió que durante la transición “se reduce el segmento de empresas no integradas de 7,5% a 3%”, y cuestionó, además, que “el límite del 14% se aplique dentro del segmento no integrado y no sobre el mercado total, sin igualación de utilización entre conjuntos”.
Boerr también planteó reparos sobre el sistema de comercialización previsto en la iniciativa. “Se reemplaza una licitación pública propiamente dicha por una negociación electrónica donde el comprador concentrado conserva poder”, señaló. A eso sumó cuestionamientos sobre el coprocesamiento, ya que consideró problemático que “compute dentro del corte obligatorio” y que además “se extiendan beneficios fiscales a la porción de gasoil coprocesado, abriendo un beneficio fiscal para refinadores”.
El dirigente agregó que el proyecto “habilita importaciones por precio inferior sin corregir primero las distorsiones locales de insumos”, mientras que la Autoridad de Aplicación “conserva una discrecionalidad amplia para modificar el corte obligatorio”. También remarcó la “ausencia de take, deliver or pay”, al advertir que el texto no establece “una sanción contractual automática ante incumplimientos de entrega o retiro”.
Finalmente, comparó la situación argentina con Brasil y afirmó: “En los últimos 15 años los mandatos crecientes de biodiésel en Brasil, hoy del 15%, traccionaron un crecimiento de la producción de soja de 125%, alcanzando 170 millones de toneladas. Argentina estancó su mercado de biodiésel. El resultado: producción de soja estancada durante 15 años”.
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