“¿Para qué aumentar?”: disputa entre productores y el gobierno de Córdoba por un impuesto y la ejecución de un fondo
Rurales del norte provincial fustigaron que el Inmobiliario Rural aumentará un 29% en 2026 mientras caerá un 31% lo destinado para obras; la respuesta de las autoridades
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LA NACION Belkis Martínez
El proyecto de presupuesto 2026 de Córdoba generó rechazo y algunos cruces en parte del sector agropecuario provincial. Mientras el gobierno local impulsa una suba del 29% en el Impuesto Inmobiliario Rural, aseguraron que la inversión destinada a la infraestructura y caminos tendrá una reducción importante: el Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA), la herramienta que financia obras y mejoras rurales, sufrirá una caída real del 31% en su asignación. Desde el gobierno cordobés, en tanto, dijeron a LA NACION que “no hay subejecución.
Ayer, desde las Rurales del Arco Noroeste de Córdoba, integradas por Villa Dolores, Cruz del Eje, Deán Funes, Jesús María y Sociedad Rural de Arroyito, entre otras, hicieron una alerta: mencionaron que mientras el mencionado impuesto sube, todo el paquete de programas orientados al agro cae un 33,6% para 2026. En rigor, el Fondo de infraestructura, mantenimiento de caminos primarios y secundarios y seguridad rural sufrirá una caída de 59,1%. El otro programa que tendrá una merma importante es el de ovinos, caprinos y ganado menor, con un desplome del 52,6%. Además las políticas activas para el desarrollo agropecuario tendrá un 27,8% menos.
Alegaron que el presupuesto incluso proyecta para el año próximo un descenso del 16,4% en los aportes al fondo de FDA generados por el propio sector a partir del cobro del Inmobiliario Rural. No obstante, en el informe también se destacó que en 2025 solo se ejecutó el 39,4% del presupuesto del programa FDA: de $217.093 millones asignados, solo se devengaron $85.546 millones. Y, para 2026, en vez de compensar esa deuda de gestión, el Presupuesto del programa FDA propone una reducción que va de los $217.093 millones del 2025 a $196.213 millones para el 2026, cuya variación real es de 31,2%. Según los productores, en 2025 “hubo un excedente que no se usó”.
Eduardo Riera, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, cuestionó que el FDA, financiado por el propio sector, pierde recursos y además se ejecuta mal: “¿Para qué aumentar si no ejecutamos toda la partida?”.
Sobre la denuncia de que no se invierte en tiempo y forma en todas las obras, mencionó: “Lo importante es que esto se trabaje y se ejecute. Somos rápidos para cobrar, pero no para ejecutar. Este impuesto fue cobrado y tiene que llegar pronto al productor”.
En el análisis de los ruralistas, remarcaron que los impuestos como Ingresos Brutos tendrán un aumento del 18,3% nominal y Sellos del 30,5% nominal.
En tanto, Guillermo Vitelli, director de la Sociedad Rural de Córdoba, señaló que se llegó a un acuerdo en una mesa de negociaciones entre productores y el gobierno local. El aumento que acordó con el sector productivo se aplica por el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que daba entre el 29% y 30%, pero que deberá pasar por la Legislatura. El debate será el viernes 12 de diciembre. “Hay una mesa de negociación previa a llevarla al Ejecutivo y luego va al legislativo. Veremos que sale del debate. Nosotros consideramos que es relativamente bueno para el sector, teniendo en cuenta los aumentos reales que hubo en los productos”, dijo.
El Fondo lo administra el Banco de Córdoba. En tanto, el Tribunal de Cuentas cordobés está en manos de la oposición, por eso, dicen, todos los fondos que salen del FDA están debidamente auditados.
“Hay algunas obras [en proceso], que en las explicaciones que nos dan es que estas trascienden los ciclos anuales. Hay obras que exceden el periodo calendario, que se atrasan por distintas cuestiones. Y hay otras que se empiezan en distintos momentos y eso genera un trabajo permanente”, explicó.
Vitelli señaló que Jesús María no está enrolada en las entidades locales, pero valoró el análisis de las otras entidades: “No tenemos un reclamo masivo de los productores y no nos oponemos a los cuestionamientos que lleven a la claridad de la situación”.
Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria de Córdoba, dijo, por su parte, que en el presupuesto hay una baja sensible en todos los impuestos provinciales y se actualizó menos que la inflación. “Vamos a la Legislatura con un impuesto consensuado y firmado por la Mesa de Enlace local. Tuvimos todas las reuniones con los productores. Hay una baja importante en todos los impuestos y una actualización razonable, menor al aumento de los productos agropecuarios, calculada con el IPIM. Además se mantiene el 30% de descuento para contribuyentes cumplidores, más un 5% para quienes validen BPA [Buenas Prácticas Agrícolas] y otro 5% para propietarios", dijo.
Explicó que el fondo se gasta y paga a medida que se hacen las obras, pero dijo que se destina todo. “El fondo siempre va a tener plata porque se va pagando todo a medida que se va trabajando. Lo que se recauda del Impuesto Inmobiliario Rural —el único que se cobra— se gasta íntegramente en el campo. El fondo lo administran en conjunto el sector y el Gobierno, y está auditado por el Tribunal de Cuentas provincial. Es un fondo que se ejecuta totalmente: la plata está para pagar lo que se va realizando. No hay subejecución", afirmó.
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