Frente a una sensación de déjà vu en el campo

Aunque era esperada tras el triunfo de Alberto Fernández en las elecciones de octubre pasado, la suba de los derechos de exportación a la mayoría de los productos agropecuarios que dispuso ayer el Gobierno no dejó de provocar sorpresa y malestar entre ruralistas y productores agropecuarios.

Con un decreto y una resolución publicados ayer en el Boletín Oficial, que dejaron abierta a la confusión aun entre los expertos del sector, la administración de Alberto Fernández comienza a tensar la relación con el campo. Una suerte de déjà vu de lo que ocurrió hace poco más de 11 años y que no solo marcó un hito en el destino político del actual Presidente, que renunció a su cargo como jefe de Gabinete tras el fracaso de la resolución 125 en el Congreso, sino que se abre el riesgo a agigantar la grieta que el propio Fernández dice estar dispuesto a cerrar.

La sorpresa de los ruralistas es porque en agosto pasado, tras el triunfo en las PASO, el hoy presidente les dijo a los dirigentes de la Mesa de Enlace que las medidas que fuera a tomar iban a ser fruto del diálogo con los diferentes sectores. Esta semana, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, se cruzó de manera informal con varios dirigentes en cócteles de fin de año y, según afirman los ruralistas, no les adelantó la medida. En la cartera agrícola, en cambio, dicen que el diálogo formal vendrá a partir de ahora. "Lo único que se hizo fue actualizar los porcentajes del aumento que dispuso Macri en septiembre del año pasado y que quedaron desactualizados por la devaluación del peso, especialmente después de las PASO", dijo una fuente del equipo de Luis Basterra para defender la decisión.

El criterio que tiene el Gobierno es que a mayor grado de desarrollo que tiene un producto agropecuario pagará menos derechos de exportación, explicó esa fuente. La discusión será ardua, pero, por lo pronto, se restablecerá el diferencial arancelario que gozaban la harina y el aceite de soja frente al poroto que eliminó Macri en 2018. La decisión no será casual: el gobierno de Alberto Fernández se ganará un aliado importante en el complejo oleaginoso, el principal exportador del país, con espaldas financieras suficientes como para adelantar la liquidación de dólares cuando el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, lo necesite.

El malestar de los productores no es una mera cuestión de cortesía. Con el incremento de las alícuotas muchos evalúan que los números de la agricultura entran en una zona de riesgo, cuando no, directamente a pérdida. Según un informe de la consultora AZ Group, que asesora a productores, en soja, quienes obtengan rendimientos del cultivo promedio a nivel nacional, "no se llega a cubrir los costos". En maíz y trigo, "a nivel promedio país, no se llega a cubrir los costos".

En el trabajo, explica que "al aumentar las retenciones en el cultivo de maíz es muy probable que en futuras campañas disminuya la superficie en aquellas zonas alejadas al puerto". Algo similar sucede con el trigo. Productores del centro de Córdoba, el NOA o La Pampa, por ejemplo, que desde 2016 habían incorporado los cereales a sus planteos productivos tras la baja a cero de los derechos de exportación tenderán a recortar la superficie sembrada con trigo y maíz a partir del año próximo. El impacto se sentirá en los pueblos del interior: comerciantes, transportistas y profesionales que se mueven por la rueda económica del campo.

En ese esquema, la posibilidad de tener algún margen económico favorable quedará limitada a la soja. Esto conlleva el riesgo de quedar a merced de una contingencia climática desfavorable o enfrentar una caída en los precios internacionales como los que ya están viviendo en esta campaña agrícola. Desde septiembre pasado las lluvias en la región pampeana son 50% más bajas que el promedio. La máquina de generar dólares puede trabarse.