“Es esencial”: la Mesa de Enlace habló del decreto que reforma el INTA y pidió “marcos estables” para las instituciones
A través de un comunicado, publicado 24 horas después de conocerse los anuncios por una falta de consenso, las entidades del sector reclamaron estabilidad
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Después de que se publicara el decreto presidencial 462/2025, que reestructura el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otros entes, la Mesa de Enlace manifestó su preocupación ante la falta de previsibilidad que genera el reciente “decreto ómnibus”. A través de un comunicado, las cuatro entidades advirtieron sobre los riesgos de alterar el funcionamiento de organismos clave como el INTA, y reclamaron estabilidad, reglas claras e institucionalidad sólida para garantizar el desarrollo del sector agroindustrial y el bienestar del conjunto de la sociedad.
El mensaje de la Mesa de Enlace, integrada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), se da casi 24 horas después de que el gobierno anunciara oficialmente el avance en siete organismos del Estado. Según trascendió, no lograban consenso y por eso se demoró la comunicación. En rigor, hubo otras versiones del comunicado y quedaron afuera menciones a otros entes, como el Inase. Otras fuentes atribuyeron la demora a que había que hacer un estudio sobre el largo decreto.
A través del comunicado final y sin citar otros organismos del agro afectados por los cambios impulsados por el gobierno de Javier Milei, las entidades agropecuarias dijeron: “La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias ante el nuevo marco de funcionamiento de organismos vinculados al sector expresa su incertidumbre y preocupación ante la interpretación que debemos realizar frente a un decreto ómnibus”, afirmaron.
Esta postura de las entidades ruralistas se da después de que el Gobierno publicara en el Boletín Oficial el decreto que apunta a siete organismos del Estado, cinco de ellos con injerencia e impacto en el sector agropecuario. La decisión había sido anticipada ayer por el vocero Manuel Adorni en una conferencia donde también participó Federico Sturzenegger, ministro de Transformación y Desregulación del Estado.
En la lista de desregulaciones realizadas por el gobierno nacional en el marco de las facultades delegadas en la Ley de Bases, están la “transformación” del INTA, que pierde su capacidad autárquica y pasa a ser un organismo “desconcentrado”; la disolución del Instituto Nacional de Semillas (Inase), al igual que cambios para el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Además, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se transformó en unidad organizativa, y se disolvió el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci).
En ese sentido, los ruralistas explicaron que “en un país históricamente vulnerable a las modificaciones impulsadas por los sucesivos gobiernos, estamos convencidos de que los organismos oficiales y las instituciones público-privadas deben contar con un funcionamiento autónomo y estable, para evitar alteraciones que afecten procesos, metodologías y la toma de decisiones". Además, señalaron que “esto es esencial para brindar previsibilidad a las fuerzas económicas y contribuir al fortalecimiento de toda la sociedad”.
Los integrantes de la Mesa de Enlace agregaron: "En el caso particular del INTA, los representantes de los productores esperamos ser convocados para analizar el esquema que se propone y evaluar sus implicancias. Somos plenamente conscientes de que este organismo necesita modernizarse, potenciando sus recursos humanos y consolidándose como motor de investigación, desarrollo y extensión rural en la Argentina, y en este sentido hemos transitado todo este tiempo haciendo nuestros aportes".
Vale recordar que las cuatro entidades de la Mesa de Enlace integraban hasta hoy el Consejo Directivo del INTA, máximo órgano de conducción, que ahora pasará a ser un consejo técnico ad honorem. La nueva estructura prevé que la dirección quede en manos de un presidente con rango de secretario de Estado, designado por el Poder Ejecutivo, y asistido por un Consejo Técnico propuesto por representantes del sector agropecuario, y que tendrá a su cargo el asesoramiento en los lineamientos científico-técnicos del organismo.
Para ello, los ruralistas señalaron que desde el campo creen en “reglas claras, instituciones sólidas y marcos estables que faciliten e impulsen el desarrollo productivo y agroindustrial mediante la innovación, arraigo y extensionismo rural para el bien de toda la sociedad”.
LA NACION
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