La confianza, un activo devaluado que se necesita restablecer

El Presidente elige jugar con fuego cuando fuera de su círculo las cosas no están precisamente gélidas. Fue el domingo pasado en una entrevista con el diario Página12 en la que, a raíz del concurso de Vicentin, que ahora está en manos de la Corte Suprema de Santa Fe, coqueteó con la idea de crear una empresa estatal o paraestatal para intervenir el comercio de granos y en la producción de alimentos.

Así, se hizo eco de las propuestas que nacieron del kirchnerismo duro hace unas semanas y que impulsan la transformación de YPF Agro en una combinación de Junta Nacional de Granos con un supermercado de alimentos. Una ensalada en la que se mezcla el impacto global de la guerra en Ucrania y la inflación. Por supuesto, no dio precisiones si hay un proyecto de ley en marcha, pero en su afán de agradar al kirchnerismo, que ya le bajó el pulgar, menea un tema que profundiza la desconfianza del sector con el Gobierno.

Las reacciones de entidades rurales, productores, legisladores de la oposición y exportadores de granos y subproductos coincidieron en el rechazo.

Estas declaraciones llegaron justo cuando transportistas autoconvocados, que no integran las cámaras empresariales del sector, se estaban preparando para lanzar un cese de actividades por tiempo indeterminado en protesta por los todos los problemas que tienen que enfrentar por la escasez y los sobreprecios del gasoil.

Este escenario ya había sido advertido meses atrás no solo por transportistas sino también por productores agropecuarios. Debido a que el Gobierno cree en las políticas de desacople, por las cuales siempre debería haber precios locales más bajos que en el exterior para la energía, los alimentos y los bienes industriales, corrige a cuentagotas los valores de los combustibles, que se incrementaron tras la invasión de Rusia a Ucrania. Esa irrealidad provoca asimetrías en todos los rubros.

A su vez, en la crisis del gasoil se sumó la política de reducción del corte con biodiésel que impulsó el kirchnerismo con la nueva ley y que redujo la oferta del combustible.

“No descarte que en unas semanas comiencen a escasear los productos perecederos”, advirtió a este cronista un empresario del autotransporte de cargas, quien expresó que el reciente incremento de 12% en el precio del gasoil y el aumento temporal del porcentaje de biodiésel en el gasoil son insuficientes a aliviar la crisis.

Fue el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, quien trató de llevar calma a la situación el miércoles pasado cuando concurrió a la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, que preside Ricardo Buryaile. Allí dijo que estaban por llegar tres buques con importaciones de gasoil.

En rigor, el ministro fue a hablar de otro tema: su respaldo al proyecto de ley agroindustrial, que prefiere llamarlo agrobioindustrial, en el que expresó la necesidad de alcanzar un consenso entre todas las fuerzas políticas para ponerlo en marcha. “Sería la mejor señal de previsibilidad para nuestros productores. Generaríamos condiciones favorables para la inversión y el empleo”, sostuvo Domínguez.

El proyecto busca crear un régimen de estabilidad fiscal y financiera por diez años con una serie de incentivos para todas las producciones agroindustriales con el objetivo de incrementar las exportaciones y generar puestos de trabajo. El ministro de Agricultura tuvo la gentileza de recordar que el proyecto nació por iniciativa del sector privado. Fue un contraste con la carta de despedida de su excolega del Ministerio de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que se lo atribuyó al sector público.

Como un hábil esgrimista, político al fin, Domínguez respondió a las preguntas de los diputados opositores Ricardo López Murphy y Rodrigo de Loredo, entre otros, que exigieron definiciones sobre los cupos a las exportaciones, retenciones al trigo y al maíz, los saldos impagos de IVA y la ley de semillas, entre otros temas. Pero fue Alejandro “Topo” Rodríguez, legislador de Consenso Federal, quien si bien expresó su acuerdo a la iniciativa del proyecto de ley agroindustrial, destacó que “no hay confianza en el Poder Ejecutivo” porque hay áreas que no cumplen con las leyes que se aprueban. Y citó como ejemplo, la devolución de una parte de los derechos de exportación a pequeños productores y cooperativas que apenas rigió una campaña agrícola, dispuesta por la ley 27.541. “Apostamos a más y no cumplimos con lo menos; ojalá me esté equivocando”, sostuvo el legislador. Restablecer la confianza, sigue siendo la cuestión.

Por Cristian Mira

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