Una de las industrias más grande en nuestro planeta es la alimentación y la agricultura. En los últimos tiempos los consumidores le demandaron a esa industria que sea más sustentable y, al mismo tiempo, que aumente significativamente su producción. Este escenario impulsó a muchos emprendedores a crear soluciones tecnológicas. Así las AgTech se transformaron en un actor tan nuevo como relevante en el desarrollo de la agroindustria.
Si bien la Argentina aún tiene con un ecosistema AgTech modesto el desarrollo tecnológico, los emprendedores están ayudando a los productores a generar cambios estructurales en el sistema agrícola.
Las políticas de Estado pueden impulsar la aparición de más empresas tecnológicas que logren acortar la brecha entre las demandas de los consumidores y las necesidades de los productores. Un claro ejemplo de la acción del Estado para promover el desarrollo de esta industria (entre otras) es la Ley de Economía del Conocimiento, cuya reglamentación se publicó en el Boletín Oficial el pasado 15 de octubre mediante el Decreto 708/2019.
La ley que entrará en vigencia en enero de 2020 otorgará beneficios fiscales y financieros para empresas que presten servicios basado en el conocimiento (SBC) y es esperable que genere un impacto positivo en aquellos emprendedores que están desarrollando soluciones vinculadas al agro en materia de software, robótica, biotecnología y el desarrollo de drones.
Tal vez uno de los puntos más interesantes de la ley es el incentivo a la mejora constante de las actividades promovidas. Dos de los tres requisitos que deben cumplir las empresas que decidan adecuarse al régimen están vinculados a mejorar la calidad de los productos o servicios: deberán acreditar la realización de mejoras continuas en la calidad de sus servicios, productos y/o procesos, o mediante una norma de calidad reconocida aplicable a sus servicios, productos y/o procesos, o acreditar gastos en Investigación y Desarrollo en un mínimo del 3% de facturación total o en capacitación de los empleados afectados a las actividades promovidas en un mínimo del 8% de la masa salarial total.
El tercer requisito refiere a acreditar exportaciones promovidas al menos en 13% del total de ventas de actividades promovidas. En caso de actividades de servicios profesionales deberán cumplir con un porcentaje de exportación del 70% sobre el total de ventas. Es decir que las actividades de exportación deberían ser su principal.
También resulta interesante el impulso al crecimiento de aquellos emprendedores que están comenzando sus emprendimientos. Aquellas microempresas con antigüedad menor a tres años de actividad que quieran incorporarse al régimen sólo deberán acreditar que desarrollan en el país como actividad principal alguna de las actividades mencionadas como promovidas en esta ley.
Por esta razón, solo con desarrollar algunas de estas actividades podrían aplicar al régimen en los primeros años de actividad, siendo mucho más sencilla su adhesión y alcanzable el goce de los beneficios en etapa inicial. Una vez cumplidos los tres años deberán acreditar los requisitos generales y específicos expuestos previamente.
Beneficios fiscales de la ley del conocimiento
- Reducción de contribuciones patronales por empleado: se estipula que se podrá descontar un monto equivalente al mínimo no imponible previsto en la reforma tributaria para contribuciones patronales por cada empleado. Hoy este mínimo asciende a $ 17.509. Esta reducción resultará aplicable en toda la nómina en relación de dependencia a partir del período fiscal de inscripción en el régimen.
- Bono de Crédito Fiscal: se prevé un bono de crédito fiscal adicional el cual podrá ser utilizado para cancelar Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado. Este incentivo en principio se estipula en 1,6 veces el mínimo no imponible para contribuciones patronales. Hoy estaríamos hablando de $ 45.523,40 por empleado. Por último se incorpora la posibilidad transferir el bono de crédito fiscal por única vez.
- Reducción de la tasa del Impuesto a las Ganancias a un 15%: esto a diferencia del régimen de software se aplicaría sobre el total de actividades tanto promovidas como no promovidas. Por lo tanto este beneficio implicaría una ahorro del 50% sobre el cargo de Impuesto a las Ganancias que tributan las sociedades desde 2018 el cual asciende a una tasa del 30%.
- Tax Credit por Impuesto pagados en el exterior: aquellos que exporten podrán deducir un crédito por los gravámenes análogos efectivamente pagados o retenidos en el exterior, siempre que se trate de ganancias de fuente argentina. Esto optimizará la carga fiscal que suelen sufrir aquellos que exportan servicios a países donde Argentina no posee un Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI).
- Certificado de no retención Impuesto al valor agregado: los beneficiarios no serán sujetos pasibles de retenciones ni percepciones en concepto de impuesto al valor agregado. La AFIP deberá otorgar la constancia de no retención y percepción a partir de la inscripción en el presente régimen.
- Estabilidad Fiscal: los beneficiarios no podrán ver incrementada su carga tributaria total nacional desde su adhesión al Régimen. Esto incluye tasas y aranceles de importación y exportación. Asimismo, este beneficio podrá extenderse a impuestos provinciales dependiendo de la adhesión de cada provincia.
Los informes sobre AgTech publicados durante 2019 marcan que fue un período récord para la industria, que movió a nivel mundial US$16.900 millones en fondos distribuidos en 1450 inversiones. En la Argentina, con ley de Promoción del Software, crecieron y aumentaron los empleos de calidad, muchas empresas invirtieron en capacitación e I+D de su personal y sobre todo dio impulso a lo que es hoy una de las industrias fundamentales en el país.
El desafío actual es que este modelo se replique exitosamente a las otras verticales que conforman las industrias basadas en el conocimiento y que desde el ecosistema AgTech se potencie la producción agroindustrial, industria motor del país.
Según la Organización Mundial del Comercio, los servicios basados en conocimiento crecen tres veces por encima de lo que crece una economía de un país. Por ende, todos los países están jugando una competencia global por esta industria. Ahora tenemos un marco normativo que nos da estabilidad para unir el talento con el sector más estratégico de nuestro país: el campo.
El autor es socio de Barrero & Larroudé