Por dos años: destacan la prórroga de un decreto que compatibiliza los planes sociales y el trabajo rural
A través de un comunicado, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que se beneficiará a más de 600.000 jornaleros
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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que se prorrogó la compatibilidad de planes sociales con el trabajo rural registrado. A través de un comunicado, la entidad mencionó que esta decisión estará vigente por dos años más, de acuerdo con la normativa vigente, y beneficia a un “sector vulnerable de la economía”.
Se trata de la continuidad del Decreto 514/2021, que compatibiliza los planes sociales con el trabajo rural registrado. Esto, mencionaron en esa cámara, corresponde a “un histórico reclamo de la entidad pyme y que busca favorecer tanto a los trabajadores rurales como a los productores agropecuarios. Además, “resalta la reincorporación de la Tarjeta Alimentar”.
El presidente de CAME, Alfredo González, explicó que de esta manera se beneficiará más de 600.000 jornaleros, quienes podrán ser registrados para trabajos temporarios en todas sus modalidades y en actividades agroindustriales. Según sostuvo, esto se dará “justo en el comienzo del período más intenso de las zafras en diferentes economías regionales”.
“Nuestra entidad es mentora de esta medida que le da la oportunidad a un sector de trabajadores vulnerables de incorporarse al mercado laboral formal”, afirmó. Los jornales son aquellos trabajos que se realizan en distintas plantaciones y en actividades, por caso, que van desde la frutilla, limón y aceitunas. Estos demandan de los trabajadores temporarios.
Desde CAME, además indicaron que solicitaron el pronto tratamiento legislativo del proyecto de ley presentado junto a la senadora nacional Nora del Valle Giménez y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) para que la compatibilización entre trabajo registrado y asistencia social sea por ley.
El decreto 514, publicado en el Boletín Oficial el 14 de agosto del 2020, está destinado a los beneficiarios de programas como Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar quienes producen ser contratados bajo las modalidades de trabajo temporario o trabajo permanente discontinuo sin perder la ayuda social. Estos trabajadores, al finalizar la relación laboral, tienen asegurada la continuidad sin interrupciones de la cobertura de prestaciones de la seguridad social. En esa normativa se desprende que en el ámbito de aplicación personal, aquellas personas que sean contratadas bajo las modalidades de trabajo temporario o trabajo permanente discontinuo, conforme lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley Nº26.727 y su modificatoria, y las que sean contratadas para desarrollar actividades agropecuarias bajo la modalidad establecida en el artículo 96 de la Ley N°20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, tendrán derecho a los beneficios que acuerda el presente Decreto, por el término y conforme los alcances que en este se determinan.
Pablo Vernengo, director ejecutivo de Economías Regionales de la CAME, explicó a LA NACION que en 2021 se generó el proyecto de ley 950, en un año electoral, por lo que iba a tener tratamiento, pero esto no salió. “Por eso salió el DNU, porque con la pandemia los incrementos que tuvieron todas las asignaciones de seguridad social fueron muy altas. En pandemia se incorporó mucha gente que tenía planes, quienes no podían tener trabajados registrados, de esta forma ya tenían compatibilidad de planes”, explicó. Esto sucedió hasta diciembre de 2021 cuando una resolución del Ministerio de Desarrollo Social, firmada por el exministro Juan Zabaleta, le sacó el beneficio de la Tarjeta Alimentar. Entonces, sucedió que los trabajadores no querían trabajar en blanco, sino hacerlo en negro.
“En junio de este año, el Ministerio de Desarrollo Social levantó la medida y permitió tener la Tarjeta Alimentar asociada, por el asistencialismo que podía tener un trabajo afuera”, sostuvo.
El decreto 514 vencía el 31 de este mes. “Con UATRE pedimos que esté la tarjeta alimentar, que se haga el cálculo de cuál es el costo fiscal, porque no afectaba tanto. Ahora por suerte salió el decreto. Esperemos que sirva y se difunda bien y les comenten los beneficios: abarca los planes, el 100% de la asignación familiar, y el trabajo registrado que puedan hacer”, señaló.
El costo de la incidencia de muchas cosechas que se hacen a mano, no se pueden computar como pérdida, por tanto, resumió que ante esta solución gana el sector privado, el Estado y el trabajador.
LA NACION
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