Impuestos nuevos para todos
El Gobierno removió uno de los obstáculos que, en su visión, le impedían encarar la recuperación de la economía. Tras el acuerdo por una parte de la deuda externa, explican los analistas económicos, se abre ahora otra negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el endeudamiento que el país tiene con este organismo internacional. Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo tiene en carpeta un paquete de medidas sectoriales para incentivar a los sectores productivos.
En ese contexto, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) continúa con la búsqueda de consenso para lograr una ley que otorgue estabilidad financiera y fiscal por diez años con ventajas tributarias para la actividad que permitan incrementar las exportaciones desde los 65.000 millones de dólares actuales hasta US$ 100.000 millones con la generación de miles de puestos de trabajo.
Pero, y aquí comienzan las luces amarillas, el mismo Gobierno que recibe y escucha a algunos referentes del sector que llevan propuestas para comenzar a aliviar el peso de la carga fiscal, le da luz verde a un proyecto que va en el sentido contrario. Se trata del llamado impuesto a la riqueza.
El especialista Héctor Tristán, en un artículo publicado en lanacion.com.ar, explicó que "los inmuebles rurales, cuyos titulares sean personas humanas y sucesiones indivisas, cualquiera sea su destino o afectación, también se verán alcanzados por el impuesto a las grandes fortunas que se discute en estos momentos en el Congreso". Esto ocurrirá, explicó, "al no incluir el proyecto enviado las exenciones que contiene la ley del Impuesto a los Bienes Personales, base para la determinación del patrimonio afectado por el nuevo tributo".
La iniciativa oficial gravaría los bienes con una alícuota de 2 a 3,5% del patrimonio, cuando este supera los $200 millones. "En dólares al tipo de cambio oficial son US$3 millones, con lo cual cualquier productor con unas pocas hectáreas más maquinarias, camioneta, lo supera, por eso no es un impuesto para altas riquezas", dijo Tristán.
Desde un punto de vista político, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) publicó un comunicado el lunes pasado en el que calificó al tributo como un "impuesto al progreso".
El cuestionamiento de la entidad podría sintetizarse en tres ejes. El primero es que "el recurso tierra tiene un alto peso en el capital invertido, pero que no genera una rentabilidad por sí mismo acorde a su cuantía, sino que forma parte del sustento productivo".
En otras palabras, una persona no es rica solo por tener un campo de 300 hectáreas en la pampa húmeda. Probablemente ni siquiera lo sea poniéndolo en producción. El otro eje que expone CRA es que también se compromete a las economías regionales en las que el proceso de producción requiere de "altas inversiones por unidad como la vid, el ajo, los cítricos, olivos", entre otras.
El otro punto que los ruralistas ponen énfasis es en la comparación de los esquemas tributarios de los países vecinos, que en algunos rubros compiten con la producción argentina para llegar a los mercados externos. CRA cita el caso de Brasil, que a partir de la década de los años 90 eliminó los impuestos a la exportación, lo que le permitió ser líder mundial en producción y comercio de varios productos, y el de Uruguay.
En este caso, cercano en distancia, pero lejano en política, "los productores de leche, arroz, frutihortícolas y los ganaderos de menos de 1000 hectáreas reciben la devolución del IVA en las compras de gasoil". Y, además, "los productores gozan de regímenes tributarios simplificados, la mayor parte de los insumos agropecuarios están exentos de IVA", afirma CRA.
Por supuesto, el llamado "impuesto a la riqueza" es presentado por el oficialismo como de carácter extraordinario, por una única vez. También había sido el "impuesto al cheque" creado en 2001, que ya alcanzó la mayoría de edad, y otros tantos tributos que crea una dirigencia política que vive de espaldas a la producción. Ahora la excusa es la pandemia del coronavirus.
En este contexto, la definición de una ley agroindustrial tiene no pocos escollos que sortear. Aun así, tanto en el oficialismo como en la oposición la propuesta fue bienvenida. "En definitiva, el agro necesita lo mismo que otros sectores como el de la energía, con Vaca Muerta, o los servicios, con la ley de conocimiento: que se baje la presión impositiva", dijo esta semana en declaraciones radiales el diputado Luciano Laspina (Juntos por el Cambio).
Algunos imaginan que la baja de la presión tributaria podría llevar por la vía de "islas productivas" con beneficios impositivos, a la manera del modelo chino. Suena bien, pero se corre el riesgo de crear ventajas para unos pocos, los más informados y organizados. El agro necesita una mejora horizontal que alcance a la mayor cantidad de actores posible. Así puede demostrar lo que es capaz de hacer.
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