“Incumplimiento de la ley”: fuerte advertencia de empresas de biodiésel a Luis Caputo por una millonaria pérdida
Las cámaras de las firmas que proveen al mercado interno sostienen que los precios del biocombustible no se vienen ajustando de acuerdo con la ley; dijeron que perdieron US$53 millones
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LA NACION Belkis Martínez
Forzados por lo que consideran una falta de respuestas, las cámaras que agrupan a la totalidad de las pymes productoras de biodiésel para el mercado interno solicitaron la inmediata intervención del ministro de Economía, Luis Caputo, para que garantice que la Secretaría de Energía cumpla con la ley que establece los precios de referencia para el abastecimiento de biocombustibles. Lo hicieron a través de una carta en la que resaltaron una situación de quebranto.
En la misiva que enviaron el pasado miércoles advirtieron sobre un “sistemático incumplimiento” del artículo 14 de la ley 27.640, por parte de la Secretaría de Energía, que ha fijado precios con rentabilidad negativa durante 16 meses consecutivos, según dijeron. “El precio de biodiésel para el mes de octubre de 2025, publicado el día lunes 06/10/2025 en el Boletín Oficial, continúa sin ajustarse a derecho”, mencionaron. LA NACION intentó obtener la versión del Gobierno, pero no obtuvo respuesta.
La nota, firmada por Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), Marcelo Kusznierz, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) y Axel Boerr, presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba), señala que la política de precios del Gobierno ha provocado una pérdida acumulada de 53 millones de dólares desde julio de 2024. En ella advirtieron que esta situación, de no revertirse de manera inmediata, tiene un destino inexorable: “La quiebra de la compañía”.
Las empresas aseguraron que la situación llegó a un punto límite con la publicación del precio para octubre de 2025. Según la resolución 385/2025, el valor se fijó en $1.508.754 por tonelada de biodiésel. Sin embargo, los productores dijeron que este monto ni “siquiera alcanza para cubrir el costo de su principal insumo”, el aceite de soja, que en la primera semana de octubre promedió los $1.563.100 por tonelada. Esta distorsión, indicaron, obligó a la paralización inmediata de todas las plantas productoras destinadas al corte obligatorio con gasoil.
Por eso, las empresas solicitaron la intermediación de Caputo, para garantizar que la cartera de María Tettamanti cumpla con la ley mencionada. Esta normativa instaura una fórmula de cálculo que contempla los costos del mes anterior más una rentabilidad o retorno de capital del 3%. De acuerdo con esa fórmula, según explicaron las cámaras en la nota, el precio correcto para octubre debería ser de $1.621.868 por tonelada, casi un 7,5% por encima del valor fijado por el Gobierno.
“A diferencia de lo sucedido con el resto de las industrias del sector energético, el ajuste realizado sobre la industria del biodiésel fue superior a su rentabilidad, provocando que las empresas -en cumplimiento de la obligación de abastecimiento establecida por ley operen a pérdida. Esta diferencia no es menor: los ajustes en otras industrias del sector energético (en los productores de gas natural o en las generadoras de energía eléctrica, por nombrar dos casos recientes) generan una deuda con la empresa afectando, consecuentemente, su situación financiera", dimensionaron.
Uno de los puntos más contundentes del reclamo es el análisis que hace la industria sobre el impacto que esta medida ha tenido en el precio final del gasoil para los consumidores. Según los cálculos presentados por los industriales en la carta, la decisión de la Secretaría de Energía de fijar un precio por debajo de lo estipulado por ley generó un “ahorro” acumulado en el surtidor de apenas $5,3 por litro entre julio de 2024 y octubre de 2025.
En contraste, aclararon que si el Gobierno hubiera aplicado como tal la normativa el impacto acumulado habría sido de $52,5 por litro. En la industria afirmaron que la crisis ha puesto en jaque a toda la industria nacional.
Por eso, solicitaron a Caputo que interceda “en defensa de la industria elaboradora de biodiésel de capitales nacionales, que agrega valor a la cadena sojera, sustituye importaciones aportando a la transición energética cuidando las divisas, el medio ambiente y la salud de las personas”. Y concluyeron con un dato revelador, según indicaron, regularizar el precio conforme a la ley tendría un impacto en el surtidor que “no supera los 6,2 $/lt”, un ajuste mínimo para reactivar toda una industria.
Vale recordar que en septiembre pasado, en una carta dirigida al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la Unión Industrial Argentina (UIA), a través de su presidente, Martin Rappallini, comunicó formalmente el respaldo de la entidad al proyecto de una nueva Ley de Biocombustibles. La iniciativa fue elaborada por la Liga de Provincias Bioenergéticas, integrada por nueve distritos, y la central fabril le solicitó expresamente al Poder Ejecutivo que considere la promoción del proyecto durante su debate legislativo.
El apoyo de la entidad se fundamenta en que la propuesta legislativa es el resultado de un “arduo trabajo en búsqueda de acuerdos entre el sector público y privado” de las provincias involucradas. El objetivo final de la nueva norma, que ya cuenta con expedientes en las cámaras de Senadores y Diputados, según señalaron, es fortalecer la matriz energética y promover el desarrollo federal del país, destacando su gran importancia estratégica.
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